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Este blog fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Sin MiedosPor Martín Rossi
Hace casi diez años el gobierno de Panamá emprendió un proyecto de reforma en beneficio de su población juvenil más vulnerable, conocido como el Programa de Seguridad Integral (PROSI). Contó con el apoyo del BID y buscó impulsar una de las estrategias de prevención de la violencia juvenil más ambiciosas en la región. Abarcó acciones que iban desde la prevención y la atención para jóvenes en riesgo — tanto escolarizados como no escolarizados – hasta la rehabilitación e inclusión económica y social para jóvenes que ya habían delinquido.
Panamá en 2006 aún no tenía los niveles de violencia de otros países de la región, pero se estaban registrando incrementos significativos en los índices de inseguridad. El año anterior la encuesta Latinobarómetro indicaba que un 87% consideraba que la delincuencia iba en aumento y más de uno de cada cuatro ciudadanos reportaba haber sido víctima de un delito. Los problemas de violencia en poblaciones escolares también habían crecido. Según datos oficiales, entre el 2000 y 2002 las riñas estudiantiles aumentaron a una tasa anual de 27%, el consumo de bebidas alcohólicas en 10,5% y, en menor proporción pero con implicaciones graves, había más fuga de las escuelas, consumo de droga, falta de respeto a la autoridad y más posesión de armas blancas y de fuego.
PROSI tuvo un diseño de diferentes estrategias para la prevención, atención y rehabilitación de los jóvenes, dependiendo de las características de la población a atender. Las iniciativas diseñadas por los propios funcionarios panameños incluían “Juntos por una Comunidad sin violencia” para jóvenes en riesgo, y en el caso de la población juvenil en conflicto con la Ley Penal, el programa de rehabilitación actualmente implementado en el Centro de Rehabilitación de Adolescentes Privados de Libertad, Pacora.
El programa de “Juntos por una Comunidad sin Violencia”, implementado por el Ministerio de Educación (MEDUCA) en coordinación con el Ministerio de Gobierno; Ministerio de Seguridad y con la Oficina de Seguridad Integral (OSEGI) tenía el objetivo de disminuir los incidentes violentos en el ámbito escolar, a través de actividades extracurriculares. Estaba dirigido a jóvenes vulnerables escolarizados de nivel pre-medio (12 a 15 años) y medio (16 a 18 años) en escuelas públicas. Incluía actividades para fortalecer actitudes y valores en los jóvenes para una convivencia pacífica en el medio estudiantil, mediante iniciativas recreativas, deportivas y culturales, y de formación personal, para canalizar positivamente el tiempo libre y la energía de los estudiantes.
La idea era formar líderes estudiantiles capaces de mediar conflictos, promover valores morales, cívicos y de fortalecimiento de autoestima. También participaron maestros y padres y madres de familia.
Para generar evidencia en la implementación de este tipo de programas de prevención social de la violencia, el BID llevó a cabo una evaluación rigurosade “Juntos por una Comunidad sin Violencia”, para conocer el impacto de la intervención.
El resultado no fue lo esperado.
La intervención buscaba bajar la violencia estudiantil, pero descubrimos que el principal resultado fue una disminución de la tasa de embarazos en la población de alumnas que cursaban el 8vo, el 11vo y el 12vo año. Y la baja no fue marginal. Las tasas de embarazo adolescente cayeron un 65%.
Bajar el número de embarazos adolescentes es tema que preocupa a investigadores, expertos como hacedores de políticas sociales alrededor del mundo. Muchos enfoques han sido propuestos. América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, con casi cuatro de cada diez mujeres quedando embarazadas antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la región son de madres adolescentes. Creemos importante difundir experiencias de este tipo, que a través de la evidencia demostrada permitan contribuir a prevenir esta situación.
Si bien hasta la fecha no se han encontrado impactos significativos del programa en la reducción de la tasa de violencia y en la tasa de alumnos repitentes, el impacto en la caída de los embarazos de niñas en edad escolar es lo suficientemente promisorio que el gobierno de Panamá siga apoyando su implementación. Y la Unión Europea, a través de una cooperación de 26 millones de Euros, decidió continuar apoyando las intervenciones del PROSI.
La lección es clara: las evaluaciones rigurosas no sólo demuestran lo que funciona y lo que no funciona. Pueden destapar sorpresas inesperadas.
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Martin Rossi es PH.D de la Universidad de Oxford, Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, y Profesor Titular de la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires.
