Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.
Encuentro en el Palacio de las Naciones de Ginebra para dialogar sobre cuestiones acuciantes de la empresa y los derechos humanos
La corrupción es una de las principales preocupaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Motivos no faltan ya que hay un consenso generalizado respecto a que, si no se afronta profunda y seriamente el problema de la corrupción, será muy difícil, por no decir imposible, alcanzar el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La ONU ha reconocido la conexión entre corrupción y derechos humanos (Resolución 35/25 de 2017): el impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Esta realidad debe llevar a los estados a protegerse contra cualquier tipo de acción y de actores -estatales o privados- que son causa de actos de corrupción, porque de manera directa o indirecta tienen un impacto negativo en los derechos.
En la lucha contra la corrupción, un primer paso es contar con mecanismos regulatorios, que es algo muy distinto a la existencia de una normal o ley. Cuando se habla de mecanismo se refiere a la presencia de dispositivos que articulen de modo eficiente la ley de tal modo que ésta realmente se haga cumplir, con un castigo, proporcional al daño realizado, a todos los actores involucrados. De hecho, la corrupción se dispara en los países donde no hay seguridad jurídica y también en aquellos donde no hay impunidad.
Un punto esencial de la lucha contra la corrupción, que deben liderar los estados y las empresas en una alianza estratégica, es responsabilizar a los actores. La responsabilidad se fundamenta en un principio fundamental: hay que responder, sin excepción, por los actos realizados. La ignorancia y la coerción pueden ser atenuantes a considerar pero nunca una excusa para la impunidad.
Entre los retos que tienen los estados, se destaca la importancia de recuperar los activos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, responsabilizar a los perpetradores de los actos de corrupción y, por último, reparar a la víctimas.
En el Palacio de las Naciones, la doctora Anita Ramasastry planteó el 6 de febrero de 2020 la siguiente cuestión: ¿existen soluciones específicas para la participación empresarial en actos corruptos que dañan los derechos humanos? ¿Hay soluciones para el problema de la contratación pública, para el soborno en adquisición de tierra a gran escala, por ejemplo? La presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos expuso estas problemáticas para recordar la importancia de impulsar el cambio y promover el respeto empresarial por los derechos humanos y además, mejorar las formas de acceso a la reparación por parte de las víctimas de abusos de los derechos humanos.
Al igual que Ramasastry, Dante Pesce, miembro de las Naciones Unidas para el Alto Comisionado de Derechos Humanos, subraya la responsabilidad de los estados por ayudar a las empresas para que alineen sus actividades para evitar la corrupción, especialmente en aquellos países donde hay una mayor exposición al riesgo. Pence destacó el esfuerzo de muchos países en la dirección adecuada, las redes de conocimiento entre naciones y los grupos de trabajo formados comprometidos con los derechos humanos. “Cada vez son más las empresas que abordan la agenda de derechos humanos de manera integral. Este es el camino”.
Pablo Álamo Hernández
CETYS Universidad – Cátedra Ética, Empresa y Sociedad
@pabloalamo(h)
