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Por: José Jaime UscáteguiCada vez que se conoce un espeluznante caso de violencia contra un niño, la sociedad colombiana se indigna y se escandaliza. Tan solo los últimos días nos dejaron dos retratos escalofriantes: el de la niña Génesis Rúa, de 9 años de edad, cruelmente asesinada en Fundación (Magdalena), y el del niño Cristo José Contreras, de 5 años, quien es hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander) y estuvo una semana secuestrado por criminales aún sin identificar.
Estas dos historias reflejan la amplia gama de tratos inhumanos a los que son sometidos los niños en Colombia, unos producto de la intolerancia y hasta la depravación sexual y otros circunscritos en la violencia armada que ha consumido al país durante décadas. Está demostrado que nuestros niños no se salvan de ningún fenómeno de violencia y son apetecidos por criminales de todas las pelambres.
Si bien la historia de Cristo José tuvo un desenlace positivo con su liberación, gracias a la oportuna movilización de las autoridades y los medios de comunicación, no podemos olvidar que, según cifras oficiales, este año han desaparecido al menos otros 1.600 menores y muchos de ellos no tendrán la misma fortuna de regresar sanos y salvos a sus hogares. Qué no decir de los más de 20.000 casos que Medicina Legal reporta cada año como presunto delito sexual contra menores, siendo las niñas entre 5 y 13 años de edad las principales víctimas.
¿Qué hacer para enfrentar esta epidemia? No podemos escatimar esfuerzos, necesitamos desde los hogares, escuelas, púlpitos y todos los escenarios posibles encender las alarmas por la protección de nuestros niños. Ninguna persona puede considerarse con el derecho de ser abusador o cómplice de abuso contra un menor. En cualquiera de estos casos, las personas y la comunidad deben estar en condiciones de buscar ayuda, contando para ello con la respuesta efectiva de las entidades públicas, de tal manera que se logre prevenir el daño o se sancione drasticamente a los agresores.
Mal ejemplo ha dado recientemente la Corte Constitucional al sentenciar que los delitos sexuales pueden ser juzgados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Se le olvida al alto tribunal que, con fundamento en nuestra Constitución Nacional (artículo 44), los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro derecho y este tipo de delitos no admiten un tratamiento preferencial en beneficio de los victimarios. Nos aseguraremos de presentar los recursos de ley para evitar semejante esperpento.
Desde el Congreso de la República seguiremos promoviendo medidas como la castración química, la cadena perpetua y otros mecanismos que aseguren castigos ejemplarizantes a los agresores y abusadores de niños. Para que todo esto sea efectivo, debemos pasar de la indignación a la acción y movilizarnos masivamente para rechazar las violencia contra nuestros niños que son sagrados.
Sumémonos a la marcha convocada por diferentes organizaciones de la sociedad civil para el próximo sábado 20 de octubre en varias ciudades del país. En Bogotá la cita es a la 9:00 am en el Parque Nacional, para marchar desde ahí a la Plaza de Bolívar. Llevemos camiseta blanca para reflejar la inocencia de nuestros niños que debe ser salvaguardada.
