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El ciclo noticioso en Colombia tiene ciertas regularidades que uno termina por esperar de la misma manera que siempre espera un aguacero cuando Cali visita a Millonarios (aunque el cambio climático altere esos planes). Una de las noticias que siempre puede esperarse a comienzos de año es la que reporta las peticiones de útiles escolares por parte de colegios que no son muy pertinentes y que han terminado por ser denominadas con el muy original término ‘útiles inútiles’; un hecho que despierta observaciones por sí mismo como por la respuesta gubernamental sobre el tema.
Con peticiones que van desde rollos de papel higiénico (algo que siempre me ha llamado la atención) hasta machetes, pasando por bolsas de detergente, harina de trigo, traperos y libros escritos por los docentes del colegio y publicados por casas editoriales de su propiedad, resulta claro que la situación se ha salido completamente de control, con implicaciones preocupantes sobre la manera en la que los colegios entienden la función de los útiles escolares. Partiendo de una premisa que entiende el PEI y la organización curricular como ejes fundamentales de la actividad de los colegios, es posible entonces suponer que los útiles escolares son parte importante en la ejecución de ese currículo, lo que inevitablemente nos deja con la pregunta: ¿Como puede encajar el papel higiénico, el detergente o la harina de trigo en un currículo de educación básica? ¿Para que pueden utilizar un machete? Es a todas luces positivo que se involucren libros de texto en el aula, ¿pero es absolutamente necesario que toque usar el libro escrito del docente y publicado por la editorial de su propiedad? El hecho que los colegios utilicen las listas de materiales escolares como listas de compras para obtener suministros o peor aún como negocio, es otra consecuencia de la falta de supervisión y vigilancia a quien abre un colegio, los propósitos para los que es abierto, cómo es administrado y cómo entiende su dimensión pedagógica.
Si bien estas situaciones siempre habían pasado por alto, este año, diera la impresión que ha habido cierto margen de respuesta a esta situación desde el Ministerio de Educación Nacional, que en esta ocasión estableció un mecanismo de respuesta dejando en claro incluso las sanciones a las instituciones involucradas. Sin embargo, en la ronda por los programas radiales de la mañana que suelen hacer los ministros del gabinete en situaciones como esta, la misma ministra Parody terminó por admitir que a fin de cuentas, la labor investigativa sobre estos colegios estaba en manos de las secretarías de educación del nivel departamental y en el peor de los casos, municipal; entidades que no siempre están manejadas por los equipos mas idóneos o siquiera interesados en llevar a cabo dichas labores de inspección y sanción en una situación que termina por poner de manifiesto uno de los problemas estructurales de la institucionalidad educativa en Colombia: la inadecuada distribución de responsabilidades entre el nivel central y regional que al final, termina siendo perjudicial para la calidad educativa del país.
