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En Colombia se puede encontrar la desigualdad social, la falta de oportunidades, y los altos índices de corrupción como causas estructurales de la violencia. Las condiciones de productividad y de ingreso de la población se ha visto coaptadas por la incapacidad gerencial de las instituciones al brinda acceso a la educación, salud, seguridad, justicia, entre otras necesidades básicas.
Según la CEPAL, para el año 2002 el 46% del ingreso lo recibía el 10% de la población con mayores ingresos per cápita. Es decir que el 10% que recibían mayores ingresos de manera individual se quedaban con el 46% del ingreso total del país. Para el año 2015, este 10% paso a recibir el 41% de los ingresos, y en aspectos generales la población recibía el 71% de sus ingresos por conceptos de trabajo, el 4% por ayudas de las instituciones, y el restante 25% por renta, arriendos y pensiones.
Ese mismo año se formuló la seguridad democrática como política que pretendía recuperar el control del territorio, la confianza inversionista, y la cohesión social como pilares en contra de la percepción de un Estado debilitado. En el 2010, la consolidación de la paz acompañó los pilares de competitividad, crecimiento, e igualdad de oportunidades para cumplir el objetivo de prosperidad democrática.
Desde 2002, los planes siempre tuvieron en cuenta disminuir la desigualdad, reducir la pobreza, mejorar el empleo, y aumentar los ingresos como medidas para reducir la inequidad. Sin embargo, la diferencia de estrategias para abordar el problema de inseguridad y violencia, generó división política entre quienes conjuntamente lograron reducir el Coeficiente de Gini desde 0.573 en el 2002 a 0.508 en 2017, la incidencia en pobreza desde 49.7% a 26.9%, y mejorar el ingreso per cápita de 2.355 a 6.301 dólares.
En el país, el problema de inequidad siempre ha estado oculto entre la corrupción, la violencia y los intereses políticos. Mientras en economías desarrolladas se fortalecen los procesos productivos a través de la eficiencia, la innovación, la tecnología, y la competitividad como elementos de desarrollo económico. La incursión de economías inequitativas a los mercados globales ha abierto la brecha social entre quienes tienen la capacidad de competir, y aquellos que no han satisfecho las necesidades básicas en dichas economías.
Mejorar las condiciones
Preparar a Colombia para ser una economía competitiva y con valor agregado en los mercados globales requiere sanear los problemas estructurales que generaron el conflicto, es decir, generar una sinergia de políticas públicas para romper los círculos de pobreza e insatisfacción de necesidades básicas del 17% de la población que vive en pobreza multidimensional. En otras palabras, se requiere un conjunto de políticas públicas que mejoren las condiciones educativas, el acceso a la salud, la formalización del trabajo, y el acceso a los servicios públicos.
Poder llevar a Colombia a romper las estimaciones de crecimiento del FMI del 3.3% y alcanzar un crecimiento por encima del 4%, requiere generar políticas públicas que rompan el impuesto cognitivo que causa la restricción monetaria con la que vive el 26.9% de la población en pobreza monetaria. Esto es que, para poder pensar en crecer, primero hay que subsanar las causas que genera el hambre y la insatisfacción de necesidades básicas sobre los aspectos cognitivos de la población pobre, según resalta el neurocientífico Facundo Manes.
La distribución del ingreso de parte del Gobierno requiere atacar esa restricción presupuestaria que le causa a la población pobre la necesidad de pensar en lo inmediato, y no a largo plazo. Una apuesta de política pública enfocada a mejorar los escenarios para promover la educación para el trabajo, el emprendimiento, y la innovación, es sin duda la estrategia real para empezar a generar acumulación de capital de las clases menos favorecidas, y que a futuro pueda generar movilidad social.
Lograr reducir la inequidad en el país como punto de partida para un crecimiento por encima del 4%, requiere también fortalecer el institucionalismo social hacia una eficiencia en la justicia y en la seguridad. Un reproche social en contra de la corrupción, la extorsión, la delincuencia, la inseguridad, entre otros males sociales, no debe eximir la responsabilidad social de todos los actores verticales de una sociedad inequitativa, y por el contrario debería ejerce más responsabilidad en aquellos que están arriba de la pirámide.
La transformación institucional que está sufriendo el país gracias al fin del enfrentamiento bélico entre el Estado y las FARC, son el pie para continuar una cruzada por reducir la inequidad y las causas estructurales de la violencia. Poder conformar un Plan Nacional de Desarrollo que identifique la legalidad para afrontar los residuos criminales, el narcotráfico y la violencia, es una apuesta noble que se le debe de sumar políticas públicas para crear empresa, empleos, mejorar ingresos, y así poder lograr la equidad como punto de partida para la competitividad económica mundial. #YoApoyoEstePacto.
