No
me refiero al del conjunto albiazul sino al que, con justificado gozo, celebran
los directivos de ETB y de su principal accionista, el Distrito Capital, tras
un largo pleito con la española MoviStar: por una demanda similar, la compañía
bogotana debió pagar a Comcel una jugosa indemnización.
Un mal pleito los pone a ganar
Sobre
cómo evaluar los cargos de interconexión entre operadores de telefonía fija y
celular, los bandazos del organismo regulador han causado muchos y complicados
pleitos.
Tales
procesos caen, por lo general, en manos de abogados (que incluyen desde
insignes ex – magistrados hasta tinterillos de vereda y bufetes de ocasión),
especializados en incisos, literales y parágrafos pero ignorantes en materia
tecnológica.
Las
cifras crecen como espuma al ritmo de tanta demanda, contra-demanda, tutela y
litigio y, con ellas, las comisiones de la tropa de leguleyos, pleiteadores y
árbitros involucrados que se convierten así -y a la final-, en los únicos
ganadores.
Sin la parte sustancial
Por
principio, la normativa profusa, confusa y difusa con que se pretende
«reglamentar» los servicios de comunicaciones, proviene de juristas y no de equipos
de investigación o de expertos en el tema. A lo sumo, se consulta uno que otro
punto de vista «técnico» o «económico», pero nunca el de los abonados que
conformamos, siempre hay que recordarlo, la parte sustancial del mercado.
El
dilema (esgrimido con frecuencia en estos días a propósito del fallo a favor de
ETB que comento aquí), no es entre sector público o privado pues, para el caso,
los operadores de comunicaciones se rigen todos por el régimen comercial entre
particulares, con independencia del porcentaje de acciones en poder del Estado.
Dilema en medio del júbilo
El
dilema es entre unas estructuras (políticas, jurídicas, empresariales y
económicas) inadecuadas y conflictivas y la sociedad (vale decir, los abonados,
clientes o usuarios), desprotegida, que reclama acceso efectivo, servicios de calidad y condiciones idóneas para apropiarse de los avances que brindan las tecnologías informacionales.
Por
eso, al unirnos al alborozo que embarga a la ETB, a los abogados ganadores y al
Gobierno Distrital, es pertinente solicitar a éste que mantenga su participación accionaria -como lo ha sostenido tantas veces- y además recupere el control pleno de la compañía; para así garantizar los derechos ciudadanos en materia de tecnología, información y comunicaciones.