Empezó su carrera como jurista siendo asesor de la Comisión Quinta de Asuntos Sociales en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Apasionado del Derecho Constitucional, realizó un Doctorado en Derecho en la Universidad de Paris 2 Panthéon-Assas, volviéndose un experto constitucionalista especializado en el Pluralismo Jurídico y de los derechos de los Pueblos Indígenas en los sistemas de la Common Law y la Civil Law. Fue agente del Estado Colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica en el caso de la muerte de Germán Escué Zapata, un líder indígena Nasa en Jambaló. Ha realizado cuatro defensas penales de única instancia ante la Corte Suprema de Justicia y el pasado 25 de marzo se presentó ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como aspirante a la terna para Magistrado de la Corte Constitucional.
PREGUNTA.- ¿Qué retos debe enfrentar la Corte Constitucional en los próximos 8 años?
RESPUESTA.- La Corte Constitucional deberá aportar soluciones a desafíos como la seguridad jurídica, la sostenibilidad fiscal, los estándares de justicia internacional y el derecho a la participación de las poblaciones locales.
P.- Todavía hoy no pocos empresarios extranjeros y nacionales critican a Colombia la falta de seguridad jurídica. ¿Está de acuerdo con la crítica?
R.- Le amplío la pregunta: también los empleados, los pensionados, los indígenas y las madres cabeza de familia piden seguridad jurídica. Las cifras de la congestión judicial indican que los colombianos reclaman justicia y seguridad jurídica. La jurisprudencia constitucional ha dado respuesta a muchos reclamos jurídicos. Considero que ahora es necesario mantener esas líneas jurisprudenciales, hacerlas cumplir y ganar seguridad jurídica.
P.- Colombia tiene el desafío de armonizar estándares de justicia internacional con los estándares de justicia nacionales. ¿Cuáles son los puntos críticos de este trabajo? ¿Por dónde empezar?
R.- Empezaría por los derechos sociales ya establecidos internacionalmente hace más de una década, en el Protocolo de San Salvador de 1988, en la Declaración de Derechos Fundamentales de los Trabajadores, aprobados por la OIT en 1998 y en la Carta democrática de la OEA, de 2001. Colombia no se ha tomado en serio los estándares internacionales. Por ejemplo, hoy mismo podríamos establecer la portabilidad pensional en favor de los trabajadores migrantes que han cotizado para su pensión en diferentes países. Desde 2004 contamos en la Comunidad Andina con los instrumentos jurídicos internacionales para lograrlo. El ingreso a la OCDE nos exigirá ponernos a tono con los estándares internacionales de derechos sociales.
P.- Si se le apareciera el genio de Aladino y le concediera tres deseos para Colombia, ¿qué pediría?
R.- Es difícil pedir sólo tres deseos para Colombia. Le pediría que los Gobiernos y el Congreso cumplieran la Constitución. Así no hubieran sido necesarias las intervenciones de la Corte Constitucional para hacer reformar el sistema Upac, para atender a la población desplazada y para descongestionar las solicitudes de pensiones ante Colpensiones y la UGPP. Seríamos un país maravilloso. Le pediría otro asunto que puede parecer muy técnico, que el Ministerio de Hacienda fuera capaz de mantener la sostenibilidad fiscal respetando los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, por ejemplo, en materia de salud para que no fuera necesario interponer tantas tutelas rutinarias para reclamar medicamentos y diagnósticos.
P.- ¿Y el tercer deseo?
R.- También le pediría al genio de Aladino la erradicación del narcotráfico, que es la peor desgracia que ha podido acaecernos.