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Por: Sebastián Zapata
En días recientes ha vuelto a sonar la posibilidad de que la Capital de la República tenga una segunda vuelta en sus elecciones para la Alcaldía Mayor. Más allá de que tal debate ya se ha dado en varios escenarios y en repetidas ocasiones, sin lugar a dudas y debido al momento neurálgico y crucial por el cual atraviesa la ciudad, de seguro hoy por hoy va tener más relevancia en el panorama político y en la opinión pública.
Y es que si bien el representante electo por Cambio Radical, José Daniel López, es quien esta detrás de afianzar la propuesta en el Congreso, ya han sido varias voces y sectores que han decidido evaluar el asunto. Algo que quizá responde, por un lado, a que se ha ido generando más conciencia acerca de la necesidad imperante de actualizar el modelo administrativo distrital.
Un modelo administrativo que, más allá de la norma de normas: La Constitución Política de Colombia, tiene su corazón en el Decreto Ley 1421 de 1993 o más conocido como el Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual pese a que no puede desmeritarse porque fue útil en su momento y ha ayudado al progreso territorial, resulta en términos de temporalidad obsoleto para una metrópoli del siglo XXI, que genera la cuarta parte el PIB de un país y tiene una población similar a las de naciones enteras como Suiza o Sierra Leona.
Por otra parte, una segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá da cuenta de la oportunidad de tener unos burgomaestres que sean elegidos con sufragios más racionales y pragmáticos-se sabe que las votaciones en primera vuelta suelen ser más pasionales que racionales-. Pero que también obtengan márgenes de legitimidad más amplios, que les permita a los futuros dirigentes contar con mayor gobernabilidad durante su administración. Nunca representará lo mismo triunfar en las urnas con mayorías relativas en una primera vuelta, en la que están presentes varios candidatos; que en una segunda, donde son solo dos en contienda.
Sobre esto último, cabe notar que el impacto de una segunda vuelta en las elecciones distritales cambiaría por mucho el panorama político-social en lo que respecta a la toma de decisiones locales, recuérdese que se está hablando del segundo cargo público en relevancia del país.
De hecho, me atrevería a decir que alcaldes que hicieron administraciones ampliamente criticadas en el pasado, como Samuel Moreno y Gustavo Petro, muy posiblemente no hubiesen llegado al Palacio de Liévano en una segunda contienda en las urnas, ya que fueron electos casi que con su máximo techo electoral. Muestra de esto es que Petro triunfó solo con el 32% de los sufragantes en el año 2011.
Ahora, propuestas de este tipo no están exentas de críticas como, por ejemplo, el costo económico de hacer un segundo llamado a urnas. Sin embargo, es fundamental tener presente el peso geopolítico y las implicaciones que trae la escogencia de los alcaldes en una ciudad que ostenta gran parte del andamiaje político y económico colombiano. No es un secreto que una mala administración distrital repercute negativamente a nivel nacional.
Por el momento es importante que se abra la discusión sobre este tema y, de ser posible, bajo unas condiciones congruentes se le brinde la posibilidad a los bogotanos de tener una segunda vuelta en las elecciones locales en un futuro cercano, ojala fuese para el año 2019. Dado el escenario que se genere dicha ventana de oportunidad se le haría un bien al distrito capital.
Finalmente, y apartándome un poco del tema, valdría la pena hacer la invitación a que los 18 representantes electos por Bogotá esta vez legislen más por y para la ciudad. Que no sea como en anteriores cuatrienios que le dieron más relevancia a lo nacional, olvidando atender las demandas propias del territorio por el que fueron electos.
Todas las mayorías son relativas. Unas más relativas que otras o acaso ¿con qué mayorías ha sido elegido alcalde dos veces el señor Peñalosa? ¿y dos veces Mockus? hay que reflexionar si la propuesta no encierra un ánimo profundamente unanimista y totalitario. ¿Es acaso eso mejor? Habría que pensar, más bien, en cómo forzar a que independientemente de la orientación ideológica del elegido éste esté obligado a que sus programas y ejecutorias de gobierno sirvan al interés general y mejoren las condiciones de vida de la sociedad con la que se obligan. No con un sector, o con desconocimiento del interés general como ocurre con el Transmilenio por la séptima, el metro elevado, la Van der Hammen y así sucesivamente
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