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Este blog fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo
En mi post anterior planteaba esta cuestión: ¿deben los sistemas de justicia penal recopilar, analizar y difundir datos sobre raza o etnicidad? Los pros: sin datos, es imposible identificar sesgos raciales sistemáticos y hacerles frente. Los contras: podrían darse malos usos que reforzasen estereotipos y sirviesen para justificar la discriminación, además de mostrar sesgos del propio sistema que aumentasen la desconfianza del público o dañasen su reputación.
Hoy quiero mostrar ejemplos reales para ambas caras de la moneda.
El argumento de que los datos pueden aumentar la estigmatización fue puesto a prueba en Canadá y los resultados mostraron que la prohibición de recoger datos sobre raza o etnicidad no evita los estereotipos raciales y la discriminación. Por contrario, las representaciones racializadas de la delincuencia y las narraciones basadas en la raza difundidas en los medios de comunicación son mucho más eficaces en esta estigmatización.
En cuanto a los beneficios que puede ofrecer este tipo de datos en el marco de los sistemas de justicia penal, se pueden destacar los siguientes:
- Pueden documentar las diferencias raciales que existen en el miedo al delito y las actitudes hacia el sistema de justicia.
- Podrían mejorar la relación policía / grupo étnico al ofrecer transparencia.
- Tener datos es un requisito indispensable si se quiere evaluar el impacto de los programas de capacitación del cuerpo policial.
- Se pueden utilizar para hacer un seguimiento de la representación étnica o racial que se da en las profesiones vinculadas a la justicia penal (contratación y prácticas de promoción, por ejemplo).
El Proyecto de sentencias en los EE.UU. (The Sentencing Project) utiliza datos para identificar sesgos e influir en política. Algunos ejemplos de las áreas que aborda este proyecto son el perfil racial (al realizar la policía una detención o registro), las decisiones sobre la detención, el uso de la fuerza policial, la toma de decisiones previa al juicio, la negociación de penas, las tasas de condena, las sentencias, el tratamiento penitenciario, la disciplina carcelaria y las decisiones sobre libertad condicional.
En América Latina y Caribe también existen experiencias sobre el uso de datos sobre raza o etnia. En Colombia, por ejemplo, la comunidad indígena Nasa está discutiendo la realización de una encuesta culturalmente pertinente sobre violencia contra la mujer, dadas las importantes disparidades étnicas que existen en las denuncias que se realizan a la policía y el consiguiente registro de estas denuncias. En Cali, el Observatorio Social de la ciudad ha diseñado e introducido recientemente un nuevo protocolo para orientar a los médicos forenses sobre cómo clasificar racial y étnicamente a las muertes violentas, como por ejemplo a los feminicidios. Una vez aplicado plenamente, Cali será la primera ciudad colombiana en saber qué raza o grupos étnicos son más vulnerables a los feminicidios, y, con suerte, será la primera en utilizar este tipo de datos para diseñar políticas que les hagan frente.
Precisamente Cali fue sede de uno de los seminarios que el BID está organizando para promover el diálogo sobre cómo contar con mejores datos en seguridad ciudadana, y en particular sobre raza y etnicidad.
Hasta el momento, en los seminarios realizados en Trinidad y Tobago, Brasil y Colombia han participado responsables gubernamentales de Planificación, Policía, Justicia, Salud o Medicina Forense, así como académicos y líderes de la sociedad civil. Las conclusiones obtenidas, junto con evaluaciones detalladas de los sistemas existentes y sobre los procesos de recolección de datos de raza, darán lugar en 2016 a la primera publicación sobre este tema en la región.
América Latina y el Caribe tiene hoy 150 millones de afrodescendientes y 40 millones de indígenas. Es por tanto esencial que los gobiernos reconozcan la importancia y apoyen estrategias de búsqueda de datos de raza y origen étnico más fiables, no sólo en lo relativo a seguridad ciudadana, sino también en otros sectores como la salud o la educación.
Muchos países de la región cuentan ya con la capacidad humana y tecnológica necesarias para mejorar la recolección y análisis de datos. Y sin embargo, en muchos la raza sigue siendo un tema sensible que lastra la voluntad política y los incentivos para hacer cambios reales. ¿Existen riesgos? Sí. ¿Existen ventajas? Muchas, y es hora de explotarlas.
