Este blog fue publicado por El Banco Interamericano de Desarrollo en ¿Y si hablamos de igualdad?
Por Margarita Cedeño*, Vicepresidenta de la República Dominicana.
Durante el siglo XX las mujeres logramos incorporanos masivamente al mundo laboral, insertándonos aceleradamente en los puestos de trabajo públicos y privados, ámbitos dominados por el sexo masculino. Aunque persiste una brecha salarial muy significativa, poco a poco la mujer ha podido lograr un estado de equidad relativa en el ámbito laboral.
Sin embargo, este fenómeno se ha desarrollado mucho más lentamente en el ámbito político.
A pesar de que la participación social y política de las mujeres es considerada una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización de la democracia, los porcentajes de inclusión de la mujer en los procesos sociales y políticos son mínimos, especialmente en Latinoamérica, donde persisten un sinnúmero de factores limitantes.
Pero para reconocer los obstáculos, primero hay que reconocer los avances. Hoy, cuatro presidentas gobiernan en la región y en los últimos años ha aumentado significativamente el número de legisladoras, juezas y alcaldesas. Sin embargo, estas últimas no superan el 26% en promedio, según las cifras del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
La situación actual de las mujeres en el ámbito de la política se caracteriza por tener una presencia y participación limitada en los cargos públicos de toma de decisiones fundamentales, lo que resulta en una subrepresentació de los temas sustanciales que les afectan e impactan.
En el caso de la República Dominicana, mi país no sólo figura en la lista de los que aún no han tenido Jefas de Estado o de Gobierno, sino que también tiene el tercer porcentaje más bajo de Ministras en el Gabinete, sólo superado por El Salvador y Uruguay, a la vez que mantiene un porcentaje de participación de la mujer en el poder legislativo por debajo de la media regional.
Tal como lo indican las autoras de Partidos políticos y paridad: un desafío de la democracia en América Latina, existe un conjunto de factores que limitan la participación de la mujer en la política, entre ellos de índole socioeconómica -implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación- y otros de índole institucional, ya que carecen de los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.
El caso de República Dominicana
En el caso de la República Dominicana, estas situaciones requieren del fortalecimiento de las medidas y disposiciones que contienen las piezas legislativas vigentes y las que actualmente se debaten en el Congreso Nacional, como la Ley de Partidos, para asegurar una mayor participación femenina en los torneos electorales.
De igual manera, es preciso propiciar plataformas de formación y capacitación enfocadas hacia las mujeres, apoyar a las posibles candidatas en la creación de sus programas y propuestas y legislar para propiciar un mayor acceso al financiamiento, como ha pasado en Brasil, Colombia oCosta Rica.
Es vital adoptar un enfoque integral para aumentar la participación de la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Es necesario redoblar los esfuerzos para apoyar la participación política de la mujer mediante el fomento de sus capacidades y el desarrollo de estructuras especializadas en la igualdad de género.
Sueño con un país en el que ser hombre o ser mujer no sea restrictivo para participar en cualquier espacio de toma de decisiones públicas. Un país en el cual la paridad de género en el proceso electoral es un reflejo de la sociedad y de la democracia que tanto nos enorgullece.
Para ello, las futuras candidatas deben trazar claramente sus metas, ser perseverantes en la búsqueda y proclamación de sus ideales, poner pasión y empeño en los proyectos que desean incentivar, capacitarse para desempeñar una excelente labor y dedicar todos sus esfuerzos en beneficio de la nación.
Apoyar la participación de la mujer en la política es propiciar una nueva política, más honesta y dirigida a la gente. Es poder lograr un país incluyente, con justicia social y desarrollo sostenible.
