Ética y élites progresistas en la universidad pública

Empezando el año en el Congreso de la República se llevó a cabo una audiencia sobre antidemocracia y corrupción en la educación superior pública. En la audiencia se mencionó a la Universidad de Cartagena, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad del Valle por hechos que merecían discusión. 

En los últimos días, salió en los medios de comunicación posibles casos de tráfico de influencias de la Ministra de Minas y Energía, Irene Velez, egresada de la Universidad del Valle, relacionados con: contratos del Gobierno con su esposo Sjoerd Van Grootheest, por aparecer como la encargada de supervisar contratos suscritos entre la universidad del valle y su esposo y finalmente, por la salida de su hijo del país sin los documentos requeridos por Migración Colombia.

Leyendo sobre el tema, me encuentro con un tweet de su padre Hildebrando Velez en defensa de su hija, en donde orgullosamente menciona: “1. Campeona nacional de nado sincronizado. 2. Premio nacional de cuento corto. 3. Mejor ICFES femenino en el pedagógico nacional. 4. Tesis meritoria. 5. Beca Caldas Jóvenes Docentes. 6. Docente titular más joven de Univalle. 7. Beca Fulbright de postdoc”. (Fuente: https://twitter.com/hildevelez1/status/1681318052162605058?s=20) Más allá del cuestionamiento sobre sus credenciales o logros personales (por cierto, objeto de cuestionamientos sobre su idoneidad para la cartera de minas y energía), valdría la pena mencionarle al señor Vélez, que en esta oportunidad se cuestiona a la Ministra sobre su actuar ético y administrativo, en un posible caso de tráfico de influencias.

Podríamos decir que Irene Vélez, con todas estas credenciales, y su padre, parte del movimiento “Soy porque somos” -qué apoyo a la vicepresidente Francia Márquez en su campaña política-, representan a una élite dentro de la universidad pública que se codea con políticos, accede a cargos dentro de la universidad y el Estado y se hacen a las mejores oportunidades. 

Por cierto, soy egresado de universidad pública, la Universidad del Valle, muy orgulloso de mi alma matter y en defensa de su imagen y reputación, invitaría no solo a los miembros de la comunidad de la Universidad del Valle sino a todos los miembros de las universidades públicas en el país a que evaluemos los alcances que se han otorgado estas élites y su forma de usar los recursos públicos en nuestras propias narices. 

Examinémonos no solo desde la lente de la calidad académica, sino también en la calidad ética, en la formación del ser, en los valores, materias que deberían ser obligatorias en la universidad.  

Cuando conjugamos élites con ética, no podríamos dejar de lado el concepto de meritocracia, que según la RAE es: “el sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales”, un concepto a debatir, sobre todo cuando nos preguntamos ¿Quiénes son los que se merecen las oportunidades? ¿los que gracias al trabajo de sus padres pueden acceder a conexiones políticas, contratos, etc… y usarlos a su favor o el de su familia?

Para Michael Sandel, el filósofo americano que ha cuestionado a estas élites académicas de centro-izquierda: “la meritocracia tiene que ver con la actitud ante el éxito. La meritocracia alienta a que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que, por tanto, merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado otorgan a los ganadores.” Quizás sea necesario reevaluar nuestro concepto de meritocracia y quienes son los merecedores de estas oportunidades que da el acceso al Estado, vale la pena reflexionar sobre que está sucediendo al interior de las universidades, no solo públicas sino también las privadas. Que no solo pensemos en la formación académica de los estudiantes sino también en sus éticay valores como ciudadanos y seres humanos.

Ahora pasando del plano conceptual a la práctica podrían proponerse soluciones como: 1) fortalecer los mecanismos de supervisión y control en las universidades públicas y 2) rechazar estas conductas en el estado y la Universidad. Para la primera, esto implica establecer comités de ética, promover la transparencia en la gestión financiera y fomentar una cultura de integridad en toda la comunidad universitaria. Además, se deben establecer canales seguros y confidenciales para denunciar casos de corrupción. Para la segunda, rechazar las conductas en medios de comunicación como redes sociales, prensa y tv y hacerlas de conocimiento público para que haya penalidad en el imaginario social a estas prácticas.

Estamos ante el primer gobierno progresista en Colombia, donde estas élites académicas provenientes de universidad pública han tenido su parte y están dejando mal parados no solo a sus amigos políticos sino a los que NO compartimos sus creencias políticas pero sí coincidimos en haber estudiado en la universidad pública, a todas las comunidades universitarias y aquellos que están haciendo la cola por algún día acceder a las oportunidades que los primeros han gozado. A todos los que sí obran desde la ética y los principios y hacen parte de las comunidades en las universidades públicas los invito a apoderarse y promover estas soluciones.