Critica el uribismo todo lo que tiene que ver con el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Malo porque sí, malo porque no. Al mismo tiempo que lanza propuestas no realistas para las negociaciones.

La principal queja del partido político con el actual proceso de paz tiene que ver con lo que llaman aplicación de la justicia. Piden cárcel para los guerrilleros por sus crímenes. ¡Paz sin impunidad!, dicen.

Pero al senador Álvaro Uribe Vélez, su grupo legislativo, y a la opinión pública que los sigue se les olvida que fue el mismo expresidente quien en el 2003, en las negociaciones con los paramilitares, alcanzó a elaborar un proyecto de ley de penas alternativas, con el fin de encontrar fórmulas jurídicas para alcanzar la paz.

Dicho proyecto, elaborado por la oficina del comisionado para la paz, en cabeza de Luis Carlos Restrepo, contemplaba suspender la cárcel para los paramilitares y guerrilleros que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, y que habiendo abandonado las armas y confesado sus delitos contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz.

Restrepo aseguró en una entrevista que sin esto no podía haber una negociación efectiva. “El mundo nos pide que exploremos la salida negociada. Estos señores no van a negociar para ir a la cárcel”, aseguró el excomisionado de paz.

Entre las penas alternativas que podían ser impuestas por los jueces a los que se acogieran a esta propuesta estaban:  prohibirles portar armas, acercarse a sus víctimas, salir de una zona determinada, e inhabilitarlos para ejercer cargos públicos o de elección popular por un tiempo determinado.

La ley contemplaba estos beneficios aún para los grupos e individuos que no estuvieran en una negociación de paz. El excomisionado para la paz explicaba que todo esto se hacía para que los jefes de los grupos ilegales abandonaran las armas sin temor a pasar el resto de sus días en la cárcel.

“La paz definitiva es la mejor justicia”, dijo en aquella época Uribe Vélez. Mientras que Restrepo agregaba que “Lo importante no es castigar al victimario, sino reparar a la sociedad y a la víctima. La consecución de la paz la entendemos como la reparación de la sociedad”.

Ese proyecto de ley se cayó muy pronto debido a la protestas de las víctimas, amigos, opositores del gobierno y grupos políticos tanto a nivel interno como externo. Un grupo de congresistas estadounidenses afirmó que se mostraba preocupado porque el gobierno colombiano estuviese “considerando seriamente una palmada en la mano y un cheque de gerencia como sustituto de una justicia real y completa”. Al final del proceso con los paramilitares se aprobó la ley de Justicia y Paz, con todos sus defectos.

Pero el corazón grande de Uribe no solo se dio cuando quiso aplicar penas alternativas a la cárcel sino también durante el proceso de negociación. En los casi tres años que duraron las ‘negociaciones’ entre el Gobierno Uribe y los paramilitares, los comandantes se movilizaban a sus anchas en camionetas último modelo por las carreteras de la zona, sus grandes y costosas fiestas eran amenizadas por conjuntos vallenatos y humoristas, acompañados de prostitutas, y reconocidas modelos y actrices llevadas desde Bogotá, Medellín y Barranquilla, por las cuales pagaban hasta 24 millones de pesos.  El whisky, el ron y el tequila llegaban por cajas para amenizar las rumbas. Pero no todo eran fiestas, también practicaban el ciclismo, el motociclismo, el aeromodelismo y la cacería.

Un corazón muy grande se aplicó durante aquella negociación.