Por: Juan Pablo Vélez Peña
Director del Programa Pereira Cómo Vamos
@PeiComoVamos
En los sistemas democráticos a nivel mundial, la participación ciudadana suele concebirse como un elemento inseparable del Estado de derecho, con el cual los ciudadanos reconocen que no son únicamente individuos titulares de derechos, sino también de deberes.
En Colombia, la Constitución Política de 1991, en el artículo 270, faculta a los ciudadanos para que intervengan activamente en las decisiones públicas. Este tipo de participación ciudadana también puede verse como un control social que ejercen los ciudadanos a la gestión del Estado. No obstante, la participación trasciende el ámbito del control social, para convertirse en una forma de reconocimiento del papel ciudadano en el devenir de la democracia participativa.
La construcción constante de comunidades, ciudades y países es una labor colectiva que le compete a todos los actores que allí habitan. No es una tarea que recae de forma exclusiva sobre el Estado o sobre una serie de actores o élites con poder económico. El ciudadano, figura con un importante significado y simbolismo dentro de un Estado moderno, tiene una serie de responsabilidades y obligaciones que debe cumplir.
En nuestro país, la participación ciudadana se limita, en muchos escenarios y territorios, a los mecanismos legales que establece la Constitución como lo son el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el derecho de petición, las veedurías, la rendición de cuentas, el cabildo abierto, entre otros. Sin embargo, la participación ciudadana es un concepto mucho más amplio que, en su significado más activo, presupone la movilización y la acción directa del ciudadano para resolver problemas de índole pública.
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana Comparada 2016, elaborada por la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos con resultados de los programas asociados, el 70% de los colombianos no se involucra ni realiza ningún tipo de acción para resolver problemas públicos, y el 56% no participa en ninguna organización, espacio o red.
Las organizaciones en las que más se involucran los ciudadanos colombianos son las juntas de acción comunal (18%), las organizaciones religiosas (11%), los grupos deportivos o de recreación (11%), y las asociaciones de padres de familia (10%). Y las acciones a las que se acude para resolver problemas son presentar quejas o pedir apoyo a las autoridades (15%), y, en menor medida, participar como voluntarios en organizaciones ciudadanas (3%).
Bogotá (57%), Santa Marta (53%) y Cartagena (50%) son las ciudades con los mayores niveles de participación en el país, y Barranquilla (28%), Pereira (37%) y Bucaramanga (38%) son las ciudades con los menores niveles de participación.
Por otro lado, en algunas ciudades ocurre un fenómeno particular: los niveles de orgullo y optimismo de los ciudadanos son altos, pero los niveles de participación se mantienen en niveles bajos.
Manizales, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Pereira, las cinco ciudades consideradas por sus habitantes como los mejores lugares para vivir en Colombia, resaltan por tener altos niveles de orgullo y optimismo por parte de sus habitantes, pero también sobresalen en los últimos lugares de la Red de Ciudades Cómo Vamos, con bajos niveles de participación ciudadana.
Este panorama se convierte en un reto y en una oportunidad para las ciudades colombianas. Es importante que se generen y promuevan iniciativas de empoderamiento ciudadano, que en el largo plazo traduzca los altos niveles de orgullo y optimismo, en participación y acción colectiva.
Un ejemplo nacional que se ha implementado en diferentes territorios del país es “Yo Creo en Colombia”. Esta organización, impulsada por el empresariado colombiano, parte de la premisa que “creer crea realidades”. En el caso de las ciudades con altos niveles de optimismo y orgullo, la tarea debe ser canalizar ese valor agregado en acciones multiplicadoras que transformen realidades.
Finalmente, esta tarea debe entenderse como una misión colectiva que involucre al Estado, las empresas, los gremios, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, y, sobre todo, a los colectivos ciudadanos que aterrizan y materializan la participación ciudadana. La construcción de país no puede pensarse sin la inclusión y trabajo colectivo de la ciudadanía, y el llamado a la acción, por medio del ejemplo e iniciativas incluyentes, debe convertirse en una prioridad de la agenda pública y privada de las ciudades colombianas. No dudemos en que es posible.