Cada vez que se habla de corrupción, se piensa sólo en el sector público. ¡Gran error! Esgrimir que la corrupción tiene un origen político, es igual a indicar que debido a la mayor prevalencia de algunos tipos de cáncer, esta enfermedad tiene género.

Es cierto que el abuso del poder en el Estado, es especialmente indignante. El hecho de que la sociedad contrate a los funcionarios, directa o indirectamente, confiando en su probidad, y el que estos tengan a su cargo recursos orientados al beneficio común, son razones suficientes para señalar con furia a los que traicionan el mandato colectivo.

Sin embargo, los desmanes del poder se presentan también en la órbita empresarial. Es por esto que la ley 1474 de 2011 contempla como delitos la corrupción privada y la administración desleal. Otra cosa es que los niveles de denuncia sean bajos. ¡Pero de que hay corrupción privada, la hay!

Entregar parte del salario al empleador para conservar un puesto; realizar pagos o entregar beneficios a los encargados de la contratación para lograr cerrar un negocio o acceder a un descuento… Sé que el lector ampliará sin mucha dificultad este listado, y no precisamente por un ejercicio suelto de creatividad.

¡Cuántos casos existentes e impunes de corrupción privada por desconocimiento de recursos legales, la desconfianza en la justicia o el afán de protección de la reputación corporativa!

Las 8 medidas anunciadas por el presidente Santos esta semana para combatir la corrupción, deben leerse en este contexto. Los proyectos de ley encaminados a fortalecer la administración pública y el cuerpo normativo, no deben quedar circunscritos a acorralar a los que esquilman las arcas del Estado. Estos deben permitir prevenir y castigar todo tipo de abuso de poder orientado al beneficio particular.

El propósito debe ser claro: ¡arrancar las prácticas corruptas de raíz! como se hace con el cáncer, sin discriminar sectores, sin tolerar niveles, sin excluir responsables.

Si atacamos la enfermedad a medias, ésta repuntará tarde o temprano.

No se trata de que se robe poquito o mucho. Se trata de que el robo de los recursos por abuso de una posición de poder, es una forma ruin de supervivencia ejercida por zánganos económicos, que debilita a los que sí tienen la capacidad de generar riqueza. Por esto, de no ser exterminada, la corrupción terminará ahogándonos a todos.

En este sentido, de las 8 medidas anticipadas por el presidente, la de la educación cívica es fundamental, porque va al núcleo del problema: la formación ética. Esta medida, sin embargo, no debe quedarse en la implementación de programas tradicionales en colegios y universidades, con asignaturas sueltas con el enfoque antiguo de impartir conocimiento, pues así no se desarrollan competencias.

La educación cívica que se requiere para combatir la corrupción, debe ser revolucionaria, en el sentido de estar dirigida a un cambio de conductas, lo cual implica un ejercicio altamente inclusivo, que trascienda edades y espacios, con un enfoque experiencial e interactivo, en donde se cambien los hábitos a través de actividades frecuentes, emotivas, con vocación de largo plazo.

Es en este punto, en donde el presupuesto debe ser generoso y el diseño debe ser impecable. Se trata de impactar en la médula social y lograr transformaciones de fondo.

¿Suena utópico? Tal vez un proyecto de este tipo no sea convencional ni fácil de realizar, pero de ello depende la ruptura de inercias y la construcción de modelos sociales más sostenibles. ¡Vale la pena intentarlo!

Epílogo: Se ha dicho muchas veces que en la educación está la fuente del cambio social. Es el momento de que este axioma sea llevado a la práctica. Los países asiáticos son claro referente: los que se atreven a innovar en procesos formativos, materializan milagros.