Cómo andará de mal el país en lo que se refiere a la modernización tecnológica, que no bien se hace alarde del mejoramiento de los indicadores en América Latina, se debe reconocer el pobre, casi insignificante, crecimiento de penetración de Internet (18.2%, según un ex – vice – ministro de comunicaciones), para no hablar del grado de desarrollo TIC, que ya se está planteando como indicador sintético frente a la creciente influencia de la Web 2.0.
Carencia de políticas o política de carencias
Hasta el hastío se repite (y lo peor, se cree), que para remediar el atraso, lo que hace falta son políticas, entendidas éstas como un enunciado de buenas intenciones, a lo mejor concertadas, entre el sector público y el empresariado.
Entonces, se crean comisión de notables –en representación de los interesados, es decir, de quienes tienen intereses en el asunto-, para que elaboren, diseñen, planeen y recomienden los términos que debe tener la tal política que termina siendo un documento más o menos comprensible para los profanos según hayan intervenido planificadores, consultores nacionales o internacionales, funcionarios del gobierno, burócratas de vieja o nueva generación, tecnócratas e improvisados pero versados expertos en la materia (no gris).
De lo que por lo general le sigue faltando a esas políticas es tener presente los intereses de la ciudadanía, que es la sociedad real y no esa suma de particularismos egoístas que sólo buscar pelechar su tajada.
Tecnología e institucionalidad
La peregrina tesis de que la alternativa entre Silla Vacía o Constituyente se resuelve metiéndole TIC al asunto, refleja una ignorancia crasa de cómo se está moviendo eso del gobierno electrónico, la democracia digital y la participación a través de Internet.
Falta mucho por investigar los cambios sociales que están induciendo instrumentos tan poderosos y de vertiginosa expansión como las redes sociales, los intercambios autónomos de contenidos y los movimientos culturales basados en las tecnologías de la información y la comunicación.
De ahí que se requiera más profundidad a la hora de analizar las relaciones entre tecnología y las transformaciones políticas, sociales e institucionales que el país reclama para salir de su crisis.
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