Inaudito cómo se menoscaba el derecho con argucias y triquiñuelas propias de sagaces tinterillos y ansiosos oportunistas. O mejor, bebedores compulsivos o empedernidos drogadictos, quizá.

Escudados en el manoseado derecho al libre desarrollo y otras libertades fundidas en el crudo y despiadado libertinaje, un puñado de parroquianos en un afán funesto por sobresalir y/o con las pasiones en constante ebullición, demandaron el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de droga y licor en parques y espacios públicos.

Hinchados en un quijotezco orgullo, ‘jodieron’ sensiblemente a ese enorme segmento de la población que todavía exigimos categóricamente se respete la tranquilidad en nuestra cuadra, el descanso en nuestros hogares, la salud de los nuestros (empezando por la de los niños) y, la seguridad del entorno en general. Que el orden público se preserve íntegro, en otras palabras. Simplemente ello.

Caníbales de la decencia. Señores de la alcahuetería. Azuzadores del caos. Rémoras al servicio de las más innobles causas. «¡Al diablo las mayorías! enterrar para siempre el respeto y los principios» pareciera ser la consigna de estas iniciativas lesivas muchas veces conducidas por mercenarios de la academia, retorcidos de la politiquería y verdugos de la justicia. Y se han salido con la suya.

Demandada la supuesta inconstitucionalidad del artículo, hallaron eco en los pseudo magistrados, -dizque «jueces de jueces»- quienes accedieron a la oprobiosa pretensión, habilitando a partir de ahora, el que los espacios públicos vuelvan a ser las areneras de vicio y las charcas de licor en las que desgraciadamente se han ido transformando en la última década.

El  asqueroso vicio que contamina a nuestros menores, pudre el barrio, espanta a nuestros abuelos, desvaloriza nuestro patrimonio, destroza a nuestros adolescentes, enferma nuestra sociedad…

Y el licor desbordado que propicia escándalos, llama desgracias e infecta la paz en nuestro vecindario. Borrachos, perturbadores del orden…

Lo anterior y más, es lo que probablemente regresará con saña y mucha fuerza a nuestras manzanas, lugares de esparcimiento, senderos deportivos y parques infantiles, si la Policía y la autoridad local y nacional no reaccionan con la determinación debida. Temple, decencia y dignidad (aunque difícil, ojalá la tengan los gobernadores y alcaldes) es lo que se necesita para que esa funesta y penosa decisión de la Corte Constitucional no vea la luz y se funda regresando a lo más profundo de las sombras de dónde nunca debió haber salido.

Qué vergüenza de justicia. Qué oso.

Cuán repulsivo es el ejercicio avalado muchas veces por diversos medios y otros libertarios o libertinos sectores de la sociedad que disfrazado de garantista y defensor de las libertades individuales, pulveriza el derecho de la masa. De aquella masa de la población que lejos de querer restringir la libertad de otros exige respeto por aquellos mínimos de convivencia requeridos. Esos mínimos tópicos que cualquier sociedad que se defina como medianamente organizada y civilizada exige para subsistir.

Ese inminente riesgo de volver a ver nuestros preciados espacios públicos infestados del hedor a marihuana y el amargo licor, la mirada intimidante y perdida del drogadicto y la exasperante actitud de quien empieza a prenderse en alcohol, se lo debemos a quienes, jugando a ser héroes libertadores de yugos e inequidades, lograron que un vulnerable y denostado tribunal diera licencia a sus clandestinos y vituperados ánimos.

La lógica jurídica que desde la Corte resolvieron aplicar los magistrados (con un solo salvamento de voto, qué vergüenza) da grima.

No voy a hacer un análisis normativo profundo, ni a entrar en una estéril polémica jurisprudencial; simplemente consignaré en este espacio (por ahora) que se infiere (toda vez que la opinión pública aún no conoce el texto definitivo de la sentencia) que para la Corte Constitucional el derecho individual a beber y a drogarse (en el amplio espectro conductual dentro del libre desarrollo de la personalidad) en espacios públicos, está por encima del derecho que tienen aquellos que buscan preservar su patrimonio, velar por la salud y entretenimiento de sus hijos y ancianos, y poder disfrutar de una mediana armonía al interior de sus barrios. Argumentando el querer liberar al individuo de una odiosa política prohibicionista todo indica, la Corte busca «sembrar el caos».

Ignominioso.

No sé necesita saber de leyes para asquearse con decisiones de este calado.