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Toda hipérbole es recurso del mentiroso: oculta las limitaciones de los argumentos y a partir de una deformación de la verdad, busca que la conmoción reemplace a la razón. Por eso a los políticos les encanta la rimbombancia. Ellos saben el efecto que produce rasgarse indignados las vestiduras para afirmar con voz entrecortada y expresión dramática, que el fallo de la Corte Constitucional que limita a las consultas populares presagia el fin de la democracia y el apocalipsis ambiental. Y tienen porqué preocuparse, porque los únicos que han perdido son ellos, los políticos. En cambio, triunfaron la participación y el medio ambiente.
La sentencia representa el fracaso de esos políticos que encontraron en las consultas populares un esquema efectista para conseguir, con un bajo esfuerzo, triunfos electorales que empujasen su capital político. Los políticos que saben recurrir al miedo y conjugar mentiras y verdades a medias para mover a los votantes hacia las urnas, apuntaron a lo que en nuestra época es lo más sagrado: el agua. No es coincidencia que todos aquellos que han liderado las consultas populares contra la industria extractiva, han aspirado en alguna elección. No hubo en esas consultas un ejercicio de participación ciudadana, sino un simple simulacro que le permitiese a estos políticos fortalecer su capital electoral a costa de los recursos de la educación y la salud de los colombianos.
Como cuando se usa a la religión en la política, las arengas que movilizaban a los votantes en dichas consultas despreciaban a la ciencia. Asuntos que debían ser dirimidos por instituciones ambientales técnicas, científicas, eran puestos a consideración de una población angustiada por discursos disfrazados de preocupación ambiental y social. Las consultas populares iban enterrando, una a una, a las entidades encargadas de evaluar el licenciamiento, y con ellas, destruyendo toda la institucionalidad responsable de la protección del medio ambiente. Es incalculable el daño que hicieron las consultas populares al destruir la poca confianza que quedaba en las autoridades ambientales, responsables finales de fiscalizar y sancionar el abuso sobre los recursos naturales.
A quienes organizaban las consultas populares poco les importaban los cientos de miles de investigaciones científicas que demuestran que la principal amenaza a las fuentes hídricas no es la industria extractiva, sino la agricultura mal hecha. Al final de cuentas los políticos dependen de los latifundistas para sobrevivir. En cambio, el mito del extranjero llevándose en baúles los tesoros de nuestro país, siempre será un recurso más efectivo para concitar la indignación de los votantes, dispuestos a depositar su voto ante la inminente amenaza de la sequía.
Es por esto que, contrario a lo que nos quieren hacer creer, con el fallo de la Corte Constitucional triunfaron la participación y el medio ambiente. Primero porque al morir la amenaza perentoria de los políticos, se obliga a todas las partes a conversar sobre cómo se puede tener un sector extractivo responsable y que le aporte al país. Segundo, porque se tendrá que subordinar estas decisiones a un análisis científico de las autoridades ambientales, y no a la demagogia que poco ha hecho por la protección del medio ambiente del país.
