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La semana pasada, un memorando del Departamento de Justicia que provee justificación legal a la utilización de drones en la guerra contra el terrorismo se filtró a los medios de comunicación y activó un debate de importantes proporciones en Estados Unidos. 

El uso recurrente de los drones por parte del actual gobierno estadounidense ha generado polémica entre los defensores de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por varias razones. Para empezar, los ataques han dado de baja a ciudadanos estadounidenses, también han sido víctimas mujeres y niños indefensos y, finalmente pero no menos importante, la creación de una lista de personas afiliadas con células terroristas cuyo asesinato es directamente ordenado por el ejecutivo estadounidense y llevado a cabo con drones (kill-list como se le ha denominado), automáticamente les niega a estos individuos el derecho a rendirse y/o a un debido proceso. 

La utilización de los drones no es necesariamente un acto de legítima defensa contra un ataque inminente, instancia en la que el derecho internacional sí autoriza la utilización de la fuerza. Por esta razón, uno de los argumentos más insistentes del memorando es la necesidad de ampliar el concepto de inminencia para así poder incluir en la infame kill-list, a aquellos que eventualmente planean llevar a cabo un ataque terrorista contra Estados Unidos.

El asunto necesariamente trae a la memoria los memorandos de la administración Bush que buscaban ‘legalizar’ el uso de la tortura a pesar de que el derecho internacional humanitario lo prohíbe abierta y contundentemente.  Ambos, Obama y Bush, insisten en que la guerra contra el terrorismo no es una guerra tradicional y que los tiempos han cambiado. Por ello, sigue el argumento ahora bipartidista, es preciso también redefinir las normas que regulan el conflicto internacional. 

Esta no es, sin embargo, una posición en la que el gobierno esté solo.  La gran mayoría de estadounidenses apoya el uso de drones y ve a las víctimas inocentes como un daño colateral.  Es entendible que para la opinión pública del país del Norte sea mejor opción usar aviones no tripulados para asesinar que involucrar tropas en el conflicto.  Igual, las víctimas de los ataques por dron son prácticamente invisibles en Estados Unidos y ello alimenta la equivocada percepción de que el gobierno usa estos artefactos casi quirúrgicamente y sin cometer errores. 

Si a las violaciones al derecho internacional humanitario que implica el uso de drones se suma el fracaso flagrante en el intento por cerrar Guantánamo, la apertura de más centros de detención ilegales fuera de Estados Unidos y el aumento sustancial en el número de detenidos sin derecho a debido proceso, el balance que hasta ahora deja Obama en la guerra contra el terrorismo no es muy distinto -e inclusive puede ser peor- que el que dejó Bush. 

Con muy pocas perspectivas de una finalización pronta de la actual guerra, lo que podríamos estar presenciando es un intento por parte de Estados Unidos de transformar las reglas del juego a nivel internacional que le ponen límites al uso de la fuerza y que intentan humanizar los conflictos armados.  Una redefinición que solo despojaría a civiles y combatientes de los derechos y la protección que la humanidad tardó más de medio siglo en garantizarles.  

Twitter: @sandraborda

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