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Las ciudades de la región Caribe a lo largo de su historia se han estructurado con distintos planes en pro de su desarrollo; sin embargo, la falta de continuidad de algunos de estos proyectos ha mermado el progreso y la transformación de ciertas ciudades. Los planes, incluidas las políticas públicas que se pretenden realizar, conllevan resultados, siempre y cuando sean ejecutados sin suspensión alguna, indistintamente de quien sea el gobernante de turno y su partido político.
Desafortunadamente, en la normativa colombiana actualmente no existe regla o exigencia en la cual se obligue a los mandatarios a culminar los planes y las obras. Solamente la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (L. 152 de 1994) establece en su artículo tercero los principios, entre ellos la continuidad, tendiente a asegurar la real ejecución de los programas y proyectos que se incluyen en los planes de desarrollo, y exige que las autoridades de planeación propendan porque aquellos tengan cabal culminación. No obstante, al ser mero principio, este no tiene carácter obligatorio, por lo tanto su cumplimiento es nulo.
La no continuidad de distintos proyectos y obras en curso tiene como resultado los numerosos elefantes blancos (construcciones inconclusas, cuya lista es extensa), detrimentos patrimoniales y el estancamiento de nuestras ciudades. Impresiona y decepciona ver como se abandonan proyectos de gran magnitud debido a los cambios de gobiernos, quienes en la mayoría de los casos están sesgados por los egos y limitan el crecimiento de nuestros pueblos.
Al contrario, cuando la continuidad es una prioridad de los gobiernos, las ciudades comienzan a mostrar significativos avances. Tal es el ejemplo de Barranquilla, Montería y Medellín, centros poblacionales en donde han prevalecido los proyectos independientemente de quienes hayan sido los precursores de dichas ideas. Los gobernantes deben tener claro que tanto las políticas públicas, como las obras de infraestructura toman tiempo y cuatro años de periodo constitucional no son suficientes. En ese sentido, es indispensable propender por la culminación de políticas públicas y proyectos realizables que estén en curso, incluso cuando se hayan agotado etapas de estudios previos y factibilidad.
Así estaríamos preservando las arcas públicas y evitando detrimentos patrimoniales. Es claro, que la democracia implica elecciones periódicas de nuevos mandatarios que son escogidos según sus propuestas. En consecuencia, llegarán a cumplirle a sus electores. A pesar de ello, deben primar las condiciones del pueblo, verdaderos beneficiarios de las obras y políticas públicas que ya se vienen desarrollando.
Frenar la discontinuidad es dejar atrás el retroceso generado por cambios abruptos, disputas y egos políticos. Continuidad significa progreso y desarrollo. También eficiencia, ahorro y resultados.
