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Salió barata si tenemos en cuenta que la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con sus últimos fallos, en este tipo de litigios ha mantenido posiciones de respuesta proporcional. En los casos donde existen intereses contradictorios, la opción salomónica se convierte en la decisión sabia pero nunca justa por razones obvias. Lo que es justicia para uno, deja de serlo para el otro. Eso no lo discutía ni Sócrates en sus diálogos.

Con el litigio fronterizo del archipiélago de San Andrés, la papaya se dio al principio y no al final. Desde la parte contraria, el fallo se veía venir a favor de un país experto en demandar ante la Corte Internacional, ya lo había hecho con Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Desde el principio se sabía que Nicaragua tenía todo por ganar, porque llegó con las manos vacías. Colombia, mucho que perder, y con posibilidades reales de haberle ido peor.

Tenemos lo que nos merecemos por ingenuos y mal asesorados. Ese fue el camino que se escogió en 1999 con el gobierno de Andrés Pastrana, quien nombró la comisión asesora para este diferendo y en ese mismo sendero, sin posibilidad de rectificación, lo continuó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2001 cuando aceptó el litigio. ¿Por qué nadie tenía dolor de patria en ese momento? Ahora con el gobierno de Juan Manuel Santos se lamenta una decisión inapelable y se llora de rabia sobre la leche derramada.

La euforia convierte a los colombianos en pescadores con orgullo de nación, indignados y dispuestos a defender una soberanía desconocida. El archipiélago de San Andrés durante años ha estado conformado por islas del olvido colmadas de habitantes que aun ven con insatisfacción al gobierno central por no tener posibilidades decentes de agua potable, educación básica, hospitales y empleo estable. La inequidad y la injusticia social se disimula con un aeropuerto, algunos beneficios tributarios para los dueños de comercios y zonas turísticas que pocos colombianos conocen.

Es muy típico llorar al muerto. Muchos nacionales ahora se acuerdan de San Andrés, de su riqueza, de su gente cuando a lo sumo solo sabían que era un lugar paradisiaco para ir de vacaciones o de viaje de fin de curso. Lo de la soberanía aparte de reconocerse por hechos históricos, geográficos y jurídicos, se defiende con presencia del Estado y de sus políticas públicas respondiendo a las necesidades de la población que representa. Todos critican lo que quedó del archipiélago y afligidos se sorprenden por un fallo de una Corte Internacional cuando ni siquiera diferenciaban entre los cayos y la isla de San Andrés; mucho menos entre la soberanía en disputa.

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Políticos, juristas y comentaristas aprovechan la situación para venderse, resucitando patriotismos descafeinados, buscando protagonismos que se necesitaban hace más de una década y hablando de un “dolor de patria” que solo en el día del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sintieron. ¿Por qué no lo hicieron antes?

Si queremos estar indignados por orgullo al territorio despojado, tendremos primero que hablar del dolor de patria que se siente al regalar el medio ambiente a las multinacionales poderosas para que exploten los recursos naturales del país. Cuando en Colombia la política se asocia con corrupción, la justicia con impunidad y la cultura con violencia no existe dolor de patria; pero ese dolor reaparece cuando falsos nacionalismos disparan argumentos que solo reivindican marcas tricolores sin fondo de respuesta social.

A nadie le gusta que se le metan en la cocina. En nuestro contradictorio parecer nos molesta que nos abra la nevera un país pobre, pero nos hacemos los de la vista gorda cuando lo hace un país rico, o cuando permanentemente la misma clase dirigente y económica de siempre nos acostumbró a esas prácticas de apropiación.

Confundimos San Andrés, las Malvinas, Islas Canarias y Gibraltar. Ahora todos quieren ser raizales, defensores del derecho a la pesca y con “dolor de patria” ven con nostalgia como en la bandera de Colombia el azul se hace más pequeño. Olvidamos que el amarillo, el de la otra riqueza también se destiñe y el rojo sigue primando en cantidades cúbicas. Nuestro dolor de patria es coyuntural y mediático.

Hacemos las cosas al revés, cuando nos toca pelear por algo, lo olvidamos y somos los más diplomáticos del mundo; pero cuando debemos ser diplomáticos, queremos pelear y recuperar con cuchillo entre los dientes lo que hace rato descuidamos. Ese es nuestro dolor de patria: contradictorio pero sobre todo enfermizo, igual que nuestra diplomacia.

Twitter @JavierUrreaC

Dibujo Lucas Agudelo

Nota: La colaboración entre el dibujante y el escritor que se presenta en este blog esta intencionada para producir reflexiones y preguntas desde medios expresivos diferentes. Los temas y las problemáticas son producto de las inquietudes comunes de los autores sin que esto signifique que exista un acuerdo previo sobre el enfoque de cada cual. Los autores se encuentren directamente en este blog como una forma de compartir o confrontar opiniones.



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javierurrea.com | Consultor. Fundador-Presidente de ARCEX Asociación en la Red de Colombianos en el Exterior. Miembro de la Plataforma de la Sociedad Civil Colombiana para las Migraciones. Politólogo y doctorando.

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    Actualizar la democracia para los colombianos en el exterior

    Partamos de la idea que al colombiano en el exterior que no vota, no lo ven, y no lo ven porque no vota. Para poder votar hay que tener la cédula inscrita en los consulados  y quien no la tenga inscrita se queda por fuera de la democracia. ¿Quién se acuerda de los colombianos que tienen los consulados a kilómetros y distancias geográficas? Datos de la Registraduría indican que el potencial electoral es de 838.020 personas que pueden votar en 235 puestos de votación en el mundo. Si hacemos el cálculo sobre aproximadamente 6 millones de colombianos en el exterior deducimos que tan solo el 14% de esos ciudadanos hacen parte del sistema democrático y pueden votar. La gran mayoría se queda por fuera de la democracia. En el siglo XXI la comunidad colombiana en el exterior ha participado en otros procesos distintos a la elección tradicional que se convoca cada cuatro años para elegir congresistas y presidente. También se le ha convocado para participar en el Plebiscito para refrendar los acuerdos de paz y la consulta popular anticorrupción. De allí la importancia de hacer parte de la democracia facilitando el ejercicio del voto. El Estado debe facilitar su inclusión dentro del sistema electoral colombiano, de lo contrario la participación ciudadana estará sometida por lo abstención en cada certamen democrático. Una salida está en actualizar la democracia para combatir la abstención. Se requiere implementar mecanismos digitales que faciliten la participación de la comunidad colombiana en el exterior. La tecnología nos puede permitir superar las barreras que producen una histórica abstención. Veamos cómo es la abstención para la Cámara de Representantes de los Colombianos en el Exterior por periodo legislativo: 76% en 2002-06, 87% en 2006-10, 88% en 2010-14, 92% en 2014-18 y 91% en 2018-2022. Si bien es cierto que para las últimas elecciones de 2018-2022 se presentó un crecimiento significativo de votaciones y de inscripciones de cédulas, los niveles de abstención se siguen manteniendo en niveles preocupantes. Según los históricos electorales proporcionados por la Registraduría para dichas elecciones votó el 9,62% de la población habilitada, es decir que la abstención se mantuvo por encima del 90%. Se propone de manera inicial centrar la implementación de la tecnología blockchain en mecanismos de democracia digital para los colombianos en el exterior. Se trata de retomar las iniciativas de democracia digital para los colombianos en el exterior que se hundieron en la última reforma político electoral de 2017. La comunidad colombiana en el exterior tiene significativas dificultades para acceder al sistema democrático. De más de cinco millones de connacionales por fuera del país, menos del 20% hacen parte del censo electoral porque no tienen su cédula inscrita en sus respectivos consulados; y de ese censo, la abstención está entre el 85% y 90% aproximadamente para las elecciones presidenciales y al Congreso. Con la puesta en marcha de mecanismos de democracia digital con tecnología blockchain se promoverá la transparencia y se superarían las barreras geográficas, de costos y de tiempo, aumentando el censo electoral con la inscripción digital de cédulas y fortaleciendo la participación ciudadana con el voto digital y la firma digital para iniciativas ciudadanas desde el exterior. Sin duda Colombia sería líder mundial para la actualización de la democracia.   Twitter @JavierUrreaC   |   Facebook Javier Urrea

  • Colombia

    Las exigencias de los colombianos en el exterior

    Para nadie es un secreto que la comunidad colombiana residente en el exterior ha estado históricamente invisibilizada e infrarepresentada. Se trata de un gigante dormido que suma las poblaciones de Cali y Medellín juntas y es lo más parecido a un gato negro en un cuarto oscuro: “Está ahí, pero nadie la ve”. Y cuando la quieren ver, solo la tienen en cuenta para sostener la economía nacional con el envío de remesas. ¡Ahí sí cuenta y es importante! ¿Qué ha recibido a cambio la diáspora colombiana? Improvisaciones por parte de los diferentes gobiernos y omisión por parte del Estado que desconoce el hecho migratorio a pesar de las recientes decisiones tomadas a partir de la crisis migratoria con Venezuela. Por ese motivo, la comunidad colombiana en el exterior quiere reivindicar sus derechos para ser reconocida como se merece. Hay cuatro temas que orbitan entre lo urgente y lo importante desde la estructura política para los colombianos en el exterior, lo cual no significa que la interacción y conductas de los migrantes con sus instituciones (el proceso), ni el resultado de ello (la política pública migratoria) sea menos relevante. Aquí se trata de dimensionar la arquitectura o reglas de juego mínimas con las que debería contar los más de cinco millones de colombianos que viven por fuera del país. ¿Cuáles son las cuatro exigencias? 1. Derecho al voto digital con tecnología blockchain. Los colombianos en el exterior solicitan un mejor acceso al sistema democrático. Quien no tiene la cédula inscrita en los consulados no accede a la democracia. Las distancias para muchos colombianos en el exterior hacia los consulados son kilométricas y generan altos costos. Con lo cual la gran mayoría se queda por fuera de las decisiones más importantes del país. Se requiere implementar mecanismos de democracia digital, respaldados con la inscripción digital de cédulas y las iniciativas ciudadanas con firma digital que le permitan al ciudadano superar las barreras geográficas, aumentar el potencial electoral (para tener peso dentro del sistema político) y hacer que la democracia nazca después de las elecciones y no resucite de forma débil cada cuatros años o cada vez que se haga un llamado a las urnas. 2. Superar la crisis de representación dentro del poder legislativo. Hay dos problemas evidentes. Uno en cuanto a la infrarrepresentación desproporcionada que otorga tan solo una curul para la circunscripción internacional, es decir un solo representante para más de cinco millones de colombianos que residen en diferentes países y con realidades y demandas ciudadanas distintas. Se necesita tener varias representaciones en el Congreso y como mínimo recuperar la segunda curul perdida en la pasada reforma política de 2015. El otro problema es que la diáspora no se siente representada con el actual representante Juan David Vélez, quien tomó la curul para promover valores antidemocráticos y usarla como juguete de guerra. 3. Cumplimiento de la Ley 1465 de 2011 o Ley que regula el Sistema Nacional de Migraciones de Colombia. Dicha ley no está reglamentada, dándole a los colombianos en el exterior una boca sin dientes, que poco o nada sirve para cumplir con objetivos prioritarios como la Conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones y la creación del Viceministerio para las Migraciones y el Desarrollo con autonomía y presupuesto propio. Mientras no se reglamente la ley, no habrá peso dentro de la arquitectura institucional. 4. Ser tenidos en cuenta de verdad dentro del Plan Nacional de Desarrollo más conocido como Pacto por Colombia. No puede ser que a los colombianos en el exterior los mencionen de forma superficial y quede a discreción de los gobiernos departamentales la responsabilidad, si lo considera conveniente, de atender las necesidades de la migración en Colombia. Una afirmación de la investigadora en migraciones, Gabriela Cano expresa contundencia en este último punto: “Lo que no aparezca en el Plan Nacional de Desarrollo no existe, debido a que carecerá de destinación presupuestal. El tema migratorio en todo su espectro quedó, de nuevo, por fuera; a pesar de ser bandera presidencial”. ¿Así, o más claro?  

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