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La existencia probable de yacimientos
petroleros en el Mar Caribe podría haber influido, tanto como la arrogante desidia
de los sucesivos gobiernos colombianos, en la adjudicación de nuevas porciones
de mar territorial a Nicaragua por parte de la Corte Internacional de Justicia
CJI.
A pocos días del fallo que la administración Santos insiste en
desacatar y enaltecido por la victoria obtenida en La Haya, el gobierno de Managua anunció que permitirá a Repsol buscar en una franja contigua a la que desde hace 4 años explora
MKJ Xploration, propiedad del grupo Noble Energy.
Con fianza inversionista
En abril de 2008, cuando inició operaciones en aguas
nicaragüenses, el presidente de MKJ, Eric Conrad, admitió contar con información
suficiente para iniciar los trabajos con un costo inicial de 50 millones de
dólares.
Ahora, como entonces, nadie se pregunta cómo y cuándo se
adelantaron dichos estudios previos. Tampoco se sabe cuál fue la reacción de
Colombia al enterarse de su realización.
Lo
que si se sabe es que un año antes, en abril de 2007, el gobierno colombiano ofreció 13 áreas en la Costa y el norte del mar
Caribe para su exploración por parte de compañías petroleras como parte de su política de atraer, a costa de lo que sea, inversiones
extranjeras.
A mediados del año pasado la Agencia Nacional de Hidrocarburos
de Colombia asignó a la alianza Repsol-Ecopetrol un bloque para
exploración de petróleo en proximidades de San Andrés y Providencia.
La autorización debió aplazarse por la firme decisión de la
población del archipiélago que, en defensa
de los recursos ambientales, reclamó ser consultada.
Ganancia de pescadores
Algo similar ocurrió en la zona adjudicada por
Nicaragua a MKJ Xploration donde la movilización
de las comunidades autóctonas impidió la concesión en 3 ocasiones
anteriores.
Los 8 mil kilómetros cuadrados concedidos a MKJ Xploration
abarcan zonas de abundante pesca donde los indígenas están presentes desde
siempre y cuya posesión ha dado lugar a litigios
fronterizos entre Nicaragua y Colombia y Honduras.
Oilwatch Mesoamerica, entidad que promueve la oposición a la
industria petrolera, denunció en su momento que la autorización
a MKJ Xploration estuvo antecedida por la
entrega de sobornos a autoridades
locales.
Se espera que en pocas semanas el
gobierno colombiano dé a conocer los resultados de los estudios ambientales y técnicos que se adelantaron conjuntamente
con Jamaica en 2 millones y
medio de hectáreas que ambos
países tienen bajo régimen común en el
Caribe.
Berrinches nacionalistas
En medio de la polémica por el fallo de La Haya cabe la
pregunta sobre por qué no fue posible algo similar con Nicaragua. Al responder
hay que tener en cuenta la práctica
habitual de las empresas petroleras de tramitar permisos de exploración
justo en medio de zonas en disputa que, como ha ocurrido en muchos casos, ellas
mismas azuzan.
Los berrinches
nacionalistas de ambas partes sirven a intereses que, detrás de ambas
partes, son los de las mismas poderosas empresas petroleras que consideran suyo
el Mar Caribe (y, de hecho, todas las aguas del mundo) igual a como el imperio
romano consideró el Mediterráneo[1].
Desde una perspectiva que abarque las realidades políticas,
sociales y ambientales del mundo actual, es preciso, como lo señala Oilwatch
entender que: “la presencia de la
actividad petrolera en la región (Caribe) genera y acelera el deterioro
ambiental. Esto profundiza el deterioro
de la calidad de vida de las poblaciones y es una negación del ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
La producción petrolera en nuestros países
no resuelve las necesidades energéticas nacionales, ni implica un flujo financiero importante para el Estado, y mucho
menos para las comunidades locales“.
[1]
El dominio romano llegó a tal, que la denominación latina Mare Nostrum nunca dio paso a lo que, de considerar la presencia de
tantas otras naciones en esas aguas, debió ser, sin distingo, el Mare Noster, de todos y no sólo de los
sucesores de Rómulo y Remo.
