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El poder judicial desde mi punto de vista es de vital importancia para la garantía y protección de los derechos fundamentales, pues es el encargado de determinar cuándo una ley u otra normativa jurídica es o no contraria a la Constitución Política, y los jueces tienen una tarea relevante en un Estado de Derecho que es la administración de justicia. Es por esto, que al momento en que un juez o Magistrado de una Alta Corte dicta sentencia, sus efectos buscan reparar el agravio causado a una de las partes o modificar, derogar o dejar vigente una ley, dependiendo si se hace un control de constitucionalidad.
En muchas ocasiones los fallos no son cumplidos a totalidad, por lo que se piensa que a veces dichas sentencias son un simple papel. No obstante, la Corte Constitucional ha hecho un papel audaz en materia de derechos colectivos, pues no sólo se pronunció acerca de la violación masiva de derechos humanos que se lleva a cabo en Colombia debido al desplazamiento forzado que ha generado el conflicto armado interno, sino que sus alcances fueron más allá de lo previsto, al hacer un seguimiento periódico del cumplimiento de la sentencia por parte del poder ejecutivo y de la sociedad civil.
Han sido pocos los casos en que la Corte Constitucional colombiana ha sido tan enfática en cuanto a presionar al Gobierno para adoptar políticas públicas en materia de derechos colectivos, pues antes del dictamen de la sentencia de tutela T-025 de 2004, había una protección precaria para los desplazados del conflicto armado que son considerados una minoría y son discriminados por la comunidad debido a su situación vulnerable. El hecho de que el Máximo Tribunal haya dictado varios autos de seguimiento y se hayan realizado audiencias públicas, demuestra el interés que tiene esta Corte en erradicar un problema que ha venido desde los años cincuenta cuando Colombia comenzó a padecer ese cáncer que la ha venido matando: la violencia.
El gobierno colombiano tiene muchos problemas que remendar, desde la pobreza, la minería ilegal, la inseguridad en las ciudades, hasta combatir contra las guerrillas de izquierda y el paramilitarismo. Es una agenda que abarca un gran número de dificultades que otros gobiernos de la región no presentan, por ende, pienso que se ha centrado más en la guerra que en los problemas sociales y por ello ha abandonado mucho a su población y es precisamente el caso de las personas desplazadas, a las que se les han negado varios derechos civiles y políticos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales.
El momento en que la Corte Constitucional afirmó que el desplazamiento es una violación a los derechos humanos de estas personas, y no un problema colindante al conflicto armado, se abrió el espectro a la garantía y reconocimiento de que efectivamente estas personas han sufrido, pues los miembros de la guerrilla los han obligado a irse de sus tierras, dejando a un lado su vida y enfrentándose a miles de obstáculos en las ciudades que supuestamente les abrirían sus puertas. Sumado a esto, la falta de ayuda del gobierno y de sus instituciones adscritas, reflejan el arduo camino que le queda a Colombia para salir adelante de su castigo eterno que es la guerra.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la encargada tanto de dictar una sentencia en la que determina la responsabilidad internacional del Estado, como de establecer las reparaciones de éste hacia las víctimas. Tales reparaciones no siempre son de carácter pecuniario, otras son simbólicas y el objetivo general es que haya satisfacción y garantías de no repetición. La Corte establece un plazo razonable para que el Estado cumpla con lo establecido en la sentencia, de ahí que haga un seguimiento detallado posterior al dictamen del fallo, y el Estado al reconocer la competencia de este tribunal y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos se compromete a velar por la garantía de los derechos humanos de sus conciudadanos, ese compromiso radica en emitir informes sobre la situación del país luego de que se ha dictado el fallo, sin embargo, el problema más grande es que muchos Estados no cumplen ya sea porque no tienen los recursos económicos o porque no siempre es fácil cambiar a corto y mediano plazo instituciones corruptas que han generado esa violación a los derechos humanos.
De lo anterior, se concluye que el papel de los tribunales es importante para que se cumpla con la protección a los derechos humanos, pues como se dijo, no es sólo dictar un fallo y seguir con otro y así sucesivamente, sino que la Corte también tiene un deber de vigilar que se cumpla, de lo contrario, estaría haciendo incompleta su tarea y afectaría los principios democráticos establecidos en la Constitucional Política o en su caso, un tratado internacional, que se funda en valores éticos y morales universales.
En la norma material se encuentra definida claramente el derecho que corresponde a las partes y la definicion del Juez se lmita a la declaracion, en sentido amplio de ese derecho o estado juridico preexistinte, por eso en derecho la sentencia no crea derechos sino que los declara por no es exacto que en las providencias del juez se exprese unicamente la voluntad de la ley.
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