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La constitución Política de Colombia (1991) describe la educación como un derecho y servicio público obligatorio entre los cinco y quince años de edad que comprende, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. Sin embargo, la población allí inmersa no es inmune a contratiempos en su ciclo vital y en algún momento puede presentar enfermedad.
Una enfermedad puede ser de características agudas o crónicas y sin lugar a duda, en conexión con la formación educativa, tiene una influencia directa en la continuidad de ese proceso porque el tratamiento puede concentrarse en una institución de salud por medio de una hospitalización. De allí la idea de llevar la educación a niños y jóvenes que por una incapacidad médica no pudieran asistir a sus aulas regulares.
Las aulas hospitalarias son un escenario alterno para la formación y la garantía del derecho a la educación, aun cuando muchos piensan que se trata de escuelas para los hijos de los funcionarios de una institución hospitalaria, que es un voluntariado para entretener niños, que no tiene formalidad o que no es oficial para la promoción escolar.
En Colombia el tema no ha sido bien abordado y solo hay una muestra real de interés por parte del gobierno, que se traduce en el decreto 1470 (Min. Educación en 2013) el cual descarga la responsabilidad en las entidades territoriales para garantizar el ingreso o la continuidad en el sistema educativo de la población menor de 18 años que por motivos de exámenes diagnósticos y procedimientos especializados por sospecha de cáncer, o tratamiento, se encuentren en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). A esto lo llamaros: Apoyo Académico Especial.
Pero ese “Apoyo Académico Especial” no puede ser únicamente el reclutamiento de menores de 18 años en unos espacios con sillas y mesas bajo la premisa de garantizar la cobertura de un servicio. La educación como un derecho durante la hospitalización requiere que el Estado tenga una Ley de Nacional de Educación Hospitalaria que permita la integración de actores que den visibilidad a lo que hoy es un trabajo silencioso.
El poco avance de Colombia en esta materia, ha sido en la capital. Nada más en Bogotá existen, según datos de la Secretaria de Educación, 30 aulas hospitalarias, alrededor de 60 educadores y 24 colegios anexos. Lo que parece irónico en este caso es que aunque la ciudad cuenta con todo esto, no hay redes de apoyo que lo secunden. En el resto del país, las aulas -que son pocas- están desvinculadas, no son conocidas por la gente y no tienen acceso a expertos, seminarios o congresos en los que puedan compartir experiencias en pro de fortalecer el derecho de los educandos hospitalarios.
En síntesis, el trabajo colombiano en esta materia está está descentralizado y sus poderes son dispersos. Tenemos un ministerio sin ley -solo con un decreto-, entes territoriales “pedaleando” una responsabilidad, docentes sin red de apoyo y, en el medio de este difícil panorama, niños que viven en medio de dos necesidades: tener un tratamiento oportuno, sin dejar de lado su formación académica.
Algunos han visto con buenos ojos que a la cartera de educación haya llegado Ana Victoria Ángulo, porque ocupó cargo en la Secretaria de Educación de Bogotá (SED) y no es ajena a la iniciativa de las Aulas Hospitalarias. Tal vez ese sea el punto de partida para aspirar a tener avances en un tema donde no existe Dios o Ley.
En países como Argentina desde 1946 se implementó el concepto de aula hospitalaria con el único objetivo de garantizar la continuidad educativa al niño hospitalizado, situación similar a la que adaptaron Chile y Brasil en los años siguientes, convirtiendo esta iniciativa en un tema de política pública.
Colombia por su parte aunque dio sus primeros pasos desde 1972 con la iniciativa del médico Cristobal Sanstoque en la Unidad de Quemados de HOMI – Hospital Fundación Pediátrico, ha tenido un avance netamente en la capital con el apoyo del gobierno local dejando a manos del sector privado y su voluntad financiera la descolarización por situaciones de salud a los demás departamentos.
¿Por qué la educación en Colombia no es un derecho durante la hospitalización?
la atención en salud es caótico no solamente con los niños, estamos ante unas ips que no resuelven nada, los entes de control no tienen competencia para que las eps funcionen como deben funcionar, respetando ha sus afiliados, en muchos casos atienden mejor en el sisben que remitido por una eps, en una palabra lo mejor seria acabar con las eps y reforzar el sisben. Felicitaciones por su columna
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