Por el tono de la discusión en Colombia, uno a veces se puede confundir y pensar que vive en una sociedad post-conflicto: el gobierno habla de liderazgo internacional, los economistas ya nos están trasteando del tercer al segundo mundo, y el incremento en el número de turistas a veces hace pensar a algunos que el conflicto está acabado o reducido a sus justas proporciones y que este, gracias a la trillada Seguridad Democrática, es ‘otro país’. Así las cosas, cuando a veces se cuela información sobre el país que no queremos ver, el asunto se convierte en un problema de imagen, de mala propaganda que nos quieren hacer en el exterior. Así se lidia con la disonancia cognitiva.
Afortunadamente y para que nadie se llame a engaños, la Corte Penal Internacional–CPI nos trajo esta semana de regreso a la realidad con su reporte sobre la situación en Colombia (Situation in Colombia-Interim Report) . Y si, seguimos siendo un país en conflicto, con todo lo que ello implica. El momento no podría ser mejor: a pesar de los vaivenes del optimismo nacional con respecto al proceso de paz, el informe sirve para que a nadie se le vaya a pasar por alto la naturaleza, magnitud y consecuencias de los crímenes que a diario se cometen en el contexto del conflicto. Entre líneas, uno casi podría decir que la Corte le está advirtiendo a los colombianos que habrá poca tolerancia con la impunidad y que el costo internacional de una eventual amnistía hacia individuos responsables de estos crímenes va a ser alto, impagable.
No se salva nadie: todas las partes en conflicto han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad por los que, tarde que temprano, afuera o adentro, van a tener que pagar. La lista es completa: asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratamiento cruel, captura de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual, reclutamiento de menores, etc.
En materia de responsabilidad estatal, el reporte cita el informe del año pasado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2011) en donde se señala que las Fuerzas Armadas colombianas han perpetrado más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, entre el 2002 y el 2008. Ello constituye, según la CPI, un caso de ataque sistemático (organizado y no producto del azar) y extendido (de gran escala y con un gran número de personas atacadas) en contra de la población civil y no, la sumatoria de casos aislados, espontáneos y desconectados, como en su momento intentó definirlo el gobierno. Por tanto, la Corte concluye que el estado colombiano ha cometido asesinato y desaparición forzada, ambos crímenes de lesa humanidad.
La peor parte, como siempre, le sigue tocando a las minorías: los indígenas, las poblaciones afro-descendientes y las mujeres continúan cargando con el bulto más pesado del conflicto. Los sindicalistas y activistas de derechos humanos siguen siendo el blanco preferido de todas las partes. Y mientras tanto aquí, en Bogotá, gobierno y elites siguen convencidos que el camino hacia la prosperidad es ya inevitable.
¿Qué sigue?
El debate sobre la jurisdicción de la CPI en el caso colombiano se zanja sin lugar a confusiones en el reporte: la CPI tiene jurisdicción sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad (asesinato, retención ilegal, tortura, violación y violencia sexual) desde el 1 de Noviembre de 2002, después de la ratificación colombiana del Estatuto de Roma el 5 de Agosto de 2002. Sin embargo, la CPI solo tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra (asesinato de población civil, tortura y tratamiento cruel, captura de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual y reclutamiento de menores) cometidos desde el 1 de Noviembre de 2009, gracias a los 7 años de prórroga en la aplicación por los que optó Colombia durante la administración Pastrana. Pero es necesario insistir: la jurisdicción por crímenes de lesa humanidad empieza en el 2002.
El reporte muestra claramente que desde Junio de 2004, cuando la Corte decidió tomar el caso colombiano para adelantar un seguimiento preliminar, la tarea se ha hecho juiciosamente. De aquí en adelante la CPI deberá continuar con un proceso de evaluación que le permita identificar en qué áreas hay procedimientos nacionales en curso, y si dichas investigaciones y juicios están viciados por algún tipo de inhabilidad o intención que no permita que la investigación y la asignación de responsabilidad se lleve a cabo genuinamente. En otras palabras, la impunidad, resultado de la negligencia o de la voluntad real de no castigar, será denunciada y puede eventualmente motivar una intervención de la Corte.
Lejos están los tiempos en que para que la CPI tomara la justicia en sus manos se necesitaba ser un país en ruinas. El mensaje es claro: no solo basta tener un poder judicial con edificios, secretarías y papeleo. Sí, como en el caso de Colombia, el poder judicial solo cumple con funciones de fachada, la CPI puede decidir unilateralmente actuar e impartir justicia. Gústele a quien le guste. En el sistema internacional de hoy, la prioridad no es el respeto a una noción trasnochada de soberanía que solo sirve para proteger la incompetencia institucional y los intereses miopes de las élites políticas. La prioridad, como debe ser, son las víctimas, los seres humanos de carne y hueso que han puesto su cuota de sufrimiento sin ser parte en esta guerra fratricida. En la mesa de diálogo entre gobierno y FARC, ambos podrán pretender que no existen. Pero, para fortuna de ellos y del proceso de reconciliación en este país, afuera, en el mundo, hay quienes trabajan por sus intereses.
En Twitter: @sandraborda