Estoy totalmente de acuerdo con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Cristina Plazas Michelsen, quien esta semana, según registraron varios medios, insistió en que los abusadores sexuales de menores de edad deben pagar su delito con cadena perpetua.
Sé que una cárcel no es el lugar indicado para ningún ser humano y que la vida y los tratos en las prisiones son lamentables, pero las sociedades no han encontrado otra fórmula para que quienes cometen delitos atroces puedan reintegrarse a la vida de los demás sin causarles más daño. De hecho, se ha investigado y escrito mucho sobre aquellas personas que por su condición psiquiátrica no tienen clara la noción del bien o del mal o no son capaces de sentir empatía y los estudios han concluido que en estos casos no hay nada que hacer, seguirán delinquiendo, jamás se van a regenerar. En dónde terminen estos delincuentes es un problema que todavía deben resolver los expertos para guiar a los dirigentes.
Pero lo que sí debemos buscar todos como sociedad es saldar la deuda de desprotección que tenemos con los menores de edad. Las cifras son aterradoras: en febrero de este año, la senadora Nohora Tovar presentó cifras de Medicina legal según las cuales en el primer trimestre de 2015 se recibieron cerca de 11.000 denuncias de abusos contra menores y el 83 por ciento de estos casos correspondieron a niñas entre 10 y 14 años. Y lo que es peor, el 42 por ciento de los casos de violencia sexual se cometieron en los propios hogares de los niños.
Hace menos de un mes, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que mil millones de niños sufrieron abusos físicos, sexuales y psicológicos en 2015, y que una de cada cinco niñas sufre abusos sexuales una vez en su vida.
Uno de los argumentos de quienes se han manifestado en contra de la cadena perpetua es que ya la legislación colombiana establece penas de hasta 60 años de prisión lo cual equivale a una cadena perpetua y que, además, como estos abusos sexuales los comenten muchas veces miembros de las familias de los niños o personas conocidas por ellos, las víctimas no van a denunciar si saben que el castigo será para toda la vida. Me parece un poco ingenuo creer que la no denuncia se debe a la extensión de la pena cuando el silencio de las víctimas está más relacionado con las amenazas, con el miedo, con la presión familiar, con esos secretos que no se hacen públicos porque avergüenzan y porque la situación suele ser muy confusa para el menor, porque lo más doloroso en estos casos es que se mezcla el imaginario de lo que debe ser un padre, un tío o un hermano, con lo que es en realidad como abusador.
Otro argumento en contra de la cadena perpetua es que los castigos deben ir acompañados de “medidas psiquiátricas”. Obviamente la sola legislación no cambia un país, es necesario cumplirla y educarnos a todos, pero pregunto: ¿Cuáles medidas psiquiátricas son las que evitan que quien abuse de un menor de edad no reincida? Estoy segura de que si esta fórmula existiera ya los países desarrollados la estarían aplicando.
El debate sobre establecer la cadena perpetua para abusadores de menores de edad en Colombia debería ser una prioridad de los congresistas del país, pero claramente no están interesados en ello y menos ahora cuando se puede avecinar una firma de la paz con miembros de las Farc que han abusado sexualmente de muchas niñas, como se confirmó también hace pocos días. Ya la ausente senadora Gilma Jiménez, quien le entregó su vida a la defensa de la infancia en nuestro país, logró dar la batalla en 2009 por un referendo al respecto que fue declarado inexequible por errores de procedimiento. En 2011 el debate volvió al Congreso y el proyecto se hundió. Ahora, la directora del Icbf quiere volver a dar la pelea.
Tal vez tengan razón quienes afirman que una pena de 60 años equivale a toda una vida, pero creo firmemente que las leyes les envían mensajes a los ciudadanos y establecer en Colombia la cadena perpetua para quienes abusan sexualmente de los menores de edad es devolverles a los niños un lugar en el país y es decirnos a todos que estamos dispuestos a evitar que sean víctimas y a castigar con todo a los victimarios cuando los haya. Creo que la cadena perpetua también es necesaria como un mensaje de que este es el peor crimen que alguien puede cometer. Como dice Cristina Plazas “los violadores son los peores criminales de la humanidad, el abuso sexual infantil es el delito más atroz, cruel e inhumano y sobre estos delincuentes debe caer todo el peso de la ley, más aún cuando se trata de una persona que debe velar por la protección de los derechos de nuestros niños”.
Creo que es una obligación como sociedad separar a los abusadores de sus víctimas, aislarlos por completo de aquellos a quienes les pueden arruinar su vida para siempre.