¿Cumplió el gobierno y qué sigue en la construcción de equidad social para la población afrocolombiana? Cinco retos.
Como es sabido, sociedad civil y congresistas solicitaron al gobierno incluir un Plan de rescate para los 100 municipios más pobres del país y otros programas focalizados.
Planeación Nacional ha sostenido ante la Fundación Color de Colombia que el artículo 200 del Plan de Desarrollo responde a esas demandas.
Este artículo habla de «Planeación y políticas públicas orientadas al cierre de brechas intra e interregionales» y dice que se dará «prioridad a las zonas más rezagadas».
Adicionalmente, aparece el artículo 260, sobre «Política Pública de inclusión Social y productiva», que busca «la superación de la pobreza y la estabilización socioeconómica de la población vulnerable, generando procesos de movilidad social».
Aunque estos artículos no asumen un compromiso específico con la población afrocolombiana, es claro que su implementación puede beneficiarla grandemente.
Este plan «se orientará a garantizar el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la poblaciones afrocolombiana y contendrá medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades de dicha población».
Dado que el Ministerio del Interior, pese a la inestabilidad y fragilidad con la que ha manejado el tema, es fuerte en reconocimiento (junto con el Ministerio de Cultura) y justicia, podría dejar el tópico del desarrollo en el ámbito de los artículos 200 y 260 bajo el liderazgo de Planeación Nacional, DNP.
De hecho, en la estrategia nacional de cierre de brechas e inclusión social y productiva que prometen los artículos 200 y 260 del PND, tiene un rol el «Fondo para el desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico», creado por el artículo 185.
Este fondo enfocará sus inversiones en las «necesidades más urgentes para promover el desarrollo integral del Litoral Pacífico».
Así, visto en conjunto el PND, habría un ‘vaso medio lleno’ en materia de posibilidades para construir equidad hacia la población afrocolombiana en lo que resta de este periodo de gobierno nacional.
Algunos consideran un gran logro el artículo 255, que estableció la «Compensación a territorios colectivos de comunidades negras» en términos del impuesto predial a municipios, a partir de 2017.
Se ha estimado que serán alrededor de 20.000 millones de pesos al año, una suma que no es significativa frente a las inversiones que se requieren para atacar las múltiples inequidades.
El gobierno, ciertamente, quiso sobredimensionar este artículo.
Cinco retos frente al ‘vaso medio lleno’ del cierre de brechas
1) Sumarse. Participar con el nivel requerido en la confluencia nacional que probablemente surja para impulsar la implementación del cierre de brechas (art. 200) y la inclusión social y productiva (art. 260)
Esto implica entender que no solamente la población afro sufre rezago y exclusión, y que entre más interesados en la equidad y la inclusión, mejor.
2) Comprometerse. Apoyar activamente que los candidatos a gobernadores y alcaldes de entidades territoriales sensibles para la población afrocolombiana se comprometan con el cierre de brechas y la inclusión social y productiva en sus programas de gobierno y los planes de desarrollo territorial.
Este compromiso puede significar el «rediseño de programas, el redireccionamiento de recursos o el desarrollo de nuevas intervenciones» (art. 200/PND) hacia los departamentos y municipios más rezagados.
3) Dividir el riesgo. Lograr que el plan intersectorial del «Decenio Internacional de los Afrodescendientes» se relacione con las políticas públicas de cierre de brechas e inclusión social y productiva a cargo de Planeación Nacional.
La debilidad técnica, la alta rotación del personal y el lenguaje auto-referido del Ministerio del Interior en este campo le impedirían liderar la implementación de los tres componentes del ‘Decenio’ (reconocimiento, justicia y desarrollo).
Dejar el componente de desarrollo a cargo de DNP ayudaría a dividir el riesgo.
4) Seguimiento. Consolidar una fuerza de control político y social para hacer seguimiento al gobierno nacional en la ejecución de las políticas públicas de cierre de brechas, inclusión y ‘Decenio afro’.
La alianza por la inclusión afro en el PND, en torno a las 10 propuestas para el progreso afrocolombiano, dejó una experiencia para mejorar.
Esta experiencia involucró a la Fundación Color de Colombia; la Asociación de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente, Amunafro; la Bancada de Congresistas Afrocolombianos y la Alta Consejería de Asuntos Étnicos del Partido Liberal.
5. Fortalecerse. Para poder estar a la altura de los retos de una política nacional por el cierre de brechas y la inclusión, es preciso que la población afrocolombiana tenga una más alta capacidad estratégica de incidencia pública (técnica, mediática, social y política).
El cambio social a favor de esta población pasa por una fuerte intervención del Estado central y territorial, pero el statu quo impide que la sociedad impulse al Estado y el cambio social.
Los recursos que buscan apoyar a la población afrocolombiana en realidad están al servicio de lógicas que no son las de los intereses estratégicos de vasto alcance de la propia población.
Naturalmente, el primer paso es no sucumbir en la atomización y el clientelismo, y ante los temores de moverse frente al statu quo.