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Las reservas de hidrocarburos a 6.2 años, la celeridad por cumplir los ODS enfocados al desarrollo sostenible y el sostenimiento de la matriz minero-energética, no pueden sesgarse por discusiones anacrónicas. Racionalizar la toma decisiones contundentes en materia minero-energética y en hidrocarburos permite solucionar la disyuntiva entre continuar financiando el gasto, incentivar la exploración y producción, y mejorar el contrato social con las comunidades en los territorios.
El hecho no es generar dependencia sobre los ingresos por hidrocarburos, ni dañar el medio ambiente con el fracturamiento hidráulico, por el contrario, es poder sostener la matriz minero-energética mientras se potencializan las energías renovables y libres de carbono. Según la CEPAL, mientras países de la región como Chile ofrecen el 24% de energía proveniente de fuentes renovables, Colombia ofrece el 17.9%, es decir que estamos bien en relación con la región, pero existe un amplia ratio por escalar en materia de energías renovables.
La generosidad que nos ofrece el subsuelo nos genera la obligación de producir responsablemente, en especial cuando existen quiebres en la relación con las comunidades en los territorios. La promoción e incentivos en la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, de manera responsable y con sentido técnico en el conocimiento del subsuelo, son puntos claves de desarrollo para el país.
La voluntad en hacer este sector resiliente, empieza a mostrar resultados después de haber sufrido un choque externo por la caída de los precios del petróleo. El BRENT se perfila en promedio de los $65 USD por barril, la Inversión Extranjera Directa en el IT2019 fue de $1.464 USD millones para el sector minero, y el gobierno muestra acuerdos en común con las bancadas de diferentes partidos para sacar iniciativas comunes que le sirvan al país en este punto, como lo es la reforma al Sistema General de Regalías.
A través del Proyecto de Acto Legislativo 365 de 2019 que pretende reformar el artículo 361 de la Constitución Política, se procura aumentar el porcentaje de 11% a 20% de las Asignaciones Directas a los departamentos productores, y realizar ajustes al SGR para que sea más ágil y con mejor calidad en las inversiones. Por ejemplo, sin reforma, el SGR ha tenido avances y en el 1T2019 se aprobaron recursos por $1.4 billones, mientras que en el 1T2018 se aprobaron $0.9 billones, es decir un 48% más de aprobación en recursos para cerrar las brechas regionales.
Poder suplir la demanda de energía, y más aún cuando han entrado al país alrededor de 1.3 millones de venezolanos, requiere entregarle a cada uno su capacidad. Es decir que incentivar a los territorios a explorar y producir de manera responsable no solo afectará la acción colectiva de las comunidades de manera positiva, sino también afectará las finanzas de las entidades territoriales y la posibilidad de realizar inversiones que cierren las brechas de desigualdad, esto a raíz de spillovers de crecimiento que trae el sector.
Es la resiliencia del sector minero-energético la que nos da beneficios en materia desarrollo. Y aunque la necesidad de diversificar la matriz de producción nacional sigue vigente, este sector puede proveer hasta el 1.2% del PIB en el gasto del Gobierno, unos $10.2 billones anuales. Con este dinero se puede financiar infraestructura para el transporte, educación, salud, y el desarrollo en general. Sin embargo, hay un tema importante que se debe suplir: reformar los escenarios de toma decisiones y gobernanza territorial de quienes manejan relaciones con las comunidades.
