No han podido desarrollar el protagonismo que el marco jurídico les estableció.
“Todo comienza cuando el Estado y sus coasociados logran entender que una Junta Acción Comunal es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, para promover el desarrollo integral”.
El modelo de Estado implementado con la Carta Política de 1991, buscó promover la participación ciudadana fortaleciendo la relación que debe existir entre administración y administrado.
Este cambio trascendente se encaminó a crear un consenso entre el Estado y sus ciudadanos, de tal suerte que éste pudiese tener participación activa en los asuntos que afecten a la comunidad.
El municipio es jurídicamente reconocido como la célula principal de la división político- administrativa del Estado, pues viene siendo a través de este ente territorial que el Estado puede llegar a los coasociados para la satisfacción de sus necesidades básicas.
Sin embargo, una forma de organización más accesible a los ciudadanos, como lo es el municipio, no es lo suficientemente íntima, pues es posible que las necesidades existentes dentro de una municipalidad sean diferentes por diversos factores de tipo económico, social, racial, cultural, etc.
Se creyó, entonces, que las Juntas de Acciones Comunales iban a ser el puente real entre el municipio y la comunidad, y para ello se dispuso un marco normativo que así lo permitiera.
No obstante, lo que se diseñó normativamente no ha podido producir el efecto para el que fue creado.
Las Juntas de Acciones Comunales no han podido desarrollar el protagonismo que el marco jurídico les estableció, pero ello no ha sido por ausencia de interés de parte de la comunidad, sino por la negación de espacios de participación en las decisiones trascendentales que han convertido esta figura jurídica, en solo eso, una “figura”, pero sin una verdadera importancia práctica.
En realidad, las juntas de acciones comunales cumplen una función simbólica, pues no hay espacios de participación, pero que sí son aprovechadas como fortines políticos, a través de quienes solo ven en la comunidad un potencial electoral de quien servirse, pero no personas a las cuales servir.
Lo que reciben las comunidades son imposiciones, decisiones pre diseñadas, que generan caos porque son políticas creadas por quienes no conocen las necesidades reales de la comunidad, lo cual termina redundando en inconformidad, e incluso, afectación del patrimonio público cuando se hacen inversiones innecesarias sobre necesidades mal enfocadas que terminan siendo de provecho solamente para los que les corresponde la ejecución de los contratos.
Un modelo de municipio “ideal” debe ser donde los alcaldes y concejos, gobernadores y diputados trabajen de la mano con las Juntas de Acciones Comunales.
Para ello también es necesario capacitar a los principales actores de la comunidad, los que ejercen liderazgo reconocido y que exista claridad acerca de hacia dónde se dirige el ente territorial.
Al deshabilitar los espacios de participación llaman al caos, a la inestabilidad y a la confusión.
El nuevo concepto de Estado no es el de la arbitrariedad, el de la imposición, sino el de la participación, inclusión, el de la consulta, el de la discusión.
Realmente, no existe un camino distinto a aquel que permita que los diversos actores participen activamente en los espacios que lleven al Estado al cumplimiento de sus fines, como lo es propender por el bienestar general y el servicio a la comunidad.