Ninguno de los proyectos de
impulso tecnológico del gobierno nacional tuvo éxito este año. La razón es
simple y categórica: no existe un esquema adecuado para la apropiación y el
desarrollo tecnológico.

Existen, sí, políticas. De las
llamadas políticas «públicas»: de conectividad, gobierno en línea,
comunicaciones, ciencia y tecnología, telecomunicaciones, información y
tecnología, TIC.

Normas numerosas, decretos
detallados, copiosos códigos colmados 
de para-grafos, incisos, numerales, literales. Si se contara por
palabras, la producción nacional sería, sin duda, una de las más nutridas del
planeta. No en vano aquí reina el santanderismo, abundante en discursos
ambiguos que esconden, detrás de su palabrería altisonante,  aviesas intenciones.

De la PILA al RUNT

 No es poco lo que ha incidido el
equívoco manejo de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA en la crítica situación financiera
del sector de la llamada «protección social».

Crece la sospecha de que las transacciones
y el manejo de los recursos no tienen controles adecuados y no hay claridad acerca
de quién debe efectuarlos. ¿El ministerio de protección social? ¿La Super-financiera?
Es evidente que ambos representan y defienden intereses poderosos que, además,
tienen capacidad tecnológica para manejar la información a su antojo.

 Son frecuentes las fallas en los
sistemas de información de los aspirantes a ingresar a la carrera
administrativa, los exámenes de estado y ECAES, la nueva cédula de ciudadanía y
en fin, todos los programas encaminados a utilizar las tecnologías informacionales
en los procesos estatales.

 

El RUNT es otro proyecto
gubernamental detrás del cual se mueven turbios manejos como lo señala el
Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sería lamentable que sus
denuncias cayeran en saco roto.

La culpa es de los zorros

La razón por las que fracasan estos
programas de base tecnológica del Gobierno Nacional está relacionada,
precisamente, con la contradicción entre los intereses a los que quieren servir
y las necesidades ciudadanas de contar con mecanismos confiables, oportunos y
seguros para su interacción con las instancias estatales.

 

Lamentablemente la confianza,
fundamental en esos casos, es lo primero que se deteriora por los malos
manejos, las decisiones incorrectas, los errores «técnicos».

 

Echarle la culpa a la gente (que
nada tiene que ver pues ni diseña, instala u opera los servicios
informacionales), abona aún más la desconfianza.  Pero, del presidente para abajo, no hay si no quejas…contra
los usuarios indefensos, mientras ocultan la irresponsabilidad de altos
funcionarios, de astutos contratistas y poderosos intereses.