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El mundo aún recuerda el horror de la matanza de 6 millones de judíos a manos de los nazis, los 11,3 millones de negros vendidos como esclavos en el comercio de esclavos a través del Atlántico, los 17 millones vendidos como esclavos en el Medio Oriente, y ha exclamado: ¡Nunca más!. Con este relato comienza el libro Reformulación de la Justicia Social de Darrow Miller, esta introducción enuncia con veracidad que las injusticias que algún día existieron, hoy en día se acentúan y se convierten en peores que en el pasado, y para no ir muy lejos quiero referirme específicamente a la injusticia y drama que los colombianos están padeciendo al ser deportados masivamente de la frontera con Venezuela.
Recordemos que esta crisis no es la primera que se vive entre los hermanos países. Frecuentemente, en su momento Chávez y ahora Maduro han utilizado a Colombia como recurso de distracción política. La última crisis diplomática colombo-venezolana se dio en 2010 cuando en ese entonces los gobiernos de los presidentes Álvaro Uribe de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela rompieron relaciones diplomáticas por la presencia en territorio venezolano de miembros del grupo guerrillero de las FARC y ELN en pruebas presentadas ante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC.
Ya superado ese impasse, ahora una déspota represalia viene por parte del gobierno de Maduro, quien pretende que Unasur designe una “comisión de la verdad” que vaya a Venezuela y constate la supuesta presencia de paramilitares colombianos, el contrabando desde Colombia y la conspiración contra su economía que ‘un pajarito’ le dijo se hace en nuestro país.
Toda esta cortina de humo, pretende invisibilizar la gravísima crisis humanitaria en la frontera, sin desconocer la dimensión que está tomando la llegada de colombianos obligados a dejar el territorio venezolano en las peores condiciones, ya que desde el 21 de agosto de 2015 han salido de Venezuela más de 8.300 colombianos, incluyendo a cerca de 1.000 deportados, de acuerdo con cifras de Migración de Colombia. A este éxodo de injusticia social, se le suma los cientos de denuncias de colombianos que dejaron Venezuela recibidos por la Defensoría del Pueblo de Colombia, por casos de maltrato físico y verbal, desgarradores testimonios de desintegración familiar, destrucción de viviendas, despojo de pertenencias durante los desalojos y retención de documentos. Sumados a las fuentes de la Procuraduría de Colombia que informaron a la prensa que presentarán ante organismos internacionales denuncias sobre abusos sexuales a mujeres colombianas deportadas.
Nadie ha calculado el dramático impacto social, económico, político y cultural que este escalado ultraje traerá a Colombia, siendo una nación en donde hay cerca de seis millones de desplazados y es el segundo país con la mayor crisis humanitaria, después de Siria, según advirtió este año la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Es necesario volver nuestros ojos a la reconstrucción de una cultura de la justicia que se ha sustituido por la (casi universal) cultura de la corrupción y de la violencia. Hago un llamado al Gobierno Colombiano a ser un receptor integral de las necesidades básicas insatisfechas de estos compatriotas que regresan al país que los vio nacer y ayudarlos en este momento de crisis, ya que hablando precisamente de paz en este territorio, debemos exigir con vehemencia, igualmente, la reparación colectiva para todas las víctimas colombianas por parte del estado venezolano que vivieron muchos años en un territorio ajeno que los expulsa sin razón alguna y nosotros, por supuesto, con los brazos abiertos, los recibimos en casa.
