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El maíz comienza a ser sustituido por frutales. Expertos en Cali, funcionarios locales y productores dicen que sin asistencia técnica y financiera del gobierno los impactos del TLC en el sector rural serán negativos. Serie periodística*
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Por Gina Betancourt, de la redacción del periódico El Norte (del Cauca), de próxima aparición.
Los pequeños productores temen por el impacto del TLC con EE.UU. en el futuro de sus cultivos. Necesitan apoyo del gobierno nacional  en infraestructura y tecnología  para poder competir.
Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, CIENFI,  pronostica que sin fuerte provisión de bienes públicos, el impacto en el sector rural será negativo.
“En la zona urbana, la concentración de la mano de obra es calificada, a diferencia del sector rural, donde los productos carecen de valor agregado”.
Para José Roberto Concha, director del Consultorio de Comercio Exterior de la Universidad Icesi, ICECOMEX, los cultivos colombianos que tienden a perecer son aquellos donde Estados Unidos compite con producciones altamente  tecnificadas a gran escala, como el maíz, la soya y el arroz.
El norte del Cauca es una de las zonas  vulnerables frente a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio.
Maíz, campesino.JPG
En municipios como Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené, los cultivos más representativos para los pequeños y medianos productores son: banano, plátano; frutales como naranja, mandarina, guayaba, limón taití y pajarito; aguacate, cacao; sorgo, yuca, maracuyá, tomate y maíz.
Según Luis Carlos Cajio, licenciado en ciencias agropecuarias, el proceso de comercialización de estos productos se realiza en un 70% en la plaza de mercado de cada municipio y en algunas plazas de Cali. 
El 30% restante se vende en las fincas de los pequeños y a los molineros en el caso del maíz. De estas producciones una mínima parte es comercializada en almacenes de cadena como La 14 y Comfandi.
En  Villa Rica, los ingenios adquirieron el 80% de un total de 7.800 hectáreas de tierra, según el diagnóstico de la Secretaría de Cultura y Desarrollo del municipio.
Solo 454 hectáreas son destinadas a la agricultura tradicional de  pequeños productores. 
205 hectáreas de finca tradicional siembran cacao, limón, naranja, mandarina, guayaba y aguacate, y 118 son cultivos transitorios de productos como el maíz.
GUAYABA.jpg
Rodrigo Abonía, productor de maíz, aboga por una política productiva de acompañamiento para pequeños productores que contribuya con insumos, maquinaria, costos de semilla y manufactura.
Lamenta la ausencia de subsidios para los pequeños productores y resalta la imposibilidad de competir con Estados Unidos en cultivos como el maíz, por calidad y precio.
En Guachené, por ejemplo, en la vereda El Silencio, trabajan 70 hectáreas de maíz, que generan dos cosechas al año e ingresos de 800 mil pesos por tonelada.
Lo crítico, según Abonía, es que el campesino colombiano no está sensibilizado frente a las amenazas que se le presentarán con el tratado.
“Si el cultivo de maíz desaparece, debemos buscar otras alternativas, como la producción de frutales y esperar la ayuda del gobierno”.
Holmes Sánchez, economista de la Universidad del Valle y Jefe del Departamento de Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Occidente, considera las dinámicas de sustitución como una solución para mitigar el impacto del Tratado de Libre Comercio en la economía campesina.
“Es necesario entrar en proceso de asociación y producir bienes que no son transables en el mercado internacional. En el Cauca, productores ya hacen procesos de sustitución: cambian su tradición, se dedican a cosechar frutas que son de calidad y pueden exportarse a países como Ecuador”.
Para Sánchez, el Valle y el norte del Cauca conservan tierras prodigiosas, siendo punto de referencia para inversionistas extranjeros.
De ahí la importancia de construir alianzas con inversores que contribuyan en infraestructura y tecnología para afianzar producciones altamente calificadas, siempre y cuando el gobierno ofrezca seguridad en la zona.
Según Wilmer Banguero, funcionario de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA de Puerto Tejada, los pequeños productores o campesinos no cuentan con  recursos para aumentar la tecnología, infraestructura y productividad que  les permita competir en cantidad, calidad y sortear las diferentes ofertas y demandas del mercado internacional.
Agrega la falta de promoción de agricultura orgánica, aprovechamiento de patios y cultivos, de gestión del crédito oportuno a pequeños productores con bajos intereses y apoyo por parte del Estado.
Sin embargo, aunque para los pequeños productores se predicen efectos negativos, la cara de la moneda giraría si se piensa en función de complementar el mercado y las producciones estadounidenses en vez de competir.
Aprovechar la diversidad del pacífico colombiano en términos de agricultura tropical, con proyectos que transformen la pulpa o fruta con mayor valor agregado, mitigarían los efectos del TLC.
Teniendo en cuenta que Colombia es competitivo en productos como  cacao, limón, naranja, mandarina, guayaba, piña, banano, hortalizas, plátano, productos orgánicos, entre otros.
 
Ricardo Barona, analista económico y financiero, evalúa la ley de víctimas como una iniciativa que podría contribuir al desarrollo productivo y competitivo en el sector agropecuario.
Entregarles las tierras a los campesinos beneficiaría el crecimiento económico del país y le daría ventaja frente a Estados Unidos, siempre y cuando el gobierno garantice una producción de calidad y a gran escala con el apoyo de herramientas, infraestructura y rutas comerciales.
“A pesar de que Colombia está en pañales, se vienen infraestructura, puentes, puertos y podría empezar a competir, para ayudarles a las pequeñas y medianas empresas, pero se necesita tiempo. Colombia debe empezar a trabajar si no quiere salir perdedor”, agrega Barona.
Los resultados del Tratado comercial con EE.UU. son inciertos. Lo único claro es que los verdaderos ganadores serán los consumidores que, en medio de la competencia y desgravación de aranceles, accederán a productos con precios razonables.
* Con este reportaje, comenzamos una serie de publicaciones periodísticas sobre los retos, amenazas y oportunidades de los tratados de libre comercio en regiones con alta población afrocolombiana. 

La serie busca que se oiga la voz de los actores del desarrollo local y regional, en especial por parte del gobierno nacional y sus respuestas, y promover un mayor conocimiento de realidad, reflexiones, ideas e iniciativas en torno al “Desarrollo con bienestar” en estas regiones, en un marco de intensificación del comercio exterior. 

Esta serie se relaciona con una de las tres propuestas que más de 100 profesionales negros hicieran en carta a los candidatos presidenciales en 2010: 

“proveer parte del capital para crear una agencia público-privada de promoción de inversiones, apalancamiento y negocios inclusivos en el Pacífico, que identifique  mercados internos y externos para industrias que utilicen las capacidades disponibles y cualificadas”. 

Al día de hoy, creemos que esa posible agencia debe ocuparse también de algunas subregiones de concentración afrocolombiana en la región caribe.
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La Fundación Color de Colombia fue creada en 2006. Nuestra misión es promover el progreso, el reconocimiento y la integración de la población negra o afro en la sociedad y el desarrollo sostenible. *No estamos repitiendo el discurso convencional sobre la cuestión afro ni haciendo lo mismo.

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