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Tras el anuncio del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, la fecha del anunciado plebiscito se acerca a pasos agigantados mientras se polarizan las diferentes posturas de aquellos que votarán por el sí y aquellos que votarán por el no; todas pueden ser respetables si tienen una justificación válida.
Sin embargo, hay un punto que me ha llamado particularmente la atención y es la participación política de las FARC como miembros del Congreso; para el 2018 ellos podrán participar de las elecciones y tendrán mínimo cinco curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Según el Acuerdo final de La Habana, lo anterior se da supuestamente para fomentar la democracia ante los requerimientos de los negociadores de parte de las FARC, quienes siempre pidieron que el Gobierno tuviera en cuenta sus imposiciones: que querían cuanto antes ser parte del Congreso.
El problema que más de un académico ha visto con respecto a este punto del Acuerdo de Paz, es que las FARC tendrán más curules que los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Los representantes de ambas comunidades lucharon por varias décadas para tener voz y voto en la Rama Legislativa y sólo hasta la Constitución del 91 se les incluyó. Ahora miembros de las FARC, que dicen no haber cometido delitos de lesa humanidad, aterrizan fácilmente como padres de la patria y pueden participar en la formación de las leyes de Colombia.
Si bien uno como colombiano anhela la paz desde que tiene uso razón, hay puntos en los que uno objeta ese Acuerdo de Paz. Precisamente, uno de esos puntos es que el Gobierno Nacional sigue discriminando políticamente a las comunidades étnicas, que resultan lamentablemente ser, unas de las principales víctimas del conflicto armado.
Muchos de los representantes de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes han expresado su indignación ante este punto controversial de los Acuerdos de Paz, pero como es costumbre, su voz y opinión simplemente han quedado en el olvido.
Muchos países latinoamericanos, entre ellos Colombia, afirman que ya no hay racismo, que no hay discriminación hacia los pueblos indígenas, lo cual es una mera hipocresía. A pesar de que hace varias décadas se abolieron las leyes de esclavitud, en pleno siglo XXI siguen habiendo atropellos contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Para no ir muy lejos: el ejemplo vivo lo tenemos en la crisis humanitaria que está viviendo el Chocó desde hace años; sólo hasta hace pocos días el Gobierno Nacional se dio cuenta que no habían hospitales, que no había carreteras y tampoco escuelas ; que las precarias leyes de Consulta Previa existentes en el ordenamiento jurídico favorecen a las empresas multinacionales extractoras de recursos naturales y no protegen en lo absoluto a los pueblos indígenas.
Entonces ese discurso rayado del Gobierno en el que siempre va a velar por los derechos de los grupos minoritarios, es simplemente una farsa. Un ejemplo más reciente de esta farsa lo tenemos con el Acuerdo de Paz suscrito donde se discrimina abiertamente a los pueblos indígenas y a las comunidades afrocolombianas.
La lucha de las comunidades étnicas sigue presente, sólo en forma ideal. Los medios de comunicación no muestran sus necesidades, porque tanto éstos como el mismo Estado, esconden las necesidades y derechos de estas personas que habitan en los lugares más recónditos del país. Además, la sociedad elitista colombiana prefiere tenerlos como alusiones mitológicas del Realismo Mágico de García Márquez, y no la realidad que ellos viven.
