La violencia de algunos taxistas contra Uber va en aumento. Lo que comenzó con persecuciones, amenazas, pasajeros insultados y obligados a descender de estos vehículos, llegó la semana pasada al punto de incinerar un carro en Bogotá que suponían que prestaba servicio para esta plataforma, acto que fue calificado por las autoridades locales como de terrorismo.
Aunque UBER no ha sido legalizado, la salida no es tomar la justicia por mano propia con el riesgo de que termine en hechos de muerte. Urge que se dicten medidas de regularización, porque, aunque este servicio sea el favorito de muchos ciudadanos, “quien preste un servicio que no esté dentro del marco normativo colombiano se considera como un servicio ilegal y ahí caben las plataformas digitales que quieren sustituir a las empresas de transporte”, como manifestó Alejandro Maya, viceministro de Transporte.
UBER comenzó a operar en Colombia en 2013 y esta es la hora que ni el Ejecutivo ni el Legislativo regulan esta plataforma, a pesar de que ya existe un Proyecto de Ley de Iniciativa Ciudadana en ese sentido. ¿Por qué la tardanza?
Lo que tenemos es que UBER opera en el limbo, pues, aunque su operación es considerada ilegal, se hace poco o nada para regular su servicio.
Además, desactivar Uber en Colombia, o bloquearla, no sería legal, pues la Ley 1341 de 2009 obliga a respetar el principio de neutralidad tecnológica. Y es que desactivar esta plataforma tecnológica enviaría un claro mensaje negativo para otras empresas digitales de diversos sectores frente a las garantías que tendrían para incursionar en el mercado colombiano.
El problema no es tanto el tecnológico, sino que UBER no cumple con los requisitos para el transporte público de pasajeros, como los que se les exigen a los taxis.
Esta situación en Colombia se registra también en casi toda América Latina. La constante han sido las protestas y los enfrentamientos de los taxistas de Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina contra los conductores de UBER por considerar que se trata de competencia desleal. La única excepción es Ciudad de México, donde el servicio está regulado desde 2015.
En la capital mexicana, una de las ciudades más pobladas del mundo, se crearon varias condiciones para permitir la operación de UBER, entre ellas está el pago del 1,5% por cada viaje al gobierno de la capital, el cual es destinado al Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. También se exigen permisos anuales para los conductores y se establecen reglas sobre las condiciones de los automóviles.
¿Por qué no se legaliza y se regula este servicio, a pesar de que el mismo UBER ha insistido en que se haga? En junio del año pasado se cayó en el Congreso el proyecto para legalizarlo en el país. Es comprensible, se podría suponer en el temor de la clase política colombiana frente al enorme poder electoral que representa el gremio de los taxistas.
O todos en la cama o todos en el suelo. Las reglas deben ser para todos, incluido UBER, por supuesto, para que opere con tranquilidad y seguridad, tanto para sus conductores como para sus pasajeros, dentro del marco legal colombiano. Y por el lado de los taxistas, ellos deben ser conscientes de que puede haber más operadores que ofrezcan el mismo servicio de transportar pasajeros. Que ese no puede ser un servicio exclusivo de un gremio.
Los taxistas alegan continuamente que hay competencia desleal y que se sienten en desventaja frente a UBER. Ellos tienen razón frente al marco legal y las reglas de operación, pero lo cierto es que ellos también se han encargado de ensanchar esa desventaja al no tomar en cuenta las constantes críticas que los usuarios les plantean por prácticas como el “por allá no voy”, taxímetros alterados o bajar (y hasta agredir) pasajeros.
El carro quemado la semana pasada por un grupo da taxistas de Bogotá porque creyeron que prestaba servicio para UBER.
El resultado ante la ausencia de medidas y la incapacidad que han demostrado las autoridades (representadas por los ministerios de Transporte y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Mintic) es que son los mismos taxistas quienes se han encargado de regular el funcionamiento de UBER “a su manera”, a través de las vías de hecho.