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Por: Juan Pablo Castro – @JuanPCastro
Y es que pareciera que aún seguimos creyendo que los partidos políticos en este país se manejan como grandes empresas ordenadas que definen sus dinámicas locales en amplias convenciones nacionales en las que se invitan a sus miembros a tomar decisiones democráticas que todos deben acatar.
Es importante entender que la realidad de los partidos políticos en nuestro país es otra. En Colombia tenemos unos partidos políticos sumamente débiles que funcionan según el capricho de algunos barones electorales (nótese bien la distinción deliberada de género) y no precisamente según directivas o decisiones nacionales. La prueba más evidente de esta situación la vivimos día a día en Bogotá.
No tenemos que buscar ejemplos macondianos de las particulares situaciones que se viven en la política tradicional de zonas apartadas del país para evidenciar que las dinámicas políticas locales funcionan como ruedas sueltas de las apuestas nacionales que asumen los partidos políticos.
En Bogotá fuimos testigos de cómo entre el 2008 y el 2011 el Partido de la U y el Polo Democrático Alternativo, cuyas apuestas programáticas parecieran ser completamente contradictorias, terminaron aliados para “co-gobernar” la ciudad. No obstante, la consecuencia de esa coalición de “gobierno” la estamos viendo hoy en las cárceles de la ciudad y en el deterioro de la calidad de vida de todos los bogotanos. Mientras tanto, y al mismo tiempo, en el Congreso de la República representantes del Polo Democrático Alternativo, dentro de ellos el hoy Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, denunciaban a congresistas del Partido de la U y otros partidos por sus nexos con grupos paramilitares desatando una guerra a muerte en la política nacional.
A nivel local como hormiguitas por la repartición del poder en jugosos contratos y cargos burocráticos y a nivel nacional como perros y gatos por la disputa del poder territorial.
Al mismo tiempo, en el 2009, se aprobaba en el Congreso de la República el Acto Legislativo 001, más conocido como reforma política del 2009, en la cual se modificaba la Constitución Política de Colombia para fortalecer y blindar a los partidos políticos en un momento de crisis de representatividad y filtración de grupos ilegales. Esta reforma constitucional buscaba establecer la responsabilidad de los partidos y sus directivas frente a la investigación y la condena de sus militantes elegidos, tanto en corporaciones públicas como en cargos uninominales[1].
Un mensaje equivocado para el país ya que, en el caso de Bogotá, los Concejales que sean encontrados culpables dentro del carrusel de la contratación podrán ser reemplazados por miembros del mismo partido político que los avaló y los eligió ya que no cometieron ninguno de los crímenes mencionados en la reforma. Esto en términos más sencillos quiere decir que los partidos políticos no pierden nada a la hora de elegir políticos corruptos pero por el contrario ganan votos y curules sin mayores repercusiones.
Recordemos que sólo existen dos formas de ser candidatos a cargos de elección popular: 1) Mediante el aval de un partido político con personería jurídica y; 2) mediante un proceso de recolección de firmas. Entonces nacen las siguientes reflexiones: ¿No será importante que los partidos políticos, y con ellos me refiero a sus directivas, respondan por los avales que otorgan? o ¿será que ellos también son víctimas de la cultura de la ilegalidad de algunos políticos que se muestran como ovejas pero que en realidad son lobos feroces y en ese sentido, los partidos, carecen de responsabilidad política? Y por otro lado cabe preguntar ¿quién responde por los avales de aquellos candidatos que salieron electos mediante procesos de recolección de firmas en ausencia de un partido político?
En este momento estamos viviendo una de las crisis institucionales más graves de la historia de Bogotá y el Concejo es uno de los actores con mayor responsabilidad en el desfalco de la ciudad. Hoy en día hay más de 24 concejales y exconcejales salpicados y algunos investigados por las autoridades por vínculos con el carrusel de la contratación. Es necesario recordar que no por estar investigados los podemos considerar culpables pero el manto de la duda no augura muchos inocentes. Uno de ellos, José Juan Rodríguez, ya está en la cárcel La Picota con medida de aseguramiento y otros dos, Orlando Parada y Andrés Camacho Casado, serán imputados en los próximos meses. Otro, Hipólito Moreno (Exconcejal), ya se declaró culpable y es posible que los órganos de control sigan imputando cargos a más concejales.
¿Qué dicen sus partidos políticos? ¿Los partidos políticos debe esperar a que sus electos terminen en la cárcel para ser expulsados? o ¿deben estos tomar medidas preliminares internas para prevenir la filtración de estos personajes en sus filas? ¿Será que para los partidos políticos es más rentable avalar a corruptos con votos y luego expulsarlos en un aparente acto de responsabilidad con la ciudadanía pero finalmente quedarse con los votos que les dan personería jurídica y con curules de bolsillo endosables?
Hay un debate profundo sobre responsabilidades políticas que se debe abrir en la ciudad y los partidos políticos deben responder por decisiones internas que a simple vista no son tan transparentes ni tan evidentes para la ciudadanía. Es importante abrir los ojos y no pensar que las responsabilidades son sólo individuales cuando hay cuerpos colegiados que de una u otra manera promueven conductas delictivas a través de sus avales.
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