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Por lo menos el 3% del PIB deberá destinar el gobierno español para sacar a las entidades financieras de sus dificultades. A la par, se amplìa el
recorte de los presupuestos estatales para educación, salud, ciencia,
investigación y cultura y que aumentan los costos de servicios vitales para el bienestar de la gente.
Ese proceder, común a muchos países en aprietos económicos, señala
cómo las élites están dispuestas a sacrificar el bienestar ciudadano, con tal
de sacar inmunes (e impunes) a los conglomerados financieros de una crisis que
ellos mismos han causado, extendido y profundizado.
De esa manera, ciertas proclamas en favor, aparentemente, del desarrollo
basado en la información y el conocimiento, develan la tarea imposible que enfrentan esas minorías para mantener sus privilegios, sin que les interese a sumir en el atraso a la mayoría de la
población.
Contra el capital humano
Con el flojo argumento de reducir el déficit fiscal, se desatienden
inversiones fundamentales para la formación del capital intelectual
(particularmente en la niñez y la juventud, la población más afectada junto a
los inmigrantes, los trabajadores de bajos ingresos y los pensionados), se
despoja de recursos indispensables a universidades, centros e institutos
públicos de investigación; se desmontan subvenciones, becas y ayudas y se eliminan
programas de innovación, apropiación social y desarrollo tecnológico.
Ya la propia Comisión Europea señaló que, por los recortes en educación que
efectúan muchos de sus países miembros, se podrán incumplir las metas de “reducir
al 10% la tasa de abandono escolar y aumentar al 40% la tasa de diplomados de
aquí a 2020”. En efecto, Portugal con una tasa de abandono escolar del 28,7% y España con el
28,4% más que duplican la media comunitaria del 14,1% de deserción escolar.
Recortes salvajes
Los recortes en ciencia e investigación, que algunos han calificado de
“salvajes”, alcanzan hasta el 25% de lo inicialmente presupuestado: “El sistema español de I+D+i no aguantará otro recorte
presupuestario y muchas universidades y centros de investigación llegarán al
colapso lo que supondría el sacrificio de toda la infraestructura de
investigación que tantos años se ha tardado en construir, y el desperdicio del
talento de muchas generaciones de investigadores”, afirmó una sentida
declaración suscrita por reputadas
asociaciones científicas ibéricas que representan a más de 9 mil investigadores
y a la que se sumaron 22 premios Nobel, jurados del Premio Jaime I.
En los próximos años se perderán incontables trabajos que requieren tiempo
y recursos para entregar resultados: el cierre de laboratorios, la suspensión
de programas y el despido de investigadores dificultará, de esa forma, la
recuperación, la competitividad y la productividad de la economía y representa
una cuantiosa perdida para un modelo de desarrollo basado en el
conocimiento.
La situación también afecta los presupuestos de cultura y arte que cerrarán
60 mil puestos de trabajo en “un nicho de la nueva economía, un
yacimiento de empleo ligado a la actividad innovadora y al cambio de modelo productivo
que tanto necesita España”.
Catástrofe circular
La confianza
ciudadana (que para muchos es lo que define las posibilidades reales de superar
la crisis), parece demasiado resentida debido, precisamente, a que mientras la
población sufre serias restricciones en su vida cotidiana y laboral; los
causantes del problema eluden su responsabilidad…y siguen ganando.
Tampoco induce
a la confianza pública, la reducción de la masa salarial, que cada día pierde
peso dentro del conjunto de la renta nacional. En años anteriores la oferta de crédito
-motivado, en gran medida por la oferta bancaria y de otros intermediarios
financieros-, permitió sostener la capacidad de compra y generar un clima de
optimismo y crecimiento.
Sin embargo, la
crecida de esas deudas terminó por frenar la demanda lo cual, junto a la
disminución del empleo y los salarios de los empleados públicos y las
facilidades al despido en el sector privado, alimenta la incertidumbre y la
desconfianza y acrecienta el descontento entre el grueso de la población.
Así, conviene recordar
a Manuel Castells quien hace 2 años sostuvo la improbabilidad de soluciones que
dejen de explorar la intensificación del trabajo intelectual para incrementar
la productividad de forma que vaya “compaginada con reducción del tiempo de
trabajo, en consonancia con la experiencia histórica. Incremento de productividad
quiere decir inversión en I+D y en mecanismos de transferencia a las empresas;
innovación tecnológica y organizativa del sector público, empezando por sanidad
y enseñanza, agujeros negros de la productividad y bastiones de rutina
burocrática; desarrollo de la cultura emprendedora en las universidades; y
fiscalidad al servicio de la inversión productiva”.
En otros
términos, hay que ponerse, claramente, al lado del capital intelectual si se quiere avanzar en la construcción de la Sociedad del Conocimiento y vencer los escollos que el capital financiero le pone al desarrollo social y humano.
