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Si para
reponerse de un timo los
perjudicados buscan justicia por su propio brazo, podrían incurrir en lo mismo de
quienes auspiciaron la conformación de grupos paramilitares. Ojalá que algo así
no suceda con ciertas reacciones de los “estafados”
por la holding Interbolsa.
Reconocidos
personajes, altos funcionarios de estado, periodistas, abogados políticos
prestantes y auto-prestantes ejecutivos de distinguidas
familias
(como
las de los expresidentes Pastrana,
Mosquera Cháux y Luis Fernando Jaramillo) figuran entre otros que perdieron alrededor
de 350 mil millones de pesos en el Fondo Premium de Curazao.
Muchos de ellos, que podrían
estar incursos como lo señala la propia DIAN en, por lo menos, el delito de evasión y fraude fiscal sino en lavado de
activos y enriquecimiento ilícito. Se calcula que de U$174 entregados por tales personajes a dicho Fondo, “una cifra cercana a los US$90
millones se estaban administrando por fuera del fisco“, sostuvo el director de la DIAN.
Estrategia por 3 flancos
Los estafados, como es apenas obvio, buscan resarcir las pérdidas materiales
mediante una
estrategia jurídica, política y
publicitaria que acusa a las autoridades por su incompetencia
para controlar la especulación y brindar seguridad y confianza a los honestos inversionistas.
Desde luego, se
cuidan de mencionar que esa misma ineptitud les permite a ellos obtener jugosas
ganancias y eludir impuestos mediante colocaciones en fondos del exterior
manejados por sus, hasta hace poco, intermediarios de confianza.
El 14 de noviembre 160
malogrados inversionistas del Fondo Premium se reunieron en el Club
Metropolitan en Bogotá convocados por nada menos que la
actual directora ejecutiva de justicia penal militar Clara Cecilia
Mosquera Paz, hija del fallecido expresidente Víctor Mosquera Chaux y de
Cecilia Paz quien fue vinculada a investigaciones relacionadas con la
financiación de la campaña reeleccionista de Uribe.
Asistente principal a dicha reunión fue el senador Camilo Sánchez Ortega quien, en su
condición de coordinador de ponentes de la reforma tributaria que tramita el
Congreso en la actualidad, manifestó su apoyo a una amnistía -dentro de la
misma reforma-, para los afectados por Interbolsa.
Pero la actuación de Sánchez
Ortega no se limita a introducir una norma que favorezca a sus amigos y
allegados: citó a un debate para acusar la negligencia del gobierno y lanza
duras declaraciones en los medios: la estrategia normativa, política y
publicitaria está en juego y él es uno de los protagonistas.
En varios frentes se lucha
Tres días después de la reunión del Metropolitan, en el salón
comunal del edificio Stephanie con 30 perjudicados se constituyó el Grupo Afectados Premium “GAP” que algunos, con típica sorna bogotana llaman “Grupo de Autodefensas Premium Capital“.
[1]
Los abogados del GAP
(que también figuran entre los afectados por la liquidación de Interbolsa)
admiten que “hay pocas posibilidades de recuperación del
Fondo demandando al Estado“; por lo que recomiendan acciones continuas que lleven
a las autoridades a asumir el problema como propio y darle una solución
“satisfactoria a los perjudicados”.
Control e información
El GAP se propuso adelantar un “trabajo de filigrana” con el fin de identificar a
los responsables (incluyendo a los mismos funcionarios públicos que permitieron
el funcionamiento de los mecanismos evasores sin ningún empacho) de lo que
califican como “robo de nuestro dinero” aunque se dijo qué tipo de medidas tomaran
contra los delincuentes.
Para lo informativo, el GAP cuenta con un sitio Web y excelentes relaciones con periodistas y opinadores que
difunden su versión de los hechos y, de paso, operan como “fuentes confiables y
creíbles” de información que, según les sea conveniente, compartirán (o no) con
las autoridades.
Un ejemplo de la diligencia informativa del GAP es la noticia suministrada
por uno de los afectados en el sentido de que Rachid Maluf “gerente del Fondo Premium, era quien tomaba
las decisiones (y) había sido vendedor
puerta a puerta de pan árabe (…).”
Por contraste, nada se dice sobre el papel que, en su momento, jugaron
actuales funcionarios que antes ocuparon altos cargos en Interbolsa y en cuyas
manos está el control de las actividades financieras, como el actual
superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, el viceministro de
Hacienda, Germán Arce y los delegados para la Supervisión de Riesgos del
Mercado e Integridad, Diego Herrera y su antecesora Diana Valderrama, lo mismo
que el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.
El gran interrogante es si la autodefensa de los estafados por Premium
Capital-Interbolsa, alcanzará para establecer hasta qué punto los actuales
funcionarios contribuyeron al montaje de un mecanismo especulativo, evasor y contrario
a los intereses nacionales o sí, por el contrario, se limitará a mitigar la
estafa en que cayeron de “buena fe”, como en Ralito.
[1] El 20 de noviembre una oficina de abogados de Cali convocó a otra reunión similar,
pero no se conocen los detalles del evento.
