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Carla FernandezPor: Carla Viviana Fernández Abril

Si bien es cierto que el presupuesto para educación superior ha venido en aumento, también es cierto que dicho presupuesto se ha destinado en un gran porcentaje para los últimos 16 años en beneficios a la demanda con el incremento de presupuesto para el ICETEX (traducido en becas crédito) y, por otro lado, a la oferta de programas técnicos y tecnológicos con el SENA; sin embargo, el presupuesto de la educación pública superior se ha venido disminuyendo, provocando la lucha que hoy por hoy, como es costumbre, lideran los estudiantes en compañía de algunos maestros exigiendo al gobierno nacional se preste más atención a la educación superior pública universal y gratuita como proclaman sus arengas.

Respecto del SENA, se ha aumentado su oferta total o mayoritariamente financiada, han masificado a bajo costo la educación para el trabajo, ya que esta le sale más económica al Gobierno, además de considerar esta educación para lo más “pobres” y no como un elemento necesario para el desarrollo tecnológico de una sociedad. Resulta que estas carreras en otros países son de suma importancia, ser técnico o tecnólogo en países de Europa no significa: “es que no tuve para pagar educación superior profesional y me tocó estudiar en el SENA”, allá significa aportar al desarrollo tecnológico y ser la mente maestra de los procesos técnicos de una sociedad.

Mientras esto pasa, la universidad pública se cae a pedazos, siendo la autofinanciación (cursos, diplomados y posgrados) el mayor y casi único sustento para el desarrollo de sus actividades; además dichos recursos se destinan al funcionamiento de estas entidades, en detrimento de sus procesos de inversión para su mejora continua. Por otro lado, desde 1993 se han disminuido los aportes estatales por estudiante, a pesar de ello, las universidades públicas han procurado el aumento de la cobertura y la calidad, año tras año con menos presupuesto.

Ahora bien, ¿qué pasa con el programa Ser Pilo Paga?, resulta que los recursos destinados a este programa se están dirigiendo principal y mayoritariamente a la universidad privada, y ¿saben por qué?, por el valor de la matricula que por obvias razones se diferencian de la universidad pública, por ejemplo: para que 1.900 estudiantes ingresen a la universidad de los Andes el Gobierno le gira a esta un monto de 47.000 millones, mientras que para que 1.400 estudiantes ingresen a la universidad Nacional, solo se necesitan 8.000 millones de pesos. ¿notan la diferencia?, y así, se podrían seguir dando datos que respalden la afirmación descrita. Será por algo que directivas de universidad privadas han salido a defender el programa.

Y claro, ¡ser pilo paga! pero ¿será que el Gobierno y los makers de este programa se cuestionado sobre la desigualdad que genera este? Pensemos que los que logran ingresar a este programa, son jóvenes que de alguna manera han podido acceder a educación de calidad en las grandes ciudades, sin embargo, ¿qué pasa con los jóvenes que han tenido que estudiar en condiciones precarias en algunas regiones del país donde siquiera se cuenta con energía eléctrica?, estudios demuestran que quienes ingresan a Ser pilo paga en su mayoría provienen de grandes ciudades del país, mientras que los jóvenes de zonas rurales quedan por fuera del mismo. El gobierno exigiendo “ser pilo” desde política de educación que por años este mismo ha impartido: de baja calidad, desigual, con escaza cobertura en el pasado y en completa desigualdad frente a las grandes ciudades; además de evaluarlos con el mismo sistema que por años promueve la competencia y le dice “brutos” a quienes no logran la mayor nota. ¡descarados! Después se pregunta: ¿por qué no todos son pilos?

De otro lado, resulta que según algunos estudios el acceso a la educación superior sigue siendo desigual, es decir: si se es joven – hombre – sin alguna pertenencia étnica – sin algún tipo de discapacidad – y no pertenencia a sectores precarios o cercanos a la línea de pobreza se tendrá más probabilidad de ingreso y permanencia a la educación superior.

Todo ello muestra grosso modo lo que está pasando con la educación superior en el país; en ese sentido, la exigencia de financiación debe propender por la generación de movilidad social, eficiencia en la prestación del servicio, puesta en marcha el acceso a la educación como un derecho y un bien común bajo principios de universalidad, incondicionalidad, e individualidad: para cada persona, sin importar su condición o sexo. Una educación superior de calidad, cobertura 100% y que genere bienestar.

@Antotwitts

 

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