La semana pasada, los defensores de los derechos LGBTI en Colombia celebraron que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó con 20 votos a favor y dos en contra el proyecto que busca prohibir las llamadas “terapias de conversión” para ayudar a las personas que desean cambiar su orientación sexual.

Fotografía de referencia. Tomada del Congreso de la República.

 

Las terapias de conversión, aunque invisibles para muchos, han estado en el debate público con casos como el proceso espiritual que tomó el hoy coreógrafo de Presidencia Nerú Martinez para dejar sus prácticas homosexuales, proceso en el cual tuvo acompañamiento por el pastor Andres Corson de la Iglesia el Lugar de Su Presencia.

 

La celebración de la aprobación del proyecto de ley, definitivamente es un golpe para otros. Es un golpe especialmente para las personas LGBTI que voluntariamente quieran acceder a un proceso psicológico o religioso para pasar a la heterosexualidad.

 

Es un golpe también para los defensores de las libertades. Si, tanto para aquellos que decidan ser LGBTI como para aquellos que deseen dejar de serlo como Nerú. Es un golpe a la libertad de cultos, es una afrenta a los profesionales de la psicología, a la academia y a todos aquellos que profesen algo diferente a la ideología de género.

 

Con el concepto de “terapias de conversión” los progresistas engloban un conjunto de formas religiosas o psicológicas que provienen de las corrientes protestantes norteamericanas, y que responden a las cosmovisión evangélica. En muchos casos, especialmente en el pasado, entre los años 1970 y 1990, muchas de estas prácticas eran física, mental y espiritualmente abusivas. (así como también lo fueron otras prácticas de la medicina y la psicología en sus inicios). Sin embargo, este no es el caso de todas las prácticas que se realizan hoy en día.

 

El problema es que el concepto “terapias de conversión” se ha vuelto un arma usada por políticos progresistas y LGBTI para atacar cualquier forma de ayuda religiosa y psicológica a las personas con atracción al mismo sexo, así como para conseguir la aprobación de leyes que las conviertan en ilegales y ganar votos entre las comunidades LGBTI. Los mismos agentes políticos colombianos se amparan en afirmaciones de organizaciones internacionales para dar sustento técnico a sus posturas, entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, entre otras, mismas que han sido influenciadas por el lobby que han hecho activistas y actores de poder a nivel internacional.

 

Leyes como estas en Colombia y otras partes del mundo condenan de forma tan genérica las “terapias de conversión” que convierten en ilegales y punibles por ley incluso el hecho de que un ministro o sacerdote predique la doctrina bíblica sobre la homosexualidad o que un profesor las mencione en una facultad de psicología, un acto insquisitorio que a todas luces contradice los principios liberales de algunos partidos políticos progresistas que votaron a favor.

 

Fernando Vélez, fundador de la Red Provida Latam, en entrevista a ACI Prensa en 2022, explicó que “no hay evidencia alguna de que en Colombia haya algún tipo de institución que promueva la reconversión usando choques eléctricos, torturas o violencia física y psicológica”.

 

“En el caso de que exista algo tan grave, la invitación es a que se emprendan acciones legales en contra de las personas o las instituciones que practicaban este tipo de hechos.  La ley colombiana es explícita en condenar todo tipo de tortura o violencia física contra una persona”, dijo.

 

¿Qué tal si tenemos un debate más justo sobre este proyecto? acaso las personas mayores de 18 años que las toman no están en las condiciones físicas o mentales para decidir si tomarlas o no, así como hoy las hacen las personas que deciden abortar o consumir drogas; que por cierto, es el otro proyecto de ley que progresistas desean aprobar: Legalización del consumo adulto de marihuana.

 

¿Por qué las libertades se defienden cuando conviene y se atacan cuando no? a todas luces la aprobación de esta ley es inconstitucional por la violación a la libertad de pensamiento y expresión que dicta la Constitución Política de Colombia, derechos de todos los colombianos, que con la aprobación de esta ley a favor de una minoría, coartarían los derechos de las mayorías y solo beneficiaría a los políticos oportunistas de la indignación de ciertas minorías.

Primero atacarán nuestras libertades, ¿luego nuestras creencias? ¿nuestros hijos? , a todos los creyentes los invito a orar por nuestra nación y a los democratas a ¡defender las libertades!