Partidaria,
como se ha mostrado la Alcaldía Mayor de Bogotá, de promover la apropiación
social de las TIC, parecería extraña su negativa a seguir patrocinando la
realización del Campus Party en la capital.

Sin
embargo, el debate abierto por esa decisión debería servir para revisar esa
costumbre de encubrir -detrás de una apariencia de «servicio social» u «obra filantrópica» -, algo que no es más que un negocio que busca el lucro mediante la recepción de cuantiosos recursos públicos que, finalmente, van a engrosar las ganancias de sus ejecutores.

Conceptos invertidos

Directivos
de Campus Party aseguran que durante 4 años de operación en el país han «invertido»
$11 mil millones.

Falso. En
primer lugar porque, en vez de ingresar a la economía de la ciudad, esa suma
ha salido del bolsillo de los «campuseros» y de los aportes estatales como
el MinTIC, Sena y, hasta el año pasado, la Alcaldía de Bogotá.

Entre 2008
y 2011 el total de asistentes al Campus
Party en Bogotá no superó las 20 mil personas. Por eso resulta inconcebible
decir que «28 mil bogotanos de escasos recursos» han tenido su primera aproximación
al mundo digital gracias a Campus Party.

Los $250
mil que cuesta la participación en este certamen, además de los gastos de
acampada, alimentación y estancia durante una semana en el recinto de
Corferias, no son una suma que esté al alcance de muchos jóvenes de los barrios y aunque algunos, es cierto, logran conseguir una especie de «beca», el monto de
estas es pagado por el Sena.

Como tampoco
puede decirse que es «inversión» el pago por publicidad que hacen algunas
empresas, las donaciones o los servicios que se descuentan de impuestos, a
cuento de una mal entendida «responsabilidad social», como sucede con
Telefónica emporio que, además tiene la exclusividad del manejo de las
comunicaciones en este evento.

Estrategia colonial

El primer
Campus Party se realizó en el colegio de un pequeño pueblo de la provincia de
Málaga (España), en la Semana Santa de 1997 con 50 muchachos interesados en
intercambiar experiencias sobre juegos en Internet.

Dos años
más tarde fue adoptado por Telefónica y en el 2000 se trasladó a Valencia,
ciudad que dejará de alojarlo debido a las dificultades del gobierno local,
afectado fuertemente por la corrupción, además de la crisis que enfrenta actualmente la
economía española.

Pero allá los
empresarios no adoptaron esa actitud chantajista y hostil que han usado aquí.
Por el contrario, Telefónica aprovechó el retiro de Valencia para tomar
posición en el proyecto de convertir a Barcelona en «capital mundial de las
comunicaciones móviles». Y sanseacabó.

La cercanía
entre la elite española y Telefónica es suficientemente conocida pues, no en
vano, dicha empresa juega como punta de lanza de la re-conquista desde el
franquismo.

Cabe
señalar que la empresa operadora del Campus
Party en Colombia (Futura Networks), presidida por María Consuelo Araujo,
ex-ministra de cultura y ex-canciller del gobierno uribista se ciñe
estrictamente a las políticas y condiciones de la empresa que, supuestamente, es su principal mentora pero que, en realidad, ostenta el poder y toma las decisiones estratégicas: Telefónica.

Tal vez por
eso, además de negar la presencia de ETB y de reclamar al gobierno distrital el
pago por realizar aquí el certamen, recurren a la amenaza contra un gobierno
que está dispuesto a impulsar una auténtica socialización de las tecnologías
informacionales.