Este blog fue publicado en Sin Miedos del Banco Interamericano de Desarrollo http://blogs.iadb.org/sinmiedos/

En medio de la actual avalancha de aplicaciones para dispositivos móviles sobresale un grupo que puede salvarle la vida, o prestarle gran ayuda en situaciones de emergencia.

Antes de seguir, piense por un momento:

¿En una situación de emergencia, ha pensado en llamar a la policía y no lo ha hecho por no tener disponible un número al cual marcar? ¿Al contactar a la policía, ha tenido dificultades en explicar su ubicación exacta? ¿Ha sido testigo de un delito y le hubiera gustado colaborar con las autoridades?

Varios países y ciudades de América Latina han comenzado a utilizar aplicaciones móviles para conectar a las autoridades de seguridad, incluyendo a la policía, con los ciudadanos. Dichas aplicaciones permiten a los usuarios pedir auxilio a la central de emergencia o al policía más cercano, reportar incidentes observados enviando fotos/videos e incluso enviar mensajes de auxilio a contactos.

Sin duda, el desarrollo de la tecnología ha cambiado la forma de interacción en sociedad y este cambio incluye las relaciones gobierno-ciudadano, que durante los últimos años han visto el paso del e-governement (gobierno electrónico) al m-government (gobierno móvil). El área de seguridad ciudadana ha comenzado a hacer uso de la tecnología móvil para prestar mejores servicios a los ciudadanos en la región. Esta parece ser una oportunidad clave de trabajo colaborativo del gobierno con la sociedad civil, la academia y el sector privado, quienes suelen ser los desarrolladores de la mayoría de estos proyectos.

Son varios los beneficios que brindan las aplicaciones móviles a gobiernos y ciudadanos. La OECD y el ITU mencionan, entre otros, la posibilidad para el gobierno de llegar a mayores grupos de ciudadanos, costo-efectividad en la prestación de los servicios, rapidez en el flujo de información y mayor participación ciudadana que lleva a mayor transparencia y rendición de cuentas.

Las aplicaciones pueden empoderar a los ciudadanos, mejorar su calidad de vida y permitir un mejor manejo de su tiempo. En particular, las aplicaciones de seguridad ciudadana son un instrumento útil en caso de emergencia, y al mismo tiempo permiten fácilmente reportar incidentes observados y contribuir así a la construcción de la seguridad.

El aporte de este tipo de aplicaciones al fortalecimiento de la información de crimen y violencia para la formulación de políticas puede tener un gran potencial en un área en donde, si bien la región ha avanzado, la información suele ser limitada, fragmentada y poco confiable. Las estadísticas disponibles provienen principalmente de los delitos denunciados, que equivalen sólo a una fracción de lo que realmente ocurre. Por las encuestas de victimización sabemos que la cifra negra de delitos no denunciados alcanzó a 58% en Estados Unidos (1994-2010), 62% en Chile (2013), y 92% en México (2013).

De manera que estas aplicaciones no sólo pueden estar cambiando la relación ciudadano-policía, sino que también pueden representar una forma innovadora de robustecer la información de crimen y violencia para la gestión de las políticas de seguridad ciudadana.

No obstante, es importante tener en cuenta que el éxito de estas aplicaciones depende en gran parte del uso responsable por parte de los ciudadanos para no generar falsos reportes o pistas erradas que desvíen investigaciones. Son varios los retos que enfrentan las autoridades con el uso de estas aplicaciones y que los expertos Kushchu y Kuscu comentaban hace algunos años.

No basta con implementar una tecnología si no se cuenta con una estrategia de gestión, arreglos institucionales y recursos para operar. Se debe proteger la privacidad de los datos personales del usuario y minimizar la vulnerabilidad de las redes inalámbricas frente a hackers.

Es importante procurar la “igualdad digital” en el acceso a internet, equipos móviles y a las aplicaciones. También es necesario definir los marcos legales que regulan los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades de los gobiernos en el uso de la información, así como compatibilizar los sistemas móviles con las plataformas de e-government existentes.

El surgimiento de estas aplicaciones confirma que los avances tecnológicos están permeando cada vez más las formas de interacción en sociedad y que la relación ciudadano-policía no escapa a ello. A pesar de los retos que enfrentan, estas aplicaciones tienen gran potencial para facilitar el auxilio en situaciones de emergencia, aportar al esclarecimiento de investigaciones criminales y mejorar los datos para la formulación de políticas.

Espere un próximo post con información y enlaces a algunas de estas aplicaciones.

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