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La javeriana Angélica Mayoyo dice que los bajos resultados en la prueba del ICFES (Saber 11) de los colegios de Buenaventura, Tumaco, Quibdó, y en general del Pacífico, tienen que ver también con la corrupción política y la cultura de la ilegalidad que fomenta el narcotráfico.
Por Angélica Mayolo Obregón, estudiante de Derecho de la U. Javeriana, de Cali, y miembro del Programa “100 nuevas plumas en el Bicentenario, 2010-2021”
Analizar los resultados de las pruebas ICFES, actualmente denominadas Saber 11, obtenidos por los alumnos de los planteles educativos de los municipios del litoral pacífico colombiano, es un ejercicio bastante desalentador.
Durante esta primera década del 2000, se evidencian índices de muy baja calidad en gran parte de los planteles educativos, especialmente en los de carácter público. Buenaventura, Tumaco y Quibdó, principales ciudades de esta región del país, de acuerdo con el promedio de sus instituciones educativas, se ubicaron generalmente por debajo de la media nacional.
En 2010, tomando el caso de Buenaventura, de los planteles que inscribieron alumnos, el 34% de estos fueron calificados en la categoría bajo; un elevado 40% en la categoría inferior y tristemente el 6% en muy inferior.
El 12% de las instituciones alcanza el nivel medio, el 7% logra el nivel alto y tan solo una institución educativa de carácter privado logra el nivel superior, equivalente al 1%. Sin que exista ningún plantel calificado como muy superior.
Estos lamentables resultados, reflejan una preocupante y compleja situación de la educación en el pacífico, que obedece a muchas causas.
La primera de ellas, asociada a la corrupción política, dada la mala administración de los recursos públicos destinados a la educación escolar. Esto ha ocasionado que la mayoría de instituciones públicas carezcan de plantas físicas y herramientas idóneas para el desarrollo del proceso cognitivo, el retardo injustificado en el pago de los salarios de los docentes y el nombramiento por razones políticas de algunos que no cuentan con los perfiles.
Otra causa relevante obedece a un factor sociocultural, concretamente a la cultura de ilegalidad que el narcotráfico agudizó en esta región, dados los elevados índices de pobreza, desempleo y necesidades básicas insatisfechas, que obligan a sus habitantes desde temprana edad a buscar el medio para superarlos.
Se crea así en los jóvenes un incentivo por la consecución de dinero fácil, desmotivándoles a encontrar en la educación su instrumento de desarrollo económico y social; causa directa de la deserción escolar y la falta de interés de un número bastante significativo de jóvenes por capacitarse.
Tienen, entonces, los educadores del pacífico un gran reto, conscientes del gran compromiso por educar, deben transmitir conocimientos en medio de una sociedad donde las nuevas generaciones han sido permeadas en gran medida por una cultura de ilegalidad, aunado a las barreras que impone la corrupción política.
Siendo la educación el motor de transformación social, un servicio público esencial para el desarrollo de cualquier Estado, y teniendo en cuenta las necesidades inminentes de generar progreso en el pacífico colombiano, no es claro de qué manera el gobierno nacional y las administraciones municipales pretenden generar desarrollo económico, social y cultural con el bajo nivel educativo registrado.
Es, pues, este un llamado urgente para la ministra de educación, por una región del país que requiere unas políticas educativas concretas, medibles y acordes con su realidad sociocultural cuanto antes, que le permitan al menos equipararse en calidad con el resto del país.
