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Por
acatar juiciosamente la Constitución, su programa de gobierno y las tutelas y autos de la Corte Constitucional que ordenan perentoriamente la inclusión de la población recicladora de oficio
en el servicio de aseo de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro podría ser destituido por el
procurador Ordóñez
Así
de sencillo, así de cínico Ordóñez, en vez de cumplir con su deber supremo (que
es el mismo de todos los funcionarios, independiente de su rango y, de hecho de
todos los habitantes de un país), de acatar y asegurar el respeto a la Constitución, las leyes y los actos administrativos legalmente expedidos, se
ha dedicado a perseguir -con saña que algunos comparan a la de la Inquisición-
al gobierno capitalino que sí cumple con
efectividad y capacidad técnica.
El procurador se
lanza furioso contra unas políticas dirigidas a garantizar efectivamente los
derechos a los sectores más pobres, a reducir los riesgos del cambio
climático y a fortalecer la presencia directa del gobierno local en el
suministro de servicios públicos.
El agente público juega en otro equipo:
ese que, conformado por políticos, contratistas e intermediarios corruptos,
periodistas alcahuetes y autoridades pusilánimes, antepone sus intereses
egoístas al bien colectivo.
Trapicheos y privatización
El
esquema vigente hasta el 18 de diciembre del año pasado había demostrado ser
ambientalmente dañino, socialmente injusto y económicamente rentable sólo para
unos influyentes contratistas enriquecidosgracias a su connivencia con
funcionarios venales y a la protección de políticos deshonestos y la prensa
servil.
Para
exterminar hace 20 años la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS, esos
mismos aliados cumplieron un guión elaborado a muchas manos: la prensa oficiosa
dedicó una insistente campaña a mostrar que la EDIS era víctima de la corrupción…de
los sindicatos de trabajadores.
Así,
al tiempo que ocultaron la enorme responsabilidad de los políticos
clientelistas liberales y conservadores que se repartían con avidez milimétrica
puestos y contratos según los dictámenes de elecciones (infectas por la compra
de votos y la violencia contra la oposición), hacían propaganda a un esquema
que entregaba el negocio de recolección de basuras a “empresarios” privados.
Expertos
en trapicheos con los gamonales políticos que tenían asiento en el Concejo (y de
allí dominaban las juntas directiva de las empresas distritales), dichos
empresarios hace rato habían captado una buena oportunidad de hacerse a billones de pesos recogiendo las basuras de la ciudad.
Cuando botar es ganar
Los
sucesivos gerentes de EDIS se dedicaron a recortar las inversiones indispensables para
mantener y mejorar los servicios (así acabaron, por ejemplo con los trolebuses tan
estimados hoy en ciudades donde se garantiza el transporte limpio y a bajo costo), hasta
que un alcalde hábil en componendas (e imagen de hombre probo), le dio la
habitual puñalada trapera.
Aún
están por pagar las consecuencias de la vergonzosa competencia entre empresarios
-de viejo cuño y apariencia renovada- por ver quien atiborra más de basuras
el Relleno Sanitario Doña Juana.
El
derrumbe de ese emplazamiento consolidó, a costas del erario bogotano y la
salud de la población aledaña, un modelo que, favorecido por el consumismo y el
despilfarro, es un grave riesgo para la salubridad pública, la integridad del
territorio y ultraja la dignidad de comunidades enteras que escarban su
subsistencia entre montañas de desechos.
Curiosamente,
“desechables” fue el siniestro término utilizado por esos empresarios (y el
séquito de guardias y tinterillos que siempre los rodea), para referirse a las
personas que recogen los residuos de la basura: esa estela de despojos que tras su
presurosa carrera dejaban los camiones de los “operadores privados”.
Ávidos mercaderes bisoños
Estigmatizada
en la prensa, perseguida por las autoridades, relegada por la justicia terrena
(y por la divina), la población recicladora de oficio se vio enfrentada a un
enorme peligro: el de los nuevos empresarios del “reciclaje”.
Muchas
ciudades del mundo han comprendido desde hace rato que los residuos pueden ser
una fuente de riqueza. Bastaría que la sociedad en su conjunto (incluidas la
dirigencia política, mediática y empresarial), tomara conciencia y actuara en
consecuencia.
Se
trata, en últimas, de reducir el consumo de materiales contaminantes o
difíciles de eliminar; para lo cual los fabricantes y comerciantes coadyuvan
utilizando materias primas “limpias” que las personas preferirán al tiempo que
aminoran el consumo innecesario y reducen la producción de residuos.
Pero,
en particular en Bogotá (donde se obtiene más de la tercera parte de los
residuos aprovechables del país), aparecieron unos bisoños mercaderes que, al
amparo de las empresas “operadoras” de aseo, buscan hacerse a la parte más
jugosa de los residuos apartando a la población recicladora a como diera lugar.
Victorias de los corruptos
La
lucha organizada de los recicladores tuvo eco, por fin, en la Corte
Constitucional que emitió amparo y exigió su inclusión económica, social y
cultural empezando por legitimar su derecho a recoger los residuos.
Las
administraciones anteriores a Petro poco y nada hicieron por cumplir ese
mandato de la Corte Constitucional que intentaron burlar en estrecha
complicidad con los empresarios interesados en seguirse enriqueciendo a costa
de los despojos.
En
los circuitos de consumo (hogares, oficinas, establecimientos comerciales, y
educativos, instituciones y espacios públicos, etc.), el material sobrante se
limpia y separa con diferente destino: material orgánico para su
reaprovechamiento como compostaje y abonos; papel, cartón, vidrio, metales y
demás para su reúso en la industria manufacturera y en la producción de nuevos
elementos, etc.
Al
reducir al mínimo los residuos contaminantes o no reutilizables (de ahí el
nombre “Basura Cero” que tanta
irritación produce en algunos), prolonga la vida de los rellenos existentes,
cubre de riesgos el medio ambiente, las aguas y el clima e impacta
favorablemente la economía popular en la ciudad lo cual, según la procuraduría
afecta “la libre competencia”.
El Auto 275 emitido por la Corte Constitucional en
diciembre de 2011 representa un nítido respaldo a los recicladores. Ordena no
seguir eludiendo su incorporación al servicio en condiciones dignas y
manda acabar con las medidas que los disvcriminan en las licitaciones que en su momento Álvaro Dávila para favorecer a los
poderosos concesionarios del servicio de recolección de basuras.
Dávila,
allegado cercano a la familia Moreno Rojas e íntimo de Jaime Castro(le sirvió
como secretario general, gerente de ETB y consejero durante su alcaldía), se destaca como gestor de negocios dudosos y
contratos en varias administraciones (Jaime Castro, Mockus, Peñalosa, Lucho, Char
y Samuel), lo mismo que por su proximidad a la llamada
“Prensa del carrusel”: un grupo de conocidos periodistas dedicados a ultrajar
al alcalde Gustavo Petro por su defensa del interés público.
Chistes malos
Para
cerrar, algo que podría ser un mal chiste sino fuese por las graves
repercusiones políticas, institucionales, ecológicas y económicas que encierra:
la Corte Constitucional ordenó a la procuraduría hacer seguimiento al
cumplimiento de dicho acuerdo.
La
Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP, instancia del Distrito
responsable del servicio de aseo, presenta un cumplimiento cercano al50 por
ciento de las metas señaladas para 2015 por el plan de inclusión y el programa “Basura
Cero”.
Así
lo señala en la procuraduría el equipo que dirigió hasta hace poco la hija de
Fernando Londoño, copartidario y gurú del Ordóñez que persigue al Alcalde
Petro por cumplir con la Constitución, la Ley y el programa político que
presentó en las votaciones donde fue elegido alcalde de Bogotá.
