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Julian morenoPor: Julián Moreno

Cerca de dos billones de pesos son destinados a las Alcaldías Locales de las 20 localidades de Bogotá anualmente, para que a través de ellas se realice la inversión pública en el territorio. El año pasado, casi medio billón de pesos estaba aún sin ejecutar al mes de noviembre, es decir, que se debían ejecutar estos recursos en menos de 30 días. Estos dineros serían suficientes para hacer el TransmiCable de San Cristóbal y el de Usaquén en El Codito, por ejemplo y a manera de referencia. Podrán imaginarse lo irresponsable que suena eso, pero mirémoslo con detenimiento para entenderlo mejor.

Tal vez de los retos más importantes que tiene la administración pública es lograr la satisfacción de las necesidades de la mayor cantidad posible de personas. Sin embargo, los recursos son limitados y las necesidades muchas. Es fácil imaginar que una ciudad de cerca de 9 millones de habitantes es un desafío que requiere herramientas específicas para lograr ese propósito y la descentralización administrativa, sin duda, es una de ellas.

Son muchos los bogotanos que desconocen el papel que juegan las Alcaldías Locales, quienes cumplen una labor importante de acercamiento al ciudadano y que son el mecanismo de resolver problemas a nivel local de los bogotanos. Tal es la importancia, que manejan el 10% del presupuesto total de Bogotá, por supuesto, distribuido según tamaño de la localidad y de sus necesidades.

Pero estos 2 billones de pesos es un presupuesto mayor a lo que se invierte en temas muy importantes como seguridad (0,4 billones), ambiente (0,4), integración social (1,4) o desarrollo económico (0,1). La responsabilidad del manejo de los recursos locales recae en los alcaldes locales y los ediles que aprueban el presupuesto local año tras año. Sin embargo, con frecuencia estos fondos locales han estado en tela de juicio por procesos amañados de contratación y por la falta de transparencia en la ejecución de los mismos.

El año pasado, casos como las localidades de Chapinero, Bosa, Fontibón, Suba, Los Mártires, Candelaria, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar habían ejecutado a noviembre, en promedio, el 60% de su presupuesto, teniendo apenas 30 días para ejecutar el restante 40%. Lo grave del asunto es que estos recursos deben ser ejecutados si o si antes del 31 de diciembre de ese año, pues es plata que se puede perder y ese es un caso administrativo y fiscal aún más grave.

¿Cuál es entonces la alternativa que tienen los mandatarios locales cuando casi finalizando el año vienen haciendo muy mal la tarea? Sí. Deben ejecutar el presupuesto antes del 31 de diciembre, ese 40% restante lo ejecutan en menos de 30 días a través de unas licitaciones que en su mayoría están viciadas o técnicamente mal soportadas. Por lo tanto, el riesgo de que los bogotanos y las bogotanas pierdan esa plata es alto.

Como consecuencia de lo anterior, es común encontrar en registros de prensa los innumerables casos de alcaldes locales investigados, destituidos e incluso inhabilitados y sancionados. Según la Contraloría Distrital, los actuales alcaldes locales tienen 252 procesos de responsabilidad fiscal y cerca de 910 procesos disciplinarios en la Personería Distrital.

Es cierto, las Alcaldías Locales gozan de una justificada mala fama, y se han convertido en un constante dolor de cabeza de las administraciones de Bogotá. Sin embargo, ante esta problemática, ¿deberíamos cerrar las Alcaldías Locales? ¿Deberíamos volver a concentrar los recursos en la administración central? La respuesta, en mi opinión, es un contundente NO. La descentralización administrativa en Bogotá es el camino, pero lo estamos transitando mal.

Los recursos descentralizados son una enorme oportunidad para crear cultura participativa en las localidades, en los barrios. Es una forma de acercar a la ciudadanía a colaborar en la planeación y ejecución de proyectos de interés. Y también es el mecanismo para que la administración pública sea más cercana a los ciudadanos.

Para fortalecer la descentralización, se debe evitar que los fondos locales de desarrollo sigan siendo cajas negras. Además de la vigilancia y el control de los entes encargados como la Contraloría y Personería, es necesaria la veeduría ciudadana. Modelos de gobierno abierto y el diseño de presupuestos participativos en los que efectivamente haya capacidad de decidir son urgentes.

El buen gobierno es una materia pendiente. Escándalo tras escándalo de corrupción genera un efecto de circulo vicioso, pues la gente pierde credibilidad y esperanza, y cada vez son menos los que eligen, los que vigilan, los que les importa que pasa con sus recursos públicos, etc. Crear un vínculo cercano entre gobierno y ciudadanía es el gran desafío de la descentralización. Durante el gobierno de Enrique Peñalosa, estuvo claro que se le dio la espalda a este importante tema. El reto no es menor, es una oportunidad para fomentar cultura política en una sociedad en la que escasea el interés por lo público y en que cada vez más se arraiga inconvenientemente la desesperanza.

 Twitter: @JulianMorenoB

 

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Son un grupo de jóvenes que dan su visión particular sobre el acontecer político, cultural y social ante todo tratando de generar una reflexión critica.

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1 Comentarios
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  1. fernandovilr

    El problema de las Alcaldía Locales en Bogotá nace desde las Juntas Administradoras Locales. Un espacio que solo sirve para la politiqueria, las malas mañas y la corrupción.

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