Este blog fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrolllo en Volvamos a la Fuente

Gobernanza: oportunidades y desafíos para el sector de agua y saneamiento bajo la Agenda 2030

*Por Jacopo Gamba, Water Integrity Network (WIN)

Últimamente las mesas técnicas y los seminarios internacionales sobre el nuevo desdibujado horizonte en el cual operarán los Objetivos de Desarrollo del Milenio han empezado a enfatizar la importancia de la contraloría social, sin peros y sin distinciones.

Sin incomodar a los teóricos del contrato social, y sin tener que regresar a Jean-Jeaques Rousseau para entender cuál es el rol que se espera juegue el ciudadano frente a las reglas de la sociedad, hoy en día es también cierto que no se puede hablar de lo que los ciudadanos pueden exigir si no se acota cual interacción es beneficiosa y cual, por el contrario, puede llevar a una gran pérdida de tiempo y frustración. Esto es aún más cierto en aquellos sectores en donde los servicios públicos tratan o gestionan bienes que por definición no son infinitos. El agua es quizás lo más relevante y fundamental de estos ejemplos.

Es notorio que la participación ciudadana apunta a que los individuos –ciudadanos con derechos y obligaciones- tomen parte en los asuntos públicos en todas aquellas decisiones que afectan su esfera de seres humanos y ciudadanos.

Desde una perspectiva meramente pública, la rendición de cuentas que aquí se sobrentiende no consiste en un acto voluntario de gobernantes, funcionarios y/o empresas con responsabilidades en la gestión de recursos y servicios públicos. Representa más bien una obligación que estos actores tienen tanto de informar y justificar sus acciones, sus comportamientos y sus resultados en la gestión y uso de recursos públicos, como de aceptar los castigos y recompensas correspondientes a su desempeño público. Se trata de una relación caracterizada por derechos y obligaciones que atañe a múltiples actores estatales y sociales[1].

El tema de la participación activa en el manejo de los recursos hídricos no es un tema nuevo, lo que va cambiando son las formas y calidad de la interacción. En otras palabras, a medida que se establezcan más instrumentos o herramientas para facilitar dicha participación, habría que aclarar cómo se espera que el ciudadano se mueva.

¿Cómo se espera que colaboren los ciudadanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC en esta complicada tarea?

Un estudio reciente de Controla tu Gobierno en México señala la dificultad de poner en marcha un involucramiento activo de la población que no se limite a exigir el acceso a la información. Al revisar los informes de auditoría del Programa de tratamiento de aguas residuales, la Organización no gubernamental (ONG) mexicana destacó que a pesar de su lenguaje técnico, parecían documentos suficientemente comprensibles. Su contenido muestra claramente cuál es el propósito del programa que se audita, cuál es la ruta que se sigue para su ejecución y dónde están los puntos clave en los que se detectan fallas, omisiones o se contraviene la normatividad. Lo positivo de ese análisis fue que la lista de inconsistencias halladas por la Auditoría Superior de la Federación puede ser una auténtica guía para que, en el siguiente ciclo presupuestario, las organizaciones ciudadanas sepan cuándo y qué es lo que deben monitorear, y de este modo emprender acciones preventivas y mucho más asertivas en la vigilancia de la acción gubernamental. La pregunta de un millón de dólares es: ¿será esto suficiente para motivar la participación y el control ciudadano en un asunto tan relevante como, por ejemplo, el manejo del agua?

Para responder a esta pregunta es preciso hacer un paso atrás, examinando qué suelen hacer las OSC que trabajan en temas de gobernanza y participación activa. Cómo señalado en el último Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de CIVICUS, el último año ha sido marcado por movilizaciones de protestas en muchos países y alrededor de muchos temas prioritarios. Sin embargo, existen preocupaciones que son comunes a las distintas protestas: la corrupción, la represión, los gobiernos que no rinden cuentas, y el poder económico de élite que perpetúa la desigualdad económica. En algunos casos, como en Guatemala, las protestas condujeron a cambios políticos de alto nivel, a pesar de que se demostró que los déficits que ocasionaron las protestas están profundamente arraigados, lo que sugiere que los principales retos se configuran en las relaciones entre los estados y los ciudadanos, y que la sociedad civil debe abordarlos.
La lucha contra la corrupción como objetivo global ha finalmente encontrado una nueva casa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente promulgados. El objetivo 16, que se centra explícitamente en la reducción de los niveles de corrupción, se justifica en el hecho de que la corrupción, el soborno, el robo y la evasión de impuestos representan un gasto para los países en desarrollo de alrededor de US $ 1.26 billones por año. El objetivo 6, además de promover la gestión integrada de los recursos hídricos, apunta a fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Como nunca antes se están dando pasos en la dirección acertada de identificar los puntos de contacto entre la necesidad de una mejor gobernanza y una gestión más transparente del agua. En junio de 2015, el Consejo Ministerial de la OCDE ratificó una serie de principios sobre gobernanza del agua que podrían aplicarse a combatir la corrupción y mejorar el desempeño, con el apoyo de organizaciones de los sectores público, privado y sin fines de lucro.

En otras palabras, hoy en día se están tomando muchas medidas para asegurar una mejor gobernanza del agua, pero aún no se han afinado mecanismos que aseguran que en estos procesos los ciudadanos participen de manera informada y constante. Las OSC tienen que tener en cuenta que si hay más herramientas para fomentar dicha transparencia, al mismo tiempo se tienen que favorecer más capacidades, liderazgos y una cultura del control ciudadano sobre los gastos y las decisiones que afectan el agua.

*Jacopo Gamba es coordinador regional para América Latina, además de encargado de monitoreo, evaluación y conocimiento en WIN. 

La segunda parte de la discusión la publicaremos la próxima semana.

Más información: El panorama global sobre integridad en agua

[1] Concepto elaborado más en detalle en “Incidencia de la rendición de cuentas en la gobernanza y gestión del agua. Un análisis de cuatro casos de estudio en América Latina” PNUD 2013