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Carlos-Ossa Por: Carlos Ossa Barrera

Hace un tiempo los colombianos conocimos el terrible caso de una niña embera violada por 7 soldados del Ejército Nacional, un hecho perverso que conmocionó a todo un país, por fortuna fue posible capturar a los agresores y hoy están tras las rejas.

Si bien el resultado de esta historia es positivo, en el fondo no lo es. El fiscal Barbosa, por medio de su fiscal delegado, imputó el delito de “Acceso carnal abusivo”, lo cual ha de presumir que dicho acto sexual fue consentido (si, así como lo oye). El delito que se debió imputar fue el de “Acceso carnal violento” con circunstancias de agravación punitiva.

¿Por qué no se hizo? La Fiscalía General de la Nación argumentó que no podía probar que la niña fue obligada o que existiera violencia, como si no fuera posible determinar la falta de consentimiento de una menor de edad contra 7 hombres armados y superiores en musculatura, psiquiatría forense, inspección judicial de la menor, testimonios, etc.

No obstante, el acusador público salió con un argumento interesante y preocupante; resulta que el acceso carnal abusivo (sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años, así sea consentido) y el acceso carnal violento tienen la misma pena. Y un dato curioso para el lector, en Colombia es peor tener sexo consentido con una menor de 14 años que dirigir u organizar turismo sexual en la cual se tengan relaciones carnales con dicha menor de 14 años.

Nuestra justicia se está moviendo más por ánimos que por razones de peso, si bien el fiscal dijo que no había problema ya que la pena era la misma, pues en realidad sí hay problema ya que queda al descubierto la gran ineficiencia del “dueño” de la acción penal del estado. Si no son capaces con esto qué le pasará al resto de la población.

Hay que ser claros. En el año 2018 se presentaron alrededor de 14`000.000 de denuncias de las cuales archivaron 10`453.000 aproximadamente, según la misma Fiscalía, para una víctima es casi imposible lograr el desarchivo de una notis criminis, de modo que la prevalencia de los casos queda en la impunidad.

La cifra de impunidad en nuestra república es hoy cercana al 90 %. Vivimos en un país donde es prácticamente legal cometer delitos de tal manera que propuestas o afirmaciones como que «se estrenará la cadena perpetua” con el caso de los 7 militares son absurdas, además por que no basta con ponerla en la constitución, debe haber una ley que la reglamente.

Por si fuera poco, si no condenan a cadena perpetua sino a 50 años sin rebaja no tengo plena claridad de la utilidad del tiempo que se usó en el Congreso para dicho tema. He de considerar que solo es un “boom” mediático. Por ejemplo, el 7 de julio de este año la directora a nivel nacional del ICBF fue al municipio de Garzón a estudiar el caso de restablecimiento de derechos de una menor de 4 años, quien fue violada por un adulto.

La directora del ICBF fue hasta ese municipio gracias a un plantón de mujeres valerosas que pedían ayuda a gritos del Gobierno Nacional para no dejar impune un caso tan macabro, pero si no hubiera protesta y no hubieran medios de comunicación sería un archivo más.

Si los políticos están realmente comprometidos con las libertades sexuales de los menores deben dar más recursos a la rama judicial, en jueces, fiscales e investigadores judiciales. Deberían trasladar procuradores delegados para asuntos penales, eliminar la figura de interventor del ministerio público y pasarlo a la Fiscalía, deberían dar más recursos para prevención, cárceles y ayuda a las víctimas o potenciales víctimas, en vez de contratos de prestación de servicios absolutamente prescindibles o innecesarios.

@Carlossa_B

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