Dos sobrevuelos no autorizados de bombarderos supersónicos rusos Tupolev 160 han generado varias reacciones entre la opinión y los medios colombianos. Como es ya costumbre, la cosa va desde la caricatura de un Ortega hiper-empoderado que manipula a Putin en contra de Colombia, hasta el tratamiento banalizado del tema que lo convierte en un asunto insignificante de ‘avioncitos’ de tercera. Ninguna de las dos propuestas invitan a una reflexión seria y necesaria sobre este incidente. Aquí algunos elementos que podrían contribuir a la discusión:
1. La cooperación de carácter militar entre Rusia, Nicaragua y Venezuela no ha hecho otra cosa que consolidarse durante los últimos años. Esto, en el escenario de tensiones entre Nicaragua y Colombia por cuenta del fallo de la Corte Internacional de Justicia hace que dicha alianza afecte directamente los intereses colombianos. Ante la declaración colombiana de la “inaplicabilidad” del fallo de la Corte, Nicaragua se acomoda fácilmente a sobrevuelos ilegales de Rusia en el patio trasero de Estados Unidos y en el espacio aéreo de su aliado más incondicional. Los sobrevuelos sirven entonces para enviarle el mensaje a Colombia de que Nicaragua no está sola en su intención de hacer cumplir la decisión de la CIJ.
2. El objetivo inicial de no permitir un proceso de internacionalización del diferendo con Nicaragua no se está logrando. La entrada al escenario de una potencia extrarregional de la dimensión de Rusia lo demuestra. Así las cosas, es posible que el gobierno colombiano intente lograr al menos una declaración o un involucramiento suave del gobierno estadounidense. Sin embargo, no creo que la gestión sea exitosa y es posible que Washington decida que es mejor para sus intereses mantenerse al margen. El enfrentamiento con Rusia por el asunto Snowden ya dejó los vínculos bilaterales lo suficientemente deteriorados como para echarle más leña al fuego. Al final, Nicaragua queda en compañía de una potencia sólida y Colombia luce un tanto solitaria.
3. Nos quedamos sin autoridad moral para demandar respeto a las normas internacionales. El inicio del gobierno Uribe inauguró en Colombia el uso de las violaciones al derecho internacional como estrategia de política exterior. La tesis de la ‘inaplicabilidad’ del gobierno Santos solo continuo con esta tendencia. El proceso nos dejó sin argumentos frente a otros estados que estén dispuestos a convertirnos en víctimas de violaciones al derecho internacional. Si nosotros no cumplimos, no tenemos forma de exigir que otros lo hagan. La única herramienta de un país débil frente a un país poderoso—las normas internacionales—la botamos irresponsablemente por la ventana y para satisfacer necesidades electorales locales y de corto plazo.
4. Finalmente, el supuesto proceso de acercamiento a la región que se inició con la administración Santos no ha logrado reducir y/o eliminar los niveles de desconfianza hacia Colombia que predominan en el área. El paulatino y gradual retiro de Washington de su propia área de influencia y la no tan reciente llegada de potencias extra-regionales es un proceso que está poniendo a Colombia contra la pared y sin muchas posibilidades de hablar duro. El fracaso de las gestiones de Colombia ante Naciones Unidas que describí en un artículo de Razón Pública demuestra que la diplomacia colombiana no ha sido exitosa consiguiendo apoyos, mientras que Nicaragua parece estarse moviendo con más habilidad en el escenario internacional.
@sandraborda