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Por la escala que tienen las economías ilícitas en Colombia, y su encadenamiento con las actividades productivas legales es inevitable que, de alguna manera, todos en Colombia terminemos untados. De acuerdo a la UIAF, el lavado de activos representa al menos el 1.5% del PIB colombiano. Un estimativo conservador, según expertos, que equivale a casi 4 veces lo que se recoge por el impuesto al consumo en todo el país, y 3 veces las regalías que genera el sector minero colombiano. Los recursos ilícitos se limpian, ingresan al sistema económico legal y, por sus dimensiones, es simplemente imposible que no llegue de una u otra forma a nosotros.
Sí, lamento decirlo: todos los colombianos estamos empuercados, así no hayamos cometido nunca algo ilegal, ni hayamos robado un peso, trasgredido alguna norma, faltado a misa o dicho una grosería. A nuestro bolsillo, al de nuestras familias, ha llegado alguna vez en nuestra vida mucho más que unos centavos generados en alguna de las múltiples economías ilícitas de Colombia: narcotráfico, extorsión, secuestro, venta de armas, tráfico de personas, apropiación ilícita de tierras, minería ilegal y cuanta peste ha tenido a bien posarse dentro de nuestro territorio patrio.
Para ejemplo un botón. Este es el caso de la que se ha convertido en la reina de las economías criminales: la extracción ilícita de oro, siendo ella la más horrible, la que nos cuesta ríos de agua y de sangre. Refugiada en los juegos de palabras y las justificaciones políticas se le sigue llamando tradicional a la minería que hasta 2006 no produjo nunca más de 15 toneladas de oro al año, y hoy registra casi 45 toneladas (el 87% del oro producido en Colombia). Cada vez son más los jóvenes que se unen a esta economía ilícita que ha logrado encadenarse integralmente con el comercio, la construcción, los servicios y cuanta actividad productiva haya en los municipios donde trabaje. Es por eso que las protestas en municipios donde ha actuado la minería ilegal, sean lideradas por comerciantes y empresarios legales, preocupados por el efecto que tenga combatir la extracción ilícita de minerales para sus negocios. Así las cosas, tarde o temprano, la sangre y el mercurio, llegan a nuestros bolsillos y traerán comida y vestido a los platos de nuestros hijos.
Desafortunadamente estamos ocupados tratando de perfumar la hediondez donde andamos metidos, implementando un nuevo código de policía que sólo conseguirá elevar la pequeña corrupción, y promoviendo un referendo anticorrupción cuya grandilocuencia es inversamente proporcional a los minúsculos cambios que produciría a un costo injustificable. La envergadura del cáncer que está consumiendo a Colombia supera, de lejos, cualquier corrupción que haya visto este país en toda su historia y exige promover emprendimientos lícitos de gran envergadura que, por sus dimensiones, puedan ofrecer una alternativa cierta a la ilegalidad. Pueda que algún día la demagógica política nacional abra las puertas a inversiones en minería y desarrollo agroindustrial a gran escala que esté en capacidad de ganarle el pulso a la ilegalidad para que entonces, quien sabe, ya no estemos untados.
