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Colombianos,
Reproduzco aquí el comunicado de la Academia Nacional de Medicina en el cual se rechazan tajantemente los decretos-ley expedidos por el Gobierno de Colombia con motivo de la emergencia social y les comparto también la columna de Daniel Coronell en la revista Semana, que trata el tema de cómo los intermediarios de la salud en Colombia se han enriquecido mientras el sistema de salud se ahoga:
Columna Daniel Coronell:
http://www.semana.com/noticias-opinion/donde-esta-bolita/134332.aspx
Comunicado de la Academia Nacional de Medicina:
Enero 29 de 2010
COMUNICADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
La Academia Nacional de Medicina de Colombia expresa su profunda preocupación con motivo de los decretos-ley que han sido expedidos en el marco de la Emergencia Social decretada por el Gobierno y cree que, en conjunto, tales decretos representan un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática.
La Academia Nacional de Medicina se ha pronunciado en diversas ocasiones y ha manifestado su protesta por lo que representa una ominosa y creciente desprofesionalización de la medicina, que se encuentra atrapada en un sistema de aseguramiento que es de carácter eminentemente comercial. Los actuales decretos de la Emergencia Social ahondan tan grave situación porque cercenan la autonomía médica en la toma de decisiones clínicas.
La medicina es al mismo tiempo ciencia y profesión. Como ciencia, es una actividad intelectual orientada hacia la creación, transmisión y sistematización del conocimiento biomédico; como profesión, su compromiso primordial es servir a la sociedad mediante la aplicación eficiente del conocimiento especializado en el marco de su propósito moral, su imperativo ético y una rigurosa autorregulación.
De ahí se infiere que la medicina es un cometido intensamente moral presente en la sociedad como una comunidad con propósito de servicio, en la cual la ética y el profesionalismo, principios esenciales y eternos, constituyen el fundamento de su actividad. El profesionalismo no es sólo la base del contrato social de la medicina, sino, principalmente, una fuerza estructuralmente estabilizadora y moralmente protectora de la sociedad. El profesionalismo, traducido en la idoneidad del médico, es la única garantía de calidad de la atención. Las predominantes consideraciones económicas lo vienen erosionando desde hace años, porque el imperativo ha sido reemplazado por un mandato burocrático-administrativo de los entes intermediarios que afecta la esencia misma del acto médico.
No deben confundirse las transgresiones a la buena práctica médica que son objeto de análisis por parte de los comités de control de calidad de la atención, ni las infracciones a la deontología o a la ética por parte de una minoría de médicos que deben ser sancionados -como se viene haciendo desde 1981- por los Tribunales de Ética Médica. En efecto el apartarse de las guías, por más idóneamente elaboradas que parezcan, por razones del buen juicio clínico, no puede ser motivo de sanciones pecuniarias.
En los dieciséis años de la Ley 100, la posición dominante de los intermediarios aseguradores limitando la buena práctica médica mediante tiempos de consulta reducidos a un mínimo, estableciendo restricciones para ordenar exámenes de laboratorio o imaginológicos o para interconsultas y las precarias remuneraciones, afectan directamente la excelencia del acto médico, como lo ha expresado la Academia en sus diversas publicaciones y documentos.
Analistas competentes reconocen que los cuantiosos recursos girados al SGSSS son suficientes para una cobertura equitativa que dé pleno cumplimiento a la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional.
La intermediación requiere un estudio objetivo y cuidadoso para comprobar la cuantía del costo administrativo y la forma como se han invertido los dineros de la salud en destinaciones ajenas a las que establece la Ley 100. La integración vertical es un mal de fondo y es poco o nada lo que se ha hecho para controlarla.
La expedición de los decretos-ley que pretenden corregir los errores que la Academia previamente había advertido que ocasionaron la supuesta crisis financiera de las entidades intermediarias significa la abolición del componente más importante del profesionalismo: la autonomía intelectual en la toma de decisiones respecto a las situaciones de incertidumbre biológica que entraña la práctica médica. Frente a ellas, las guías o estándares no pueden ser camisas de fuerza que obliguen al médico a pasar por encima del juicio racional para determinar qué es lo mejor para el paciente. Y las sanciones que establece el decreto 131 representan una afrenta que la profesión médica no puede aceptar.
Es preocupante que, más allá de la atención primaria, la atención de mayor complejidad se califique como prestación excepcional. Ello significa abolir el propósito primordial del aseguramiento, que es precisamente atender los cuadros clínicos de mayor complejidad. Desde el punto de vista social, es inconcebible que se decrete que los costos de las prestaciones calificadas como excepcionales en salud, los afiliados deban cubrirlos con préstamos bancarios o, lo que es peor, con sus cesantías.
La Academia Nacional de Medicina, en su condición legal de órgano asesor del Gobierno Nacional, registra la expedición de tales decretos como un atropello más a una profesión digna y verdaderamente sacrificada desde la expedición de la Ley 100, la rechaza con vehemencia y exhorta a los organismos competentes a derogar las aberrantes disposiciones.
Gustavo Malagón Londoño, MD
Presidente
El decreto 074 de 2010, esta quebrando el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) por que, le esta tajando de facto el 20% del dinero que por ley ingresa para su sostenimiento cada vez que se compra una póliza del SOAT, evidenciándose, que, simplemente le esta entregando el 20% de esa MINA DE ORO a las compañías aseguradoras para que ellas mismas se conviertan en administradoras del dinero que por ley debían retener y entregárselo al FOSYGA, y que hablando en cifras, seria una suma aproximada a $1.200.000.000.000 pesos anuales. En síntesis los faculta para que Retengan el dinero de sus propias pólizas y lo administren a través del FONSAT.
Cabe recordar que el FOSYGA, además de contribuir con el pago de las indemnizaciones de los accidentes de transito cuando se presenta con vehículos fantasma, póliza falsa, salud y demás, también cubre los eventos catastróficos y terroristas, y si se le quita de tajo ese dineral, muy seguramente a futuro veremos que el Gobierno Nacional estará proponiendo una nueva reforma tributaria para recaudar dinero y pasarlo al FOSYGA.
Al confrontar el decreto 074 de 2010 con el decreto 4975 de 2009, encontramos una incongruencia del ejecutivo al expedirlos, toda vez que, motivo este ultimo, indicando que el FOSYGA cubre el recobro que las EPS y demás prestadores de salud, presentan por el valor de medicamentos y servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, y como que los ingresos del Sistema (FOSYGA) resultan insuficientes para la atención de la demanda de servicios y medicamentos incluidos y no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, en ultimas va a colapsar y a quebrar a todas las EPS e instituciones prestadoras de salud.
Pregunto: ¿Como es posible que el propio Gobierno Nacional en un decreto reconozca que el FOSYGA va a colapsar por falta de capital, y en otro decreto, autorice que se le retire el 20% de la totalidad del dinero que ingresa por concepto de la prima que se paga cada vez que adquirimos una póliza del SOAT, únicamente para pasarle esa mina de oro a los particulares encargados de expedir dichas pólizas, y de retener el porcentaje señalado para pasárselo al FOSYGA?. Si el FOSYGA esta mal de dinero, no se salva quitándole un porcentaje del mismo, por el contrario se salva inyectándole dinero, administrándolo mejor, y consecuentemente se salva el sistema de salud.
Por ultimo, se advierte que en el decreto 074, están facultando a las compañías de seguros para que pongan toda clase de trabas tendientes a rechazar el pago de un accidente de transito, y para que no cancelen intereses como estaba estipulado cuando se demoraban mas de 30 días en cubrir el siniestro. Filosofía contraria a la ley que reglamento el SOAT, al ordenar que este seria un pago automático con la demostración del accidente y el cumplimiento de unos requisitos definidos en la misma, y que no admitiría ninguna clase de oposición. Dicho decreto refleja que lo único que hizo el Gobierno Nacional, fue cederle a los particulares los activos de la Nación para que los administren. (NEOLIBERALISMO CONCENTRADO)
ATTE.
JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS
Abogado especialista en Transito, accidente y seguridad vial.
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Al fin el pueblo esta despertando frente a las acciones de este gobierno indolente, que pretende convertir el derecho fundamental a la salud y la seguridad social en un negocio muy rentable para los mercaderes de la salud.
Para ilustrar y comparar el desastre social que se nos avecina, traigo a colación una situación que me sucedió hace unos años, cuando caminaba con mis zapatos de gamuza por la Carrera Séptima de Bogota, un embolador me abordo y se ofreció a tinturármelos por tres mil pesos, a lo cual accedí. Cuando el señor termino de tinturar el zapato izquierdo, me dijo; “tres mil pesos vale cada zapato”, discutimos, le exigí que fuera serio por que ya habíamos negociado el precio, que yo no era tan caído de la mata para mandar a tinturar un solo zapato, este me respondió displicentemente, que si no le pagaba el dinero que me exigía, no terminaba el trabajo, al verme con un zapato oscuro y el otro claro, no me quedo otro camino que acceder al chantaje que me hacia este señor…., y cuando termino el tinturado, solo le pague los tres mil pesos que habíamos negociado, entonces llamo a un amigo y entre ambos me iban a pegar, por su puesto yo no me deje pegar, por lo que dejo a su imaginación lo que sucedió después.
De permitir que pasen estos decretos impopulares, veremos en un futuro muy cercano, que las EPS y demás mercaderes de la salud, en el evento que se presente una emergencia de salud, se aprovechen de la misma, inventen cualquier leguleyada para omitir prestar la atención en salud, y nos constriñan exigiéndonos que para facilitar el servicio debemos firmarles un pagare en blanco, cheques en blanco o que firmemos una autorización para apropiarse de las cesantías o las cotizaciones que tenemos en el régimen de pensiones para dejarnos en la ruina, y no quiero ni imaginarme, que en medio de una operación, los médicos despierten al paciente para preguntarle donde esta firmada la autorización para apropiarse de las cesantías y demás, y gritarle, que si no firma inmediatamente no continuaran con la misma, o que esta se complique por que encontraron mas daños internos, salgan y constriñan a los familiares indicándoles que el precio no es el inicialmente acordado, y que ante ello deben hipotecar sus propiedades so pena de no continuar con la operación o limitarse a operar al cliente e digo al paciente respecto de lo inicialmente contratado, por que las complicaciones no forman parte del contrato etc.
Los Decretos de la emergencia social, marcan el pensamiento del ejecutivo, quien pese a ser abogado, siempre ha creído que estamos en un estado de derecho, pasando por alto la Norma de Normas (CONSTITUCION NACIONAL), que en su majestuosidad supralegal ordena en su articulo primero, que Colombia es un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, en donde el fundamento del Estado es la dignidad humana, la solidaridad, el interés general, busca el bien común, por que el estado esta sujeto a la constitución y la ley, y la promulgación de los decretos de la infamia, demuestran que el ejecutivo esta poniendo la Carta Magna en el baño de palacio, para utilizarla como papel higiénico.
Y mientras el pueblo es despojado del derecho fundamental a la seguridad social por las decretos que tienen un gran matiz de inconstitucionalidad, quien genero el descalabro, por no reconocer su aberrante error, y quien se gala de increpar a los cuatro vientos que el pueblo voto por el para hacer lo que hace, se la pasa gritando a su Ministro de desprotección social achacándole la responsabilidad de la gran embarrada para que la enfrente y la arregle a punta de actos administrativos. Situación que me hace rememorar el dicho popular y muy sabio que dice “El agua picha no hay que buscarla en la toma, sino en el nacedero”.
De aceptar los decretos de emergencia social que propone el Gobierno Nacional, nos vamos a convertir en un país que arroja a sus propios ciudadanos como basura en la calle, por que no tienen dinero para pagar el servicio medico.
Para que se hagan una idea de la debacle que nos espera, los invito a ver el documental Sicko de Michael Moore en la dirección que seguidamente enuncio, en la que nos muestra la cruda realidad de lo que va a suceder en nuestra patria boba, si prospera el despelote presidencial.
http://www.youtube.com/watch?v=THdHkfd7r7Q
Atentamente.
JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS.
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Cuando la política en salud responde a intereses económicos y no a los sociales, cuando la salud es una mercancia que se consume y no un derecho de los ciudadanos, cuando las estrategías para la cobertura en salud son autoritarias, elaboradas por ignorantes de la realidad social, es cuando nos vamos acercando cada vez más a la sumisión de la medicina ante los gobiernos: sucedió con las masacres y la experimentación humana y de tantospueblos realizada por la medicina bajo los poderíos nazis, japoneses y norteamericanos de épocas no tan lejanas….y quién sabe….sino actuales.
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Natalia respeto tu punto de vista y de hecho tengo algunos desacuerdos con algunos argumentos en los decretos, bueno generalmente en el de la salud, pero ya se hicieron unas enmendas con la academia nacional de medicina donde se especifican algunos puntos de vista, solo creo que seria bueno actualizar esta noticia, ya que me parece justo y argumentativo del mundo su noticia, bueno que tenga buen día
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