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Javier Prieto Tristancho – @japritri
Sí, así como lo leen: lo hubiera hecho -como lo hizo el gobierno-, poniéndole la

cara a todos y, además, estando completamente seguro de que tomé la decisión
correcta después de que el Consejo de Estado le redujera la asignación salarial
a los congresistas. Lo haría por dos razones: la primera, la aburrida, de
carácter legal y de finanzas públicas y la segunda, la que los hará sentirse
mal, de carácter gerencial y motivacional.

 

Razón 1 (la aburrida). La ley 4 de 1992, en su artículo 15, establece que las
asignación salarial de funcionarios como Magistrados de altas Cortes, Fiscal,
Procurador, Contralor y otros no pueden superar la asignación que un
congresista perciba mensualmente. Por esta razón no es posible, legalmente, que
los sueldos de los congresistas sean disminuidos en casi ocho millones de
pesos, porque ni a éstos ni a los altos funcionarios nombrados en el artículo
15 de esta ley (y algunos de sus subalternos) se les pueden desmejorar las
condiciones laborales. Como tampoco se las pueden desmejorar a usted o a mí.

 

De esta razón se desprende una consecuencia fiscal importante, la cual es la
inminencia de miles de demandas laborales en contra del Estado que estarían en
un 99 % perdidas por la alteración de las condiciones laborales de los
funcionarios afectados. Estas miles de demandas conllevarían, en unos dos o
tres años, a sendas condenas en contra del Estado y, entonces, el presidente de
turno (si no es el mismo de ahora) culparía de esta pérdida al gobierno Santos.

 

Razón 2 (la que los hará sentirse mal). En este país, aunque muchos no lo creamos,

hay un muchísima gente que gana más que los congresistas: la mayoría de esta
gente se encuentra en equipos de fútbol, cervecerías, firmas de abogados, EPS,
consultoras de riesgos, aseguradoras, Claro, bancos, constructoras, medios de
comunicación, etc., por eso bajarle el salario a estos funcionarios públicos no
va a generar que Colombia deje de ser menos desigual.

 

Sin embargo, ustedes dirán que por lo menos estas empresas son privadas y sus
sueldos no los paga el Estado, lo que es cierto; pero, por esto mismo, si
alguien que tiene un cargo directivo dentro de una empresa privada puede ganar
más de veinte millones de pesos, ¿por qué alguien que tiene como función
principal representar a los ciudadanos frente al Estado no lo puede hacer?
¡Claro! Porque son corruptos, perezosos, ‘ausentistas’, malas personas,
lagartos, convenientes, etc. Pues puede que sí, pero les tengo una mala
noticia: ustedes y yo los elegimos, así que si están allá es porque, de una u
otra forma, nosotros votamos por ellos, así hayamos votado por uno que asiste o
por uno que nunca va; por uno que no nos acordamos o por uno que vemos con
frecuencia o, peor aún, no votamos por ninguno dejando que otros eligieran a
nuestros representantes.

 

Si supiéramos elegir más de 260 congresistas estudiosos (sin necesidad de que sean
profesionales), dedicados, honestos, respetuosos de la ley, conscientes de que
en el Congreso no van a construir vías y por eso no las prometen en campaña; sí
pudiéramos elegir bien, estoy seguro que no nos parecería exagerado que estas
personas se ganaran lo que se ganan, porque tienen la inmensa y para nada fácil
labor de representarnos y defender nuestros derechos.

 

Dije que esta razón tenía tanto carácter gerencial como motivacional, pero no
exclusivamente en el sentido de que al congresista se le debe pagar bien para
que trabaje bien, sino, más bien, en el sentido de que si se le paga bien a una
persona que tenemos la capacidad de elegir, como consecuencia deberíamos elegir
bien, porque lo gerencial de una empresa vincula desde el gerente hasta el
último empleado y porque estas decisiones son las que hacen motivar los
empleados a que tomen las mejores decisiones, en este caso, siendo nosotros los
que ‘empleados’ de Colombia, a que votemos informados.

 

Con respecto a los otros cargos a los que se les restableció el sueldo está, por
ejemplo, el caso del Procurador General quien constitucionalmente (art. 275 y
siguientes) tiene funciones increíblemente complicadas y, adicionalmente, tiene
que cumplir con requisitos personales y profesionales, que hacen del cargo un
verdadero chicharrón para quien lo quiera asumir. Este cargo iba a verse
perjudicado por la disminución del salario de tal forma que el Procurador
General terminaría ganándose -aproximadamente- 14 millones de pesos, que es lo
que se puede ganar un abogado asesor de empresa privada por un concepto que
elabora en una semana (si no cobra muy caro). Sin embargo, llegamos al mismo
punto, ¿quién elige al Procurador? El Senado.

 

Así que todo tiene sentido: la justicia de estos sueldos depende de qué tan bien
sepa usted elegir a quien se los termina embolsillando. Entonces, ¿ya pensó si
quiere que los de siempre se ganen estos millones? O va a votar por alguien que
de verdad se merezca esa platica.

 

Añadidura

 

Después de exponer estas razones (modestamente suficientes) tengo que referirme al papel
que están jugando los medios de comunicación y algunos ‘periodistas’. Como la
mayoría de las veces los medios cometieron -intencionalmente- el error de
desinformar, pues, frente al movimiento social que generó esta noticia, éstos
no corrieron a informar cuál era el fondo del asunto, sino que, por el
contrario, promovieron el contenido viral que rotó por las redes sociales en
estos dos días. El ejemplo específico, el martes en RCN Radio el Presidente del
Consejo de Estado explicó los alcances del fallo, que se les salió de las
manos, y, posteriormente, el Ministro de Hacienda comunicó los fundamentos de
la decisión y ningún periodista la objetó. No obstante, como la noticia fue más
fuerte el miércoles, estos mismos periodistas se comunicaron con el H.S. Camilo
Romero, quien criticó la decisión del Gobierno, pero nunca mencionó el posible
detrimento patrimonial que se ocasionaría de no haberse tomado esta decisión y,
para mi sorpresa, nadie le preguntó por esta circunstancia, por lo cual para la
audiencia quedó la sensación de que el decreto era inconveniente.

 

El mismo reproche se la hago a Gustavo Bolívar, quien publicó sus declaraciones
como “Las infamias de Juan Manuel Santos”, desinformando de una forma populista
a sus lectores sin contextualizar el asunto. Esta es una gran infamia del ‘periodista’
Bolívar; me imagino que Pirry el domingo hará lo propio.

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Son un grupo de jóvenes que dan su visión particular sobre el acontecer político, cultural y social ante todo tratando de generar una reflexión critica.

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