Es difícil saber cuántas personas en Colombia que ganan entre un millón 100 mil pesos y dos millones de salario al mes despertaron en el 2023 con la noticia de que no tienen derecho al incremento de su salario porque están por encima del mínimo legal.

En esta franja de ingresos están alrededor de 5 millones de personas, que recibieron el nuevo año con la esperanza de que la devaluación del 13 por ciento en sus ingresos que sufrieron en el último año se compensara con el aumento del salario que autorizó el Gobierno para el mínimo, que a finales de diciembre estaba en un millón de pesos y con el incremento autorizado subió en enero a un millón 160 mil pesos.

A muchas de las personas que ganan en promedio 1’100.000 o 1’200.000 pesos y a lo sumo 1’500.000, en el último año la inflación del 13 por ciento les redujo entre 143.000 y 195.000 pesos el poder adquisitivo de su salario. En la práctica, su salario real está por debajo del mínimo legal.

Pero sí, esa fue la noticia que recibieron de sus empleadores. ‘Usted no tiene derecho a aumento porque gana más del mínimo y no hay una ley que obligue a incrementar el salario que está por encima del mínimo legal’ fue la sentencia que les dieron.

Sentencia, porque lo más indignante fue la encrucijada en que pusieron a quienes se atrevieron a protestar: ‘usted decide si le sirve’. Es decir, si no le gusta, renuncie. Y claro, por cada puesto de trabajo, hay decenas de personas esperando una oportunidad de engancharse y la gente prefiere resignarse a quedarse cesante.

Y perder el empleo es fácil porque hoy está generalizado el sistema de contrato por un año, renovable si la empresa así lo quiere. Y cada vez que llega enero, la persona trabajadora reza para seguir en los planes de su empleador.

Así que tuvieron que agachar la cabeza. Y eso que el artículo 53 de la Constitución Nacional de Colombia establece que la remuneración debe ser móvil, es decir, con la garantía de que se actualiza al valor real del peso que, en casos como el actual en Colombia, se devalúo 13 por ciento debido a la inflación. Eso quiere decir que quienes ganaban entre un poco más de un millón y dos millones de pesos, tuvieron una devaluación entre 130 mil y 260 mil pesos.

Y mientras las personas con este rango de salario se enteraron de que no iban a tener ni siquiera el aumento de la inflación, el pasaje del servicio público sí subió. Para una persona que solo utilice dos transportes al día, ida y vuelta al trabajo en Bogotá, sin contar otras necesidades de movilidad, el gasto mensual se acerca a los 200 mil pesos, es decir, mucho más de lo que se devalúo su salario. Cada pasaje en TransMilenio le cuesta 2.950 pesos.

Pero hay que ser realistas: la mayoría de las personas en Bogotá utilizan en promedio cuatro transportes al día, es decir que el gasto mensual puede subir a 400 mil pesos, sin contar, claro, que cuando empiezan los hijos a estudiar, muchas veces hay que darles el valor para el transporte porque el colegio está lejos del hogar.

Así que, ni si quiera se puede hablar de que a estas personas les congelaron el salario al no cobijarlas con el aumento, porque eso solo aplicaría en una economía sin devaluación, impensable en países como Colombia. El salario empieza a perder poder adquisitivo desde el mismo momento en que comienza el año. Solo el mínimo logra recuperarse un poco de la devaluación. ¿Y los demás?

La realidad, entonces, es que a toda persona que recibe salario por encima del mínimo legal, así sean unos pocos pesos más, no les aumentan el salario que sí se devalúa a lo largo del año, pero esta franja es la más vulnerable.

Aquí no hay gobierno, leyes ni instituciones que defiendan a los trabajadores. ¿Con una sindicalista como actual ministra del Trabajo se podría esperar algún cambio?